SANTO DOMINGO.-La Secretaría de Industria y Comercio aclaró este lunes que la complejidad del procedimiento exigido y de los requerimientos previos dispuestos por la propia legislación, han retrasado la entrada en vigor de la ley 358-05 de protección al consumidor. El organismo oficial responde así a los reclamos de diversos sectores, incluyendo el arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez.
Industria y Comercio informa que en la actualidad se dan los toques finales para la instalación de la estructura operativo-administrativa dispuesta en la ley y sobre lo que se ha avanzado satisfactoriamente.
La Dirección de Comunicaciones de la Secretaría de Industria y Comercio explica que “no se trata de que haya faltado voluntad para agilizar la aplicación de la ley, menos si se trata de un empeño muy especial del gobierno y de la secretaría de Industria y Comercio, se trata de que hay que cumplir las exigencias procedimentales que ella misma impone”.
“El Secretario de Estado de Industria y Comercio, en el ejercicio de sus funciones como Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), ha dado fiel cumplimiento a lo dispuesto por la Ley No.358-05, en su artículo 9, con el fin de dejar integrado el Consejo Directivo de dicho instituto, el cual conocerá sobre los casos para los cuales dicha legislación fue creada”, sostiene en una nota informativa.
Observa que “a fin de dar cumplimiento a lo señalado se procedió a enviar sendas comunicaciones a todos los miembros de las asociaciones y empresas productoras de mercancías, asociaciones y empresas suplidoras de servicio y organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, con la finalidad de que presentaran las ternas, y en consecuencia pudieran ser remitidas al Poder
Ejecutivo, donde serán seleccionados los representantes de cada uno de ellos, tal y como lo establece la ley”.
La Dirección de Comunicaciones sostiene que “en apoyo al envío de esas comunicaciones, se emitió en fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año en curso un aviso público, reconfirmando lo expresado en las cartas remitidas, fijando el día primero de Noviembre como la fecha limite para la presentación de las ternas requeridas”.
“Hasta la fecha se han recibido las ternas correspondientes a las asociaciones y empresas suplidoras de servicios y organizaciones de defensa de los derechos de consumidores, mientras aguardamos respuestas de los sectores que no se han acogido a los requerimientos”, explica.
Instó a las empresas productoras de mercancías para que procedan a presentar sus ternas en un nuevo plazo no mayor de cinco (5) días laborables, que correrá a partir de este martes 14 de noviembre, tras recordar que el garcía Fernández prometió que antes de que finalice el año la ley será puesta en vigencia.
“El hecho de que se promulgue una ley no quiere decir que inmediatamente esta pueda entrar en vigencia; en el caso particular de la 358, hay un procedimiento previo que debe ser cumplido y en eso nos hemos concentrado desde el primer momento”, sostiene.
El nuevo marco legal descentralizará y modernizará la actual Dirección de Control de Precios, que se ampara en la ley 13, y se erigirá en un instrumento de protección al consumidor que fuera consensuado entre el Gobierno y los diversos sectores empresariales, consumidores y distribuidores de servicios en general.
