SANTO DOMINGO.-Texto completo del discurso pronunciado este martes, 14 de noviembre, en la noche por el presidente Leonel Fernández en el que explicó los alcances de la reforma fiscal que enviará al Congreso Nacional
Pueblo dominicano:
Durante las últimas semanas la opinión pública nacional ha estado concentrada en torno a una propuesta de rectificación fiscal que el gobierno, oportunamente, sometería ante las cámaras legislativas.
En relación a dicha propuesta ha habido todo un cúmulo de especulaciones. Se ha dicho, por ejemplo, que el ITBIS sería aumentado de un 16 a un 18 por ciento, y que sería aplicable a casi todos los productos de primera necesidad.
Resulta, sin embargo, que eso no es cierto; pues desde el gobierno no se ha pensado, ni siquiera remotamente, en esa posibilidad.
De igual manera, se ha afirmado que había un plan para gravar con un 15 por ciento los intereses percibidos por las personas físicas; y ocurre que tampoco nadie en el gobierno había pensado sobre eso.
Se ha sostenido, también, que la rectificación fiscal que vamos a proponer contempla fijarle un impuesto a los retiros de dinero de los bancos y de los cajeros automáticos; y acontece que tampoco eso es verdad.
Por supuesto, las especulaciones y diatribas no terminan ahí, pues en adición a lo antes señalado, con el deliberado propósito de sembrar la confusión y el pánico en el pueblo, se indica que la leche, las medicinas y los insumos agrícolas serían gravados con el ITEBIS.
Y resulta que tampoco eso es verdad.
En fin, como pueden Uds. observar, lo que ha habido es mucho murmullo, mucha desinformación y mucha mala fe de parte de algunos sectores que han pretendido sacarle provecho a esta situación que normalmente produce inquietudes en la opinión pública nacional.
A los fines de comprender en todo su alcance la propuesta de rectificación fiscal que aspiramos someter, es imprescindible recordar que al retornar al gobierno en agosto del 2004 el déficit del Gobierno Central ascendía a 25 mil 880 millones de pesos, equivalente al 5.2% del producto interno bruto.
Por su parte, el déficit del Banco Central, que le llaman cuasifiscal, era de 22 mil 657 millones de pesos, es decir, un 4.5 por ciento del PIB.
Todo eso equivale a decir que cuando se sumaba el déficit del Gobierno Central con el del Banco Central, entonces el déficit consolidado del sector público se situaba en 48 mil 537 millones de pesos, o lo que es lo mismo, en un 9.2 por ciento del PIB.
Eso, por supuesto, era algo verdaderamente dramático, pues niveles semejantes de déficit nunca se habían registrado en la historia reciente de las finanzas públicas de la República Dominicana.
Pero, de igual manera, en el 2004 la deuda pública bruta era equivalente al 53% del PIB. De ese porcentaje, 6 mil 395 millones de dólares correspondían a la deuda externa y 142 mil 183 millones de pesos correspondían a la deuda doméstica, que incluía la deuda del Banco Central.
En ese momento el país se encontraba atrasado en el pago del servicio de la deuda bilateral, de la multilateral y la asumida con la banca privada internacional. El acceso al mercado internacional de capitales estaba, por consiguiente, prácticamente cerrado.
Reconociendo la necesidad de recuperar la disciplina fiscal, el nuevo gobierno, desde el período de transición, inició las negociaciones con el FMI con el propósito de diseñar un programa de ajuste que permitiera recuperar la confianza, solucionar los problemas de liquidez del sector público, incrementar los recursos fiscales del Gobierno Central y eliminar el alto déficit del sector público no financiero.
La estrategia en el plano de las finanzas del Gobierno Central se sustentó en atacar el problema adoptando conjuntamente medidas en las áreas del ingreso, del gasto y del financiamiento.
Por el lado de los ingresos, las nuevas autoridades cumplían con su promesa de eliminar el anticipo del 1.5 por ciento a los impuestos brutos de las empresas, en sustituir con tributos permanentes los tributos transitorios creados en julio del 2003, específicamente el 5% a las exportaciones y el 2% a las importaciones, y en aplicar estrictamente la Ley de Tributación de los Hidrocarburos por la vía de la indexación de los impuestos.
En principio, las autoridades electas sometieron a la aprobación del Congreso Nacional un proyecto de reforma fiscal que tenía como objetivo compensar por la pérdida de ingresos tributarios cerca del 2.5% del PIB, es decir, de alrededor de 20 mil millones de pesos.
En octubre del 2004 el Congreso Nacional, dominado por la oposición, aprobó una reforma tributaria con un potencial recaudatorio de 1.7% del PIB, lo que significa una reducción de 0.8%, o lo que es igual, 6 mil millones de pesos menos a la propuesta que se le había hecho al Congreso.
Ante la insuficiencia de la reforma aprobada para alcanzar la meta establecida en el Acuerdo con el FMI, el Gobierno Central, tratando de sobrevivir y de sobreponerse a las artimañas maliciosas de la oposición, mantuvo la vigencia de la comisión cambiaria, elevándola de 10% a 13%.
En el 2005 el gobierno cumplió de manera satisfactoria con las metas fiscales establecidas en el acuerdo con el FMI, y como consecuencia, los beneficios de aplicar esa política estabilizadora no se hicieron esperar.
En el 2005, la economía creció 9.3% y la inflación se redujo drásticamente a un solo dígito. El desempleo cayó del 19.7% en octubre del 2004 a 16.4 en marzo del 2006. El salario real promedio por hora aumentó en 17.5% con respecto al 2004. Recibimos inversiones extranjeras por un monto de 893 millones de dólares y la prima de riesgo del país en los mercados internacionales cayó de casi 1,700 puntos básicos en el 2004 a menos de 200 puntos básicos en la actualidad.
Eso último es lo que ha facilitado que importantes empresas privadas del país, tales como AES Dominicana, Autopista del Nordeste, EgeItabo y Cap Cana, hayan podido colocar de manera exitosa instrumentos financieros a bajo costo en los mercados internacionales de capitales; y eso lo que significa es que la estabilidad de la economía beneficia a todo el mundo, esto es, a empresarios, trabajadores, amas de casa y clase media.
Al inicio del 2006 el Gobierno recibió múltiples reconocimientos de la comunidad financiera internacional por el esfuerzo realizado en el control del gasto y la estabilización económica, mientras que importantes segmentos de la población dominicana expresaron su complacencia por la conducción de la economía por parte de las presentes autoridades.
Ahora bien, mientras aplicábamos un conjunto de medidas para superar la crisis económica y financiera heredada de la pasada administración, teníamos que prepararnos para enfrentar un nuevo desafío: el de la apertura comercial, representada por la entrada en vigencia del DR-CAFTA.
El DR-CAFTA, que traerá como beneficio el acceso permanente de nuestro país al mercado de los Estados Unidos en condiciones ventajosas, nos ha obligado a realizar la más profunda y compleja reforma tributaria jamás llevada a cabo en la historia de la República Dominicana.
En base a esa reforma, la naturaleza del sistema impositivo nacional ha cambiado de manera radical. En lugar de depender, fundamentalmente, de los ingresos de aduanas, como había sido la tradición, el Estado dominicano, actualmente, hace descansar su mayor fuente de recaudaciones en impuestos internos.
Una reforma de esa magnitud y de esa complejidad, como debe comprenderse, requería de responsabilidad, de delicadeza y de cautela. Y así actuamos cuando a mediados del 2005 iniciamos la discusión de una segunda reforma tributaria que permitiera, esta vez, compensar las pérdidas de ingresos por la eliminación de la comisión cambiaria, la eliminación de aranceles y la aplicación de medidas que favorecieran la competitividad del sector productivo nacional.
La reforma debía también aportar recursos para cumplir con la meta establecida en el Acuerdo Stand by de generar un superávit presupuestario en el 2006.
La propuesta de reforma sometida a la consideración del Congreso Nacional, que previamente había sido consensuada con el empresariado, procuraba compensar por la pérdida de ingresos tributarios cerca de 3.1% del PIB, equivalente a aproximadamente 31 mil millones de pesos.
Para favorecer la competitividad del sector productivo, la reforma propuesta contemplaba medidas que significaban transferencias efectivas a ese sector del orden de mas de 2 mil 500 millones de pesos.
En diciembre del 2005, el Congreso Nacional, repito nuevamente, controlado por la oposición, aprobó una reforma tributaria que proporcionaba ingresos por tan solo 21 mil 400 millones de pesos, o lo que es igual, 10 mil millones de pesos menos que lo que se le había sometido para su aprobación.
En momentos en que se llevaba a cabo la discusión de la nueva reforma tributaria, el director alterno del Hemisferio del Fondo Monetario Internacional, José Fajgenbaum, según una información publicada en el Listín Diario, en fecha 18 de noviembre del 2005, página 7, advertía que con una reducción de los impuestos establecidos en la reforma fiscal, el gobierno dominicano tendría menos recursos para la inversión pública.
Fajenbaum, de acuerdo con la noticia, enfatizó que “la reforma fiscal debe aprobarse con el monto establecido por el Poder Ejecutivo, es decir, de 31 mil millones de pesos, aunque explicó que el FMI demandaba un poco más de lo planteado por el Gobierno, debido a que se requiere de un margen, porque no se sabe con precisión cuál sería el comportamiento de los impuestos establecidos.”
Finalmente, de acuerdo a como continúa la reseña periodística, el funcionario del Fondo Monetario, al justificar el monto y objetar la reducción anunciada por los legisladores, dijo: “Si hay menos ingresos habrá la posibilidad de gastar menos.”
En el periódico Diario Libre, de la misma fecha, se afirma lo que sigue:
“La intención de los diputados de reducir 7 mil millones a las recaudaciones estimadas por el Gobierno en el proyecto de reforma fiscal, chocó ayer con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que opina todo lo contrario y propone que el monto sea mayor que el propuesto por el Poder Ejecutivo. José Fajgenbaum, director alterno del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, considera que el Gobierno debe tener un margen de recursos, pues nunca se sabe cómo será la recaudación con nuevas cargas impositivas.”
¿Por qué razón los legisladores de la oposición, que entonces controlaban el Congreso, decidieron mutilar la reforma sometida, no en 7 mil, como decían los periódicos, sino en 10 mil millones de pesos? ¿Por qué no le prestaron atención alguna a los alegatos del representante del FMI, quién incluso advertía de la insuficiencia de recursos solicitada por el Gobierno para compensar las pérdidas generadas por la eliminación de la comisión cambiaria y otros tributos arancelarios?
La razón es obvia. La oposición jugaba a hacer fracasar al Gobierno, para desde ahí intentar reciclarse, ganar las elecciones congresuales y municipales de mayo de este año y colocarse a un peldaño de convertirse nuevamente en los inquilinos del Palacio Nacional
Al observar ese panorama, lo único que uno puede decir es, ¡cuánta irresponsabilidad! ¡Cuánta insensatez! ¡Cuánta falta de sentimiento patriótico!.
Parece no ser suficiente haber llevado el país a la ruina durante el pasado período gubernamental. Ahora, en búsqueda de un afán particular de poder, había que hacer sucumbir la más compleja reforma tributaria en la historia nacional en aras de hacer añicos la reputación y la eficacia de un gobierno que se ha esmerado en reencauzar el desarrollo, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano.
Al procurar protegerse ante lo que se percibe como embates de una nueva reforma fiscal, algunos sectores del mundo empresarial han reaccionado solicitando una reducción del gasto por parte del gobierno, así como una disminución de impuestos, para supuestamente mantener la competitividad.
En lo que se refiere al gasto público, empecemos por decir que en junio del 2004, la nómina del Gobierno Central , excluyendo el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Junta Central Electoral, era de 317, 884 empleados. A septiembre del presente año del 2006, la referida nómina se situaba en 308, 424 empleados, es decir, 9, 460 menos que dos años atrás.
De igual forma, la nómina de las instituciones descentralizadas y autónomas pasó de 41 mil 235 empleados en el 2003 a 36 mil 887 empleados en septiembre del 2006, esto es, 4 mil 348 empleados menos.
El porcentaje de gasto total destinado a pago de personal en la República Dominicana está por debajo de la mayoría de los países de América Latina. Actualmente, es de un 22.3 por ciento. Eso es menos que Honduras, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Haití, Costa Rica, Bolivia, Perú, Nicaragua, México, Panamá, Guatemala y Chile.
Por otro lado, comparado también con los demás países de la región, el gasto corriente es bajo en la República Dominicana. Es más, lo que nos muestran los pagos de sueldos y salarios como porcentaje del PIB es que estamos pagando menos de lo que era normal en los años noventa y en los primeros años de este siglo.
Como proporción del PIB, el gasto en bienes y servicios se colocará, este año, en niveles cercanos a los experimentados en el 2005.
Por su parte, los gastos de capital, desafortunadamente, se han reducido drásticamente. Eso significa que el ajuste se ha venido haciendo a expensas de la inversión en infraestructura, lo cual es insostenible a mediano y largo plazo.
Si el gasto corriente, el gasto de capital y también el gasto social resultan insuficientes en la República Dominicana, ¿dónde es que realmente se está produciendo el mayor gasto en el país?
Fundamentalmente, en dos áreas. La primera, en el servicio de la deuda pública, la cual, por obra y gracia de la pasada gestión de gobierno, se ha incrementado de manera impactante, representando este año el doble de lo que se pagaba en los años noventa. La segunda, en las transferencias y subsidios al sector eléctrico y al gas licuado.
Pese a que en el año corriente, el monto presupuestado para el subsidio del GLP fue de 2 mil 636 millones de pesos, al concluir el año se espera que el Gobierno haya destinado a este concepto un monto cercano a los 5 mil 700 millones de pesos: casi 3 mil millones más que lo presupuestado.
Cabe señalar que este incremento se debe a tres razones: a que el Gobierno decidió posponer el desmonte del subsidio al GLP para favorecer a las amas casa, al crecimiento de los precios de ese combustible en el mercado internacional y a la práctica inequitativa del uso de GLP por parte del sector de transporte.
En el caso del sector eléctrico, se había proyectado para este año transferir a dicho sector 500 millones de dólares de subsidio. Sin embargo, el incremento de los precios del petróleo nos obligó a tener que dar cerca de 150 millones de dólares adicionales para mantener un servicio eléctrico que hasta ahora no ha logrado su sostenibilidad financiera debido al bajo índice de recuperación de efectivo.
A pesar de los ajustes en el gasto evidenciado tanto en el 2005 como en lo proyectado en el 2006, el Gobierno ha mantenido un compromiso de proteger el gasto social y recuperar los niveles perdidos durante la crisis de 2003.
Efectivamente, en el 2005 el gasto social se situó en 8.13% del PIB, superando el nivel máximo alcanzado en los últimos veinte años. A septiembre de este año, el gasto en educación, salud, asistencia social, agua y saneamiento, superaba en 1.16% del PIB al de igual periodo del 2005.
Estamos muy confiados en que podamos cumplir con el inicio del Plan Básico de Salud y ampliar el régimen subsidiado de la seguridad social hasta alcanzar la meta de 800 mil afiliados al final del 2007.
A pesar de las precariedades fiscales en que nos hemos manejado y en aras de fortalecer el Estado de Derecho, en lo que va del presente año la Dirección General de Impuestos Internos ha compensado unos 2 mil 400 millones de pesos a exportadores y productores de bienes exentos por concepto de ITBIs.
Además, a la fecha, la Dirección de Impuestos Internos ha reconocido compensaciones por un monto de 6 mil 500 millones de pesos en beneficio de diferentes contribuyentes por concepto de saldos a favor del impuesto sobre la renta. La mayor parte de estas compensaciones se originaron durante la crisis del 2004 y se están realizando de manera automática por parte de los beneficiarios, lo que representa un paso de avance sin precedentes en el fortalecimiento institucional de la administración tributaria del país.
El gobierno, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Gastos Públicos de este año, ha eliminado, desde el 30 de junio, el impuesto transitorio de 13 por ciento que había sustituido la desaparecida comisión cambiaria, y con ello, ha eliminado del pago de ese impuesto a unos 3,200 productos importados, entre los que figuran los medicamentos, las carnes, los pescados, las leches, arroz, cereales, quesos, huevos, legumbres, cacao, compotas, hortalizas, tubérculos, frutas y fruto comestibles, artículos plásticos, papel, cartón y productos editoriales y gráficos, artículos y aparatos de ortopedia, maquinarias, equipos, herramientas agrícolas e industriales, que representan un sacrificio, para el gobierno, de 2 mil 348 millones de pesos.
Durante nuestra primera gestión de gobierno, en el período 1996-2000, se eliminaron los aranceles a la importación de insumos, equipos y maquinarias de los sectores agrícola e industrial.
Como resultado de esas medidas, se aplicó la tasa cero al sector agropecuario, que para el período referido representó una disminución de ingresos para el gobierno de más de 925 millones de pesos; y se aplicó, de igual forma, la tasa cero al sector textil, el cual, para el gobierno, constituyó merma de ingresos por encima de 3 mil millones de pesos.
Finalmente, se eliminó el diferencial de petróleo que se aplicaba a las importaciones de gasoil regular y Premium, así como el fuel oil, para la generación de energía eléctrica.
Como puede apreciarse, si ha habido gobiernos que han sido capaces de eliminar impuestos y reducir impuestos, al tiempo que mantienen una política de estricto control al gasto público, esos han sido los dos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
Ahora de lo que se trata es de impulsar un proyecto de ley de rectificación fiscal, el cual procura corregir la malicia en que por razones políticas incurrió el pasado Congreso Nacional, al desatender las voces sensatas y prudentes del gobierno y del Fondo Monetario Internacional que advertían sobre la insuficiencia de la reforma que estaban aprobando para permitir el acceso del país al DR-CAFTA.
El objetivo central del proyecto de rectificación fiscal es el de mejorar la posición fiscal del gobierno, a los fines de garantizar la continuidad de la estabilidad y el crecimiento.
De conformidad con informes recientes del Banco Central, la economía dominicana, durante el período enero-septiembre de este año, ha registrado un crecimiento de 11.3 por ciento, el mayor de América Latina.
Pero más aún, durante los últimos cinco trimestres, nuestra economía ha crecido en forma consecutiva por encima de 10 por ciento, y la inflación, durante los últimos doce meses ha sido tan sólo de 7.76 por ciento, hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana.
Todo el esfuerzo del gobierno debe estar orientado al mantenimiento de esa situación de crecimiento y estabilidad, pues esa es la única vía históricamente conocida que sostenida en el tiempo nos permitirá superar la pobreza, el atraso y la desigualdad y conducirnos por un nuevo camino de prosperidad, progreso y modernidad.
Contrario a las voces agoreras que habían pronosticado los más graves cataclismos, la propuesta de rectificación fiscal, que procura evitar afectar a los más pobres, se concentra, esencialmente, en aprobar aquellas figuras impositivas que ya habían sido acordadas con los empresarios y demás sectores que participaron en el diálogo de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, dirigido por Monseñor Agripino Núñez Collado, a finales del año pasado.
Entre esas figuras se encuentran, en primer lugar, la de la ampliación del ITEBIS a unos muy pocos productos que habían sido excluidos de la reforma fiscal aprobada a finales del año pasado.
En segundo lugar, la corrección de los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas y el tabaco.
Tercero: el restablecimiento de los impuestos selectivos del 5 por ciento que hasta el año 2000 se aplicó al uso de las habitaciones de los hoteles, moteles, apartahoteles y similares, y el del 10 por ciento que se aplicaba a los servicios de seguros en general.
Cuarto: Mantener hasta finales del 2009 el impuesto de 0,015 por mil a los cheques y transferencias.
Quinto: El aumento de uno a dos por ciento a las viviendas suntuarias; y
Sexto: Mantener hasta el 2009 la tasa del 30 por ciento establecida al Impuesto sobre la Renta de las personas físicas y jurídicas, y a partir del 2010 desmontarla hasta alcanzar el 25 por ciento de la renta neta imponible.
El ajuste que se requiere para mantener el balance de las cuentas fiscales es de 3 por ciento del producto interno bruto, lo que representa un monto aproximado de 35 mil millones de pesos.
De esos 35 mil millones de pesos, la mitad, que constituye el 1.5 del PIB, o sea, 17 mil 500 millones de pesos, vendrán por vía de la rectificación fiscal, y la otra mitad, mediante la aplicación de una política de austeridad y ahorro por parte del gobierno.
Entre esas medidas que el gobierno aplicará en el próximo Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2007, se encuentran reducir, en forma drástica, las sumas ahora destinadas a las siguientes áreas:
A sueldos de personal temporero
A sobresueldos.
A honorarios.
A dietas y gastos de representación.
A servicios de telecomunicaciones.
A los viáticos internos y externos.
A transporte y almacenaje, que incluye pasajes y fletes.
A material y suministro, que incluye combustibles y lubricantes, material de limpieza y de oficina; y a las transferencias corrientes para las instituciones públicas y privadas.
En resumen, que el gobierno también se apretará el cinturón y controlará aún más sus gastos para que podamos cumplir, entre todos, con las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional y continuar, como hasta ahora, con el proceso de recuperación y consolidación de la estabilidad y el crecimiento.
Estoy consciente de la ansiedad que provoca hablar de reforma fiscal. De la angustia que suscita. De los temores que engendra. Y es que, a pesar de su crueldad, parece haber una cierta dosis de verdad en aquel adagio español que reza que más fácil olvida el hombre la muerte del padre que la pérdida del bolsillo.
El incremento de los niveles de tributación en cualquier sociedad constituye siempre una experiencia desagradable. Es como la medicina para el cuerpo enfermo. Nadie la desea, pero nadie puede prescindir de ella.
Asumimos nuestra responsabilidad con absoluta convicción. Lo que hacemos es lo correcto, y estoy seguro que algunos de los sectores que hoy, de manera comprensible expresan su disgusto, en un futuro próximo así también lo reconocerán.
Que Dios bendiga al pueblo dominicano.
Muchas Gracias.
Buenas Noches.
