Nadie sabe por qué razón ‑que no sea gastar millones de pesos en la contratación de "expertos" en derecho constitucional‑ el gobierno publicó un encarte en los periódicos y reprodujo millares de ejemplares que terminaron en los zafacones de la gente de clase media y en las letrinas de los pobres para darles un uso más provechoso.
Nadie sabe por qué el gobierno hizo publicar tantas preguntas en torno a la Constitución sin ofrecer las respuestas, que no sea entretener imbéciles.
Nadie sabe por qué el gobierno reprodujo el texto constitucional del 2002, pero con los nombres de los que modificaron la Constitución en 1994. Hay quienes afirman que no se trató de un error, sino de algo calculado para provocar discusiones adicionales.
Cualquier profesor de derecho pudo formular esas preguntas. Cualquier estudiante de los jurisconsultos designados por el presidente de la República en la Comisión Ejecutiva para el Proceso de Reforma Constitucional pudo hacer preguntas más acabadas y juiciosas.
El documento es un caramelo para endulzar a los tontos. Una trampa para los partidos de la oposición y para intelectuales y pseudointelectuales a los que les gusta el protagonismo de los medios de comunicación.
El interés del gobierno es meter al país en la discusión interminable, sin ton ni son. Quiere una discusión de nunca acabar, como el Diálogo Nacional de la primera gestión del presidente Fernández que el extinto líder del PRD José Francisco Peña Gómez denunció como una maniobra política. Y así fue. El Diálogo Nacional sirvió para poner de mojiganga a todos los que se prestaron al juego. Se gastaron ‑nadie lo sabe con exactitud‑ millones de pesos en esa pendejada que bien pudieron ser invertidos en medicinas. Al final, nada. Decenas de organizaciones presentaron sus propuestas y las sometieron a intensos debates. Todo aquel esfuerzo fue luego ignorado, lo que puede considerarse como una falta de respeto y una burla a los que participaron en el aquel circo. El Diálogo Nacional fue una estafa.
Ahora el presidente Fernández y su grupo vuelven con lo mismo, con otra burla, para lo cual trajo "expertos" españoles con nuevos espejitos, lo que en el fondo muestra un desprecio por los intelectuales criollos. Pone a su servicio a todas las bocinas y a determinados abogados e intelectuales, algunos de pacotilla, a universidades y a dirigentes políticos miopes y ‑¿por qué no?‑ a algunos tránsfugas.
Utilizando toda la parafernalia del poder, el gobierno quiere hacernos creer que es de vida o muerte la reforma a la Constitución. Una Constitución que ha sido violada por todos los presidentes desde 1844, que fue definida por Joaquín Balaguer como "un pedazo de papel", y como tal la trató.
El problema de este país no es la Constitución, que debe ser actualizada, pero no es del todo mala. Este país tiene muchas leyes y códigos buenos y nadie los hace cumplir. Ni siquiera el presidente de la República cumple o respeta la Constitución que quiere cambiar. La viola todos los días.
Cuando no tenía más que un senador y estaba en la oposición, Fernández hablaba de una modificación constitucional a través de una Constituyente. Así lo hizo consignar incluso en su programa de gobierno. Ahora que tiene muchos senadores y muchos diputados y muchas bocinas y muchos cuartos, habla de una consulta popular. Y trae dos españoles para que juren y perjuren que lo mejor es una consulta popular. Lo mismo hizo cuando tenía muchos síndicos, pero no estaba en el gobierno.
Para entonces, hablaba de aumentarles el presupuesto hasta un 6 por ciento. Cuando llegó al gobierno, ya había perdido los ayuntamientos que pasaron a manos del PRD. Se negaba a darles un 4 por ciento. El 10 por ciento del presupuesto nacional que tienen los ayuntamientos hoy fue otorgado por el presidente Hipólito Mejía mediante ley.
Ya es costumbre que el presidente Fernández diga una cosa y haga otra. Sus palabras se cumplen o no dependiendo de las circunstancias, de sus intereses que siempre coloca por encima de los intereses del país. La Fundación Global está primero que la República Dominicana.
El problema del país, repito, no es la Constitución, es la institucionalidad, es el respeto a las leyes que el presidente juró cumplir y hacer cumplir, es no asociarse a los acusados de la quiebra fraudulenta de tres bancos privados, es mantener una ética gubernamental que impida los negocios personales de sus ministros, como el de Turismo que admite, con singular arrogancia su participación como empresario del área del cual es jefe, como si no estuviera violando el articulo 102 de la Constitución. El problema no es la Constitución…
