Detalles de las elecciones que ganaron los demócratas en Estados Unidos surgen como valiosos referentes para examinar el ejercicio político en República Dominicana e incluso reflexionar sobre la revolución democrática en que ha insistido el presidente Leonel Fernández. Quizás por esa suerte de inmediatismo que bordea la subsistencia, estimulando la escoria del oportunismo, a nadie parece habérsele ocurrido, al margen de una coyuntura especial, tomar la palabra al gobernante para situar el ejercicio político en el marco de un modelo que se basa en la libertad, el respeto y la justicia. Ni siquiera como recordatorio.
Los republicanos estaban destinados a morder el polvo de la derrota a causa de la cruel política migratoria, que para colmo de males incluye la construcción del odioso muro en la frontera con México, así como por los efectos de la guerra en Irak y una buena gama de escándalos ocurridos en este tramo de la administración Bush. Las encuestas decían incluso que el voto hispano sería determinante. Pero el gobernante y su gabinete no se tiraron a las calles con los recursos del poder a sonsacar ni juramentar tránsfugas.
Con todo y la revolución democrática que ha proclamado el presidente Fernández, se habla de que para incidir en los resultados de las congresuales y municipales de mayo el Gobierno nombró sólo en los primeros cuatro meses de este año unos 60 mil nuevos empleados e incurrió en gastos tan cuantiosos que elevó el déficit fiscal en unos 11 mil millones de pesos. De ahí en parte la reforma tributaria que se propone el Gobierno.
No es ya la promesa incumplida de ahorrar un 20 por ciento del Presupuesto y suprimir múltiples puestos clientelistas, sino lo que significa utilizar el artículo 55 de la Constitución en una nación en que se sepultan principios y muchos, sin la etiqueta del clásico tránsfuga, llegan hasta la humillación por un cheque. Contrasta con fundamentos elementales de la democracia proclamar una revolución de ese sistema en medio de actuaciones que chocan con la moral social y política.
Es obvio que los nombramientos y los gastos están ligados a esa perniciosa práctica de la política criolla que es la compra de voluntades. Si desde el primer momento se hubiera tomado la palabra al Presidente, denunciándose las desviaciones, lo más probable es que hoy ni siquiera hubiera necesidad de la reforma tributaria que se propone el Gobierno para enfrentar sus gastos. Pero hubo silencio.
Y ahora, para fundamentar su oposición a una nueva reforma fiscal, el empresariado, cita que el gasto corriente del Gobierno aumentó a septiembre de este año en un 25 por ciento con relación al 2005; el gasto en sueldos, un 20; los servicios no personales, 83; en materiales y suministros, un 39. La publicidad de las instituciones y dependencias del Estado, más de un 130 por ciento; los viáticos, más de un 80, y los gastos de combustibles, más de un 100%
Los republicanos tenían que intuir que los resultados no los favorecerían, pero jamás se les ocurrió apartarse de las reglas de juego. Son detalles que marcan la diferencia, más bien de praxis que de modelos.
