El robo de cables es una modalidad delictiva que ha tenido un crecimiento vertiginoso y alarmante en nuestro país, causando millonarias pérdidas a las empresas perjudicadas, además, de afectar de modo sensible la prestación de servicios públicos esenciales como energía eléctrica y teléfono. Una de las razones hay que buscarlas en el incremento del precio del metal en el mercado internacional, objetivo final de las organizaciones criminales que destinan lo robado a la exportación.
En operativos realizados recientemente en esta capital y en el interior se recuperaron toneladas de cobre extraídos de cables robados.
Las empresas más perjudicadas son las distribuidoras de energía, EdeNorte, EdeSur y EdeEste, así como las prestadoras de servicios telefónicos, Verizon y Tricom.
En los mercados internacionales el cobre está en su máximo nivel de los últimos años, que alcanzó un valor récord de más de 3,300 dólares la tonelada. La oferta mundial es limitada y la demanda creciente, en particular de China, que se estima que consumirá el 22 por ciento del cobre mundial en 2006.
Para detener el saqueo de cables, tapas, placas y monumentos de cobre que comenzó el año último alentado por el alto precio del metal, es necesario que se prohiba la exportación de cobre y otros metales, los cuales no son de producción nacional.
De aquellos metales que se extraen en el país, se presume que el Gobierno, a través de la Dirección General de Aduanas y otras instituciones, tiene algún control y hay un registro para los exportadores.
Se ha publicado que semanalmente viene un barco, al parecer ante la indiferencia de las autoridades, para llevarse material producto del saqueo de estos metales.
Tal parece que esta actividad mercantil si no está regulada por los organismos correspondientes, por lo que hay que evitar el uso de la exportación por los inescrupulosos que pretenden blanquear la tenencia ilícita de cables de cobre, aluminio y otros metales.
Las autoridades no pueden alegar que desconocen la zona donde se comercializan, pues esta, ubicada en la parte alta de la Capital, es de conocimiento general.
Para las empresas de luz y teléfonos, esta actividad delictiva representa una seria amenaza y significativas pérdidas económicas ocasionadas por el perjuicio a los usuarios, el costo de reposición de los materiales y el tiempo de reinstalación.
Para quien roba los cables, los riesgos que corre son inmensos al manipular instalaciones peligrosas que lo exponen a situaciones difíciles.
Por ejemplo, el sistema de cableado de la Autopista Las Ameritas, en algunos tramos, ha sido desmantelado en varias ocasiones, igual que el de los puentes Duarte y Juan Bosch. Asimismo, sectores residenciales y barrios humildades se han quedado sin energía electrifica y teléfonos por esta práctica delictiva.
Es de esperar que a la iniciativa de la Policía, que recientemente se incautó de una considerable cantidad de metales, se sumen otras autoridades como de la Secretaria de Industria y Comercio y Aduanas, pues son ellas las que deben garantizar el control sobre esta actividad delictiva y desarticular a estas bandas que se lucran y operan en el comercio clandestino del cobre y otros metales.
