SANTO DOMINGO.-La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) se mostró en desacuerdo con la última versión del paquete fiscal y sostuvo que independientemente de los cambios incorporados, los nuevos impuestos penalizan la actividad económica y aumentan la carga a todos los sectores de la población. “Los últimos cambios introducidos por el Gobierno al proyecto de reforma fiscal ejercen el mismo efecto negativo para la economía, ya que cualquier incremento de la carga tributaria tiende a debilitar el proceso productivo y a desmejorar las condiciones de vida de los dominicanos”, expresó la licenciada |Yandra Portela, presidenta de la AIRD.
Al reiterar su rechazo a una tercera reforma tributaria en la actual gestión de gobierno, la licenciada Portela afirma que “para enfrentar el déficit fiscal no hacen falta más impuestos, sino fortalecer el cobro de los tributos existentes, reducir y focalizar los subsidios, aplicar la ley de compra y contrataciones del Estado, disminuir los gastos innecesarios y establecer un orden de prioridades en la inversión pública”.
“Con estas medidas, más la aplicación de los nuevos comprobantes fiscales y el aumento natural de los ingresos por vía del crecimiento económico, el Gobierno puede alcanzar el equilibrio necesario para responder a los compromisos del Fondo Monetario Internacional sin sacrificar a los sectores productivos ni afectar el gasto social”, expresa la presidenta de la AIRD.
Señala que el cambio de unos impuestos por otros no afecta la posición sostenida por esa entidad, “ya que una nueva carga fiscal tiene un impacto negativo para la competitividad del país y para todos los sectores de la población, en un momento de apertura económica como el que vivimos”.
De acuerdo a la Asociación de Industrias de la Repúblicas Dominicana, un incremento impositivo en estos momentos provocaría un constreñimiento de la economía, aumentando los costos del proceso productivo y reduciendo la capacidad del país para competir en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados y Unidos y Centroamérica , agregando que el mensaje que se envía a la inversión local y extranjera es que no hay suficiente seguridad jurídica para la colocación de capitales en actividades productivas.