LA PAZ, 24 nov (IPS) – El desafío más importante del gobierno boliviano de Evo Morales, llevar a cabo una exitosa nacionalización de los hidrocarburos, podría verse bloqueado en el Senado si la oposición y el oficialismo no encuentran otros cauces para negociar sus diferencias. Es un día cualquiera en La Paz. Una marcha de "gremiales" (vendedores callejeros) avanza por una calle lateral hacia la histórica Plaza Murillo. Protestan porque no les han dado permiso para instalar sus ventas navideñas. Una cuadra antes de llegar, la policía les cierra el paso y acaban frente a la elegante sede de la alcaldía.
Más temprano en la mañana extrañamente soleada para esta época, jubilados bloquearon una avenida, reclamando por la atención médica que se les presta –"demora uno hasta cuatro meses en conseguir hora con un especialista"– y la falta de medicamentos.
Una marcha indígena campesina avanza hacia la sede del gobierno en apoyo al proyecto de Morales para establecer la función económica social de la tierra, readecuando la norma 1.715 de 1996 que creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Otra se realiza por las razones opuestas en la oriental ciudad de Santa Cruz, zona de los grandes latifundios agropecuarios.
Mientras, la principal fuerza de oposición, el derechista Poder Democrático y Social (Podemos), anunció el martes que dejaría sin quórum el Senado, donde el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) no tiene mayoría, para impedir el tratamiento de la ley agraria.
Por esta vía Podemos también se propone obligar al oficialismo a revisar el reglamento interno de la Asamblea Constituyente, en la que impuso el 17 de este mes la mayoría absoluta para aprobar las reformas al texto constitucional.
Más de 100 miembros de la también opositora Unidad Nacional, encabezados por su líder y empresario Samuel Doria Medina, se suman a una huelga de hambre contra la decisión del MAS en la Constituyente, que contraviene lo establecido en la ley de convocatoria de ese cuerpo. Algunos se han apostado a la puerta de edificios públicos y ha habido escaramuzas con la policía.
Otro proyecto del Poder Ejecutivo para fiscalizar y censurar a los prefectos (gobernadores departamentales) es rechazado por éstos, en particular por los autonomistas del oriente del país, que proponen imponer el mismo régimen al presidente.
En este altiplánico clima de bloqueo, luce como todo un logro que los 17 miembros de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados hayan concluido con la aprobación de los 44 contratos firmados por el gobierno con 12 firmas petroleras extranjeras los días 28 y 29 de octubre, que consagran la nacionalización decretada por Morales el 1 de mayo.
El diputado oficialista Jorge Silva Trujillo, presidente de la Comisión, entregó el miércoles 22 los contratos al pleno de la cámara, que deberá votarlos, y anunció para este viernes la presentación de observaciones y sugerencias de cambios, focalizados en los siete anexos de los textos, que constan además de 33 cláusulas.
El gobierno asegura que, en virtud de lo negociado en los contratos, el Estado se embolsará unos 4.000 millones de dólares en los próximos tres años por conceptos de regalías, impuestos y otros pagos de las empresas prestadoras del servicio de extraer e industrializar el gas natural para la alicaída empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El gobierno izquierdista de Morales desearía que la aprobación de los contratos finalizara antes del receso parlamentario del 15 de diciembre, dijo Silva Trujillo a IPS.
El MAS tiene mayoría en la Comisión, "así que podríamos haberlos aprobado en uno o dos días. Pero valoramos una discusión técnica. Hay un ambiente de consenso con la oposición", según el legislador. El mismo escenario se repite en el plenario.
Pero en el Senado es diferente. Con el retiro del bloque de Podemos, el cuerpo ni siquiera puede sesionar.
"Sería vergonzoso para el pueblo" que los senadores bloquearan los contratos petroleros, opinó Silva Trujillo, licenciado en administración de empresas y orgulloso representante del gremio de los artesanos y de la "burguesía aymara" que ha prosperado en una zona de La Paz gracias al comercio informal y a ciertos oficios como el suyo, la artesanía en madera.
Pero tampoco todas son rosas en la nacionalización del gas.
El 14 de este mes, Andrés Soliz Rada, quien renunció a su cargo de ministro de Hidrocarburos y Energía cuando su estrategia radical perdió apoyo interno, dirigió una carta al parlamento advirtiendo que la estatal Petrobras, principal empresa extranjera operando en este país, había dicho al pueblo brasileño que "los contratos le autorizan a contabilizar las reservas que seguirá explotando en Bolivia".
"Al tratarse de un tema que afecta a la totalidad de las reservas de hidrocarburos actuales y futuras del país, cuyo valor anotado como títulos valores (ya sea como acciones o bonos) asciende a más de 200.000 millones de dólares, el contrato no puede quedar sujeto a ninguna duda o incertidumbre", decía Soliz Rada.
El Congreso legislativo debería redactar un artículo adicional, "en el que se prohíba a las compañías anotar nuestras reservas en bolsas de valores, ya que ellas son de propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado", agregaba.
Pero la cuarta cláusula de los contratos "ya establece claramente el no otorgamiento de la propiedad" y "precautela el interés del Estado", replicó Silva Trujillo.
La cláusula 4.3, idéntica en los 44 textos que pudo leer IPS, afirma: "Este contrato no confiere al titular en ningún momento ningún derecho de propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos, los cuales son y permanecerán en todo momento en propiedad del Estado. Asimismo, este contrato no confiere al titular en ningún momento ningún derecho de propiedad sobre los hidrocarburos producidos, los cuales serán y permanecerán en propiedad de YPFB".
"Hay mucha gente que opina que aquí no se nacionalizó nada. Pero estamos nacionalizando lo que dispuso el referéndum de (julio de) 2004: los hidrocarburos a boca de pozo y en el subsuelo. No las cañerías", argumenta el legislador.
Esa "hubiera sido una medida contraproducente para el Estado, porque implicaba expropiar y por tanto indemnizar, cosa que el Estado no podía hacer por no tener recursos. Entonces, nos íbamos a arriesgar a ser llevados ante un tribunal arbitral internacional. Además, YPFB debía tomar el control de todo, y no tenía ni la capacidad técnica ni económica para hacerlo", señaló.
"En pocas semanas hubiera habido desabastecimiento", aventuró.
Soliz Rada también señaló la inconveniencia de suscribir contratos definitivos que, sin embargo. contienen cláusulas provisionales, como las del anexo G, referidas a montos de inversión y depreciación. Las cifras exactas no se conocerán hasta que concluyan las auditorías en los campos petroleros, e influirán "durante tres décadas en las fórmulas de ingresos para el país".
Mientras el gobierno acusa a la oposición de "golpe a la democracia" por abandonar el Senado y no descarta gobernar por decreto, algunos miran más allá de la vigencia de los contratos, entre 20 y 35 años, y plantean la gran cuestión de cómo aprovechar los ingresos petroleros para levantar de una vez al país más pobre de América del Sur.
Este mes, el gobierno lanzó el bono Juancito Pinto, con un fondo de 32 millones de dólares para repartir mensualmente entre 1,2 millones de niños y niñas de enseñanza primaria a razón de unos 200 bolivianos (25 dólares) por cada uno.
Otros proponen el reparto individual de los ingresos fiscales siguiendo el modelo de Alaska, o el holandés, cuyo fondo petrolero se destina a pagar las jubilaciones, la salud y la ayuda al desarrollo.
Pero hay quienes advierten que los recursos deben utilizarse en promover el desarrollo en un sentido amplio en este país de 9,2 millones de habitantes, 67,3 por ciento de los cuales viven en la pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
"El problema de Bolivia es que no tiene un colchón que lo sostenga ante la oscilación o caída de precios del sector exportador. Es necesario desarrollar el mercado interno, ya que allí aún se hallan las mayorías", dijo a IPS el historiador y profesor de economía Alexis Pérez.
"Mi país aún es agrícola. El gobierno está equivocado en continuar la política de los liberales de subsidiar la miseria, también de colocar servicios sin tocar la producción. Es necesario que el Estado intervenga y distribuya el ingreso. La demagogia está de más", aseveró.
Si el bloqueo al Senado se prolonga, este debate quedará en suspenso. Mientras los contratos no se aprueben, las empresas seguirán operando bajo las condiciones anteriores y anotando como activos propios en las bolsas de valores del mundo el gas de Bolivia, la segunda mayor reserva de América del Sur, después de la de Venezuela, con 53 trillones de pies cúbicos.
