El presidente Leonel Fernández la llama rectificación tributaria; el vicepresidente Rafael Alburquerque, que al parecer confundió la señal, habló de complemento fiscal; y el profesor Juan Bosch, con esa capacidad que se atribuía para conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo, hablaría de más penurias para los hijos de Machepa. El problema de la nueva reforma impositiva no es de definición, sino de realidad. Y la realidad es, con todo y su dosis teatral, que se trata de más impuestos para el Gobierno afrontar sus cuantiosos gastos. Si no es así, cómo se explica entonces que en lugar de los siete mil millones de pesos que habría mutilado la mayoría saliente del Congreso a la última reforma impositiva, el Gobierno procure con su llamada rectificación tributaria recaudar unos 18 mil millones de pesos. Sólo con una economía de un 10 por ciento de sus gastos, y no del 20 por ciento que dispuso el presidente Fernández en el 2004, el Gobierno se evitaría incrementar el peso de la carga que soportan los más necesitados.
Pero la razón por la cual la mayoría saliente redujo a 25 mil millones de pesos el monto de la segunda reforma fiscal, aprobada a finales de 2005, fue porque se demostró que ésa era la cantidad que dejaría de percibir el Gobierno con la supresión de la comisión cambiaria y otros aranceles en virtud del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Los aranceles se estuvieron cobrando, sin embargo, hasta mediados de este año sin que se haya explicado el destino de los recursos ni el acuerdo comercial entrara en vigencia. Y más todavía: hay quienes han llegado al colmo de justificar los nuevos impuestos como necesarios para enfrentar los compromisos que se heredaron de la administración del agrónomo Hipólito Mejía.
Es verdad que el Gobierno de Mejía pudo haberse excedido al contratar préstamos por unos seis mil millones de pesos en sus cuatro años, aunque puedan justificarse los que se hicieron para acueductos como el de San Francisco de Macorís, el puente Juan Bosch y la autopista eléctrica de Santiago; no así el que se hizo para el Plan Renove. Pero deja mucho qué desear que en sus primeros dos años esta gestión se endeudara con siete mil millones de pesos, entre los que figuran aquellos 138 millones de dólares, con más de 40 de servicios y comisiones, para equipar la Policía.
Mejía pudo haberse excedido en la nómina pública, que dejó con unos 320 mil empleados, pero ahora, en lugar de desmontarla y suprimir escandalosas duplicidades de funciones, organismos inoperantes y sueldos ofensivos, se ha incrementado en unas 456 mil plazas.
Todavía sea ciento por ciento real el crecimiento del 11.3 por ciento que exhibe como símbolo de bonanza y eficiencia el Banco Central, no hay economía que pueda soportar la hemorragia de recursos sólo en pago de empleados, sin incluir otros gastos administrativos, subsidios y en obras como el Metro. Pero como si se tratara de un ejercicio académico, en lugar de llamar la reforma fiscal por su nombre se ha optado por subterfugios lingüísticos como para engatusar incautos. Con todo y la deficiencia que provoca la miseria, si se camina como un pato, grazna como un pato y canta como un pato, es una burla preguntar la respuesta.
