El fiscal del Distrito Nacional pide que sean investigados los jueces que han dictado sentencias con las cuales no está de acuerdo.
Los jueces bien pueden pedir que sea investigado el fiscal y todos sus ayudantes por actuar contrario a la ley, por fabricar expedientes políticos, sin base legal.
Los jueces no actúan en función de los dictámenes o deseos del Ministerio Público. Los magistrados tienen que ceñirse a la ley. Nada más que a la ley.
El Ministerio Público sirve al Ejecutivo que no es un juez, sino un dirigente político.
El presidente Leonel Fernández no dejó dudas sobre su condición de jefe del Ministerio Público cuando suspendió una cita del ex presidente Hipólito Mejía para que acudiera ante el despacho del fiscal.
Un Ministerio Público cuyo jefe es el Presidente de la República que a su vez es el presidente del partido de gobierno, no puede tener autoridad moral ni independencia para juzgar la conducta de los demás. Mucho menos de un juez.
El juez no tiene un jefe. Actúa por mandato de la ley.
El Procurador General de la República y todos sus dependientes, fiscales y ayudantes, tienen un jefe que es el presidente de la nación. No hay pues, independencia, apego estricto a la ley, lo que existe es subordinación política.
El fiscal del Distrito Nacional no puede pedir que se cancele a los jueces que han dictado sentencias en contra de sus intereses. El fiscal del Distrito Nacional no es un juez, es un político designado en el cargo para que actúe como tal, persiguiendo a los opositores del Partido Revolucionario Dominicano.
El fiscal del Distrito Nacional es un dirigente político, no un representante de la ley, ni de la justicia.
Por lo tanto, no es a los jueces a quienes hay que investigar y sancionar, es al fiscal, porque se aparta de sus funciones. No ha podido obrar con justeza en la quiebra fraudulenta de los bancos privados y en el asesinato del joven estudiante de medicina en la 27 de Febrero, por ejemplo.
Al fiscal le molesta el dictamen de los jueces que descargaron a los imputados en el caso de los vehículos robados que eran utilizados por agentes de la Policía, práctica vieja de todos los gobiernos. En la gestión que más vehículos robados usó la Policía fue durante el primer mandato de Fernández. Sin embargo, el expediente sólo abarcó la gestión de Jaime Marte Martínez, a quien el gobierno le hace la vida imposible, obligándolo a ir alrededor de 200 veces a los tribunales sin presentar pruebas para una acusación, menos para una condena.
El expediente que presentó el Ministerio Público es insostenible. Los jueces no podían, en buen derecho, condenar a los imputados. Habría sido un acto injusto. Habría sido negación de justicia. Y como dice una máxima judicial: "Es mejor un culpable absuelto que un inocente en prisión".
Lo mismo podría decirse del expediente del Plan Renove, donde el Ministerio Público fue selectivo al elaborar el expediente acusatorio. Incluyó a los opositores, pero dejó fuera a los simpatizantes del gobierno y del partido oficial. ¿Es eso justicia?
Pero ese mismo fiscal del Distrito Nacional sabe lo que pasó en el atentado del comentarista de la Z‑101 hace ya más de dos años, y no lo informa. Es complaciente en el caso Quirino, pues mientras a unos los interroga y los apresa, a otros y otras no los toca. ¿Es eso justicia imparcial e independiente?
En el caso de los Invernaderos, que tantos beneficios económicos están dando al país y a los productores, el Ministerio Público hizo más o menos lo mismo, acusando a dirigentes de la categoría política y moral de Eligio Jáquez, entre otros. La acusación es política.
Ese Ministerio Público, político, pusilánime, acusa de corrupto a un hombre de las condiciones profesionales y morales del ex administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, ingeniero César Sánchez, por venganza política.
El Ministerio Público ha intentado, sin éxito, desacreditar a los funcionarios del gobierno pasado, incluyendo al propio ex presidente Mejía, utilizando el chantaje y la extorsión, para lo cual han contado con el concurso de las bocinas de los medios, no sólo protección policial y militar, sino millones de pesos al mes para que difamen, que, al final, algo queda.
Mientras, se acusa y denigra a los opositores, elaborando expedientes políticos, como también ocurrió con el rockash, el Ministerio Público nada hace con los escándalos de corrupción del actual gobierno. Para el Ministerio Público no existe corrupción en los contratos grado a grado de Obras Públicas, la Policía Nacional, Bienes Nacionales, el Palacio Nacional con el Portal y la Isla Artificial, entre muchos otros.
Estamos ante un Ministerio Público, especialmente ante un Fiscal del Distrito Nacional, político, dirigido por los resortes del Poder Ejecutivo y por otros resortes más finos y poderosos. Entonces, no es a los jueces a quienes hay que investigar…
