Creo que es muy legítima y justificada la resistencia del liderazgo empresarial y de otros sectores del país al nuevo paquete fiscal propuesto por el presidente Leonel Fernández. ¿para qué someter al sector productivo a un nuevo sacrificio impositivo?
¿para qué aumentar las desventajas competitivas de los empresarios dominicanos frente a sus similares de Centroamérica y EU en el marco del tratado de libre comercio?
¿para que colocar al sector turístico dominicano en peores condiciones para competir con los demás destinos del Caribe: Cuba, Puerto Rico, Jamaica, México, Barbados, Bahamas, etc.?
¿para que aplicar nuevos gravámenes a los insumos agropecuarios, empujando a la población rural a dejar el campo para engrosar los cordones de miseria de nuestras ciudades?
¿para qué aplicar el itebis a productos básicos de la canasta familiar, obligando a las familias pobres a apretarse un cinturón que ya no tiene más hoyitos?
¿para qué apretar más a las clases medias y medias altas, incrementando el impuesto a la vivienda y obligando a las familias a pagar de 100 mil a 300 mil pesos anuales por tener una casa que talvez ha sido producto del sacrificio de toda una vida?
Los nuevos impuestos podrían servir para continuar la obra del metro, que obliga a todos los dominicanos, desde Elías Piña hasta Sabana de La Mar, a pagar un proyecto que solo resuelve una parte mínima del problema de transporte del país y que solo beneficia a un segmento reducido de la población de Villa Mella.
Podrían servir también para seguir financiando nuevos cargos innecesarios en el servicio exterior, incluyendo la creciente lista de los vicecónsules de NY.
Podrían servir igualmente para mantener el enorme presupuesto de publicidad utilizado penosamente para hacer propaganda a una obra de gobierno que parece gastar más dinero en decir que en hacer y que no ha logrado definir un orden mínimo de racionalidad en el manejo del gasto público.
Podrían servir, probablemente, para continuar el intenso programa de viajes al exterior que por lo que se percibe no reportan ningún beneficio al país, o para cubrir la gran cantidad de cumbres, encuentros, consultas, talleres, foros y seminarios donde se estudian todos los problemas y aparentemente no se resuelve ninguno.
Y de manera especial para mantener el monto de una nómina eminentemente parasitaria que ha superado todos los records de dispendio en un solo período de gobierno, como es el caso de la CDEEE y las empresas distribuidoras estatales, encargadas de administrar un servicio energético cada vez más caro y más escaso. Y he aquí algunos datos que probablemente no conocen los dominicanos que con el pago de sus impuestos sostienen la cada vez más ineficiente estructura burocrática del Estado.
En agosto del año 2004, al finalizar la pasada administración, la CDEEE contaba con una nómina de 2, 574 empleados que cobraban un monto total de RD$39.25 millones mensuales.
A pesar de que el presidente Fernández anunció en su discurso de toma de posesión que reduciría la nómina del Gobierno en un 20%, la nómina de la CDEEE se elevó en octubre del 2006 a 3,647 empleados que estaban devengando a esa fecha nada más y nada menos que RD$95.31 millones mensuales, lo que representa un incremento de 242%. (ver reportaje: “El Gobierno gasta una millonada en un grupo de entidades inoperantes”, firmado por Ana Mitila Lora, edición del semanario Clave del jueves 2 de noviembre).
En cuanto a EDENORTE y EDESUR, en el 2004 tenían mil 382 y mil 866, con montos mensuales de RD$17.3 millones, y RD$28 millones, respectivamente. De acuerdo al reportaje del periódico Clave, los empleados de EDENORTE y EDESUR se han elevado a 2 mil 85 y 2 mil 81, con un pago mensual de RD39.4 millones, y RD$48.5 millones, respectivamente, duplicando en este última renglón el monto que se pagaba en ambas empresas en el año 2004, cuando por cierto, el valor real del salario era menor que ahora por el disparo de la tasa del dólar.
Como se puede ver, tanto los empresarios como los trabajadores y todo el pueblo en general tienen razones más que suficientes para decirle un no rotundo a las pretensiones del Gobierno de imponer nuevos sacrificios al país.
