Existe consenso sobre la necesidad de reformar la constitución de manera integral. La pregunta sería, está la sociedad dominicana dispuesta a enfrascarse en ese proceso de reforma. Los intentos fallidos de las consultas populares demuestran que no. A gran parte de la población dominicana lo que realmente le importa es que se modifique la precariedad de los servicios de energía, agua, educación, salud, entre otros. Es sensato pensar así, ya que este pueblo ha sido engañado varia veces con reformas a la medida del gobierno de turno.
Recuerdo el proyecto elaborado en el 2001, donde los partidos políticos y una amplia representación de la sociedad civil acordaron convocar una reforma revisora para instituir la asamblea constituyente como mecanismo para redactar una nueva constitución. Este documento establece que la asamblea constituyente estaría integrada por 155 miembros postulados por los partidos políticos, 5 de ellos en representación de los que no alcanzaren suficientes votos, y 31 por bloques de organizaciones sociales. Esfuerzo perdido, palabra incumplida, promesa pendiente.
Por otro lado, está el “Pacto para la Reforma Constitucional”, suscrito en el Palacio Nacional en Septiembre del 2001 por los 3 partidos mayoritarios, los cuales ratificaron el mecanismo de la constituyente por elección popular. Burlado ulteriormente por el Presidente Mejía para hacer una reforma fugaz en el 2002. Esfuerzo perdido, palabra incumplida, promesa pendiente.
El Partido de la Liberación Dominicana reniega sus explicaciones históricos de que una asamblea constituyente es una “genuina expresión de la democracia” al cambiar repentinamente sus argumentos contradicen el programa de gobierno de su partido. Además el Presidente Fernández, en su último discurso de campaña electoral se comprometió con una Asamblea Constituyente. Otro más que falto a su palabra. En otros países la mentira se condena tanto que los políticos tienen que pedir disculpas. Ver: Primer Ministro Húngaro pide disculpas por hablar mentiras.
Los argumentos en contra de la Asamblea Constituyente son: 1. La asamblea constituyente no esta prevista en la constitución actual, 2. La asamblea constituyente es apropiada para cambios dramáticos o profundos en el orden democrático, para crear algo nuevo, y ese no es nuestro caso porque estamos en la etapa de la consolidación de la democracia y no en la construcción, y por último, 3. La constituyente no garantiza la participación de las mayorías.
Es cierto que la constituyente no está prevista en la constitución actual, en cambio la consulta popular tampoco lo está, el procedimiento establecido es la asamblea revisora. Este mecanismo es muy sutil, conveniente sólo para el partido de gobierno. La historia nos lo ha demostrado, no se toman en cuenta las consultas ni los acuerdos previos, sino el interés del partido que posee la mayoría. La forma es tan importante como el fondo porque la forma puede determinar lo que al final se aprobara. Ver reforma del 2002.
Por otra parte, percibo que sí es nuestro caso hacer un cambio profundo en el orden democrático porque las reformas constitucionales anteriores solo han sido parches coyunturales. Es el mejor momento para realizar une verdadera revolución democrática, que implicaría crear algo nuevo. No entiendo la contradicción porque si no es nuestro caso realizar un cambio dramático, entonces no es una revolución democrática que se hará, sino una simple reforma.
Es cierto que la constituyente no garantiza cien por ciento la participación de las mayorías. De ninguna manera afirmo que la constituyente es el mecanismo perfecto, garantizador de un proceso democrático por completo. Lo que si afirmo es que una consulta popular con el actual esquema establecido, con un cuestionario muy técnico, garantiza menos aún la participación de la ciudadanía. Las preguntas de la consulta popular son cerradas y algunas veces inducen la respuesta. Si bien ofrecen la oportunidad de argumentar o plantear otro tema, sabemos (a juicio de cómo se ha llevado el proceso) que las respuestas de quienes participan en la consulta popular no será vinculantes jurídicamente, y mucho menos políticamente para los trabajos de la asamblea revisora. No sabemos siquiera si las respuestas serán tabuladas para determinar la preferencia de las mayorías. Se promete que si. ¿Usted cree en esa promesa?
Mientras más transparente sea el proceso de la reforma mayor legitimidad tendrá. Legalmente puede estar todo establecido, pero si los mecanismos no son claros, despertará incertidumbre y desconfianza. Agreguémosle a eso que el Partido Revolucionario Dominicano informó que no participará, que el Partido Reformista Social Cristiano anunció que no comparte la forma para abordar la reforma y que no es prioritaria y que gran parte la sociedad civil está desacuerdo con la forma y el fondo de la reforma. ¿Donde quedaría la legitimidad?
Por otra parte, no es oportuno ni necesario pagarles a tantos expertos extranjeros para que nos digan como debemos hacer nuestra constitución. No es de extrañarse que esos expertos cumplan la voluntad de quien los contrata. Nuestro país tiene excelentes constitucionalistas, capaces de plantear lo que necesita nuestra sociedad. ¿O es que vamos a seguir con el complejo de que lo de afuera es bueno porque es de afuera?
Según la encuesta CLAVE-CIES el 64% de la población favorece la asamblea constituyente. Solamente 31 de cada 100 dominicanos mayores de edad se inclinan por la asamblea revisora. Una reforma constitucional debe ser el fruto de lo que favorece la mayoría.
Por todo lo expuesto, sugiero una constituyente donde los partidos políticos estén representados en un 50 % y el otro 50 % restante por la sociedad civil. Posteriormente un plebiscito para confirmar los resultados. Ésta sería una opción más transparente y democrática.