Diversas organizaciones pusieron en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el día 23 de octubre, las dificultades que sufren las mujeres y niñas víctimas de violencia en República Dominicana para acceder a la justicia. En el marco del 126° período de sesiones de la CIDH que está teniendo lugar en la sede la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C. las organizaciones Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF), Pro familia, Centro de Estudios de Género de INTEC, Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL), Centro de Servicios Legales para las Mujeres (CENSEL), el Núcleo de apoyo a la Mujer de Santiago Aquelarre y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la Comisión que realice una visita a la República Dominicana para que constate la situación de violencia y la desigualdad en la atención sufridas por este sector de la población.
Las organizaciones informaron que el anteproyecto de Ley que crea el Nuevo Código Penal de República Dominicana significa un retroceso al comparársele con la actual ley de violencia doméstica. El concepto de violencia que plantea la propuesta es un paso atrás y contraviene lo establecido en la Convención de Belém de Pará. Otra de las reformas exime de responsabilidad al adulto que “contraiga matrimonio con la menor de edad que ha embarazado”. Es por ello que los peticionarios solicitaron al Estado que retire esta propuesta del Congreso.
En otro sentido los peticionarios solicitaron que se le sugiera al estado dominicano implementar un programa sostenido de atención a la violencia de género y que este se extienda a todos los distritos judiciales. Es importante que el Estado desarrolle un sistema que permita medir estadísticamente la violencia que sufren las mujeres en el país.
Asimismo se planteó la necesidad de establecer mecanismos que garanticen el acceso a la justicia de las victimas estableciendo servicios de defensa legal gratuitos. El gobierno dominicano tiene la responsabilidad de garantizar y proteger la vida y la integridad de las mujeres, de las y los familiares de las víctimas, de las y los defensores que trabajan por prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. De esta forma el Estado honra sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Entre las peticiones fundamentales que se formularon a la comisión se encuentran las siguientes: establecer medidas expeditas para prestar atención a victimas de violencia, implementar un mecanismo de seguimiento estadístico y monitoreo a los feminicidios en República Dominicana, así como ofertar servicios de atención a la violencia intrafamiliar y de género a las mujeres de todo el país. Además se solicitó al Estado que su nueva propuesta de Código Penal se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos.
