La toma de decisiones se dificulta sobremanera en la administración del doctor Leonel Fernández, y eso es sumamente delicado y hasta peligroso para la estabilidad del gobierno. Se percibe una ambivalencia preocupante al momento de aplicar medidas que vayan en beneficio de la mayoría de los sectores nacionales, porque desde las altas instancias no quisiera afectarse a grupo alguno.
Y eso no debiera ocurrir. Si una disposición va a repercutir en provecho de la gran mayoría de los dominicanos lo que procede es que se ponga en marcha, independientemente de que un sector resulte lastimado. Será el propio gobierno el que se encargue de buscarle a ese sector afectado alguna fórmula de compensación.
Cuando se aplican medidas impositivas en procura de aumentar los ingresos para el erario, indudablemente alguien tendrá que cargar con el sacrificio. Es una disposición incómoda, pero si se está compelido a ello, “¡machete!”, como dice la expresión popular.
Quienes tienen a su cargo conducir las riendas de la nación no debieran estar haciendo anuncios de aplicación de medidas hoy, para mañana, cuando surjan las reacciones de los que se sienten lastimados, dar marcha atrás.
El gobierno del doctor Fernández, en buena medida, ha estado signado por ese comportamiento. Los sindicatos choferiles lo han tomado “de relajo”, y sus principales dirigentes sienten que son un poder capaz de aplastar al propio gobierno y a quien lo encabeza.
Más aún: ahí tenemos el caso de la rectificación fiscal. Se anunció un discurso del Presidente para explicar en qué consistía ese proyecto, y el anuncio generó una gran expectativa a nivel de todo el país.
Los dominicanos se mantuvieron a la espera de la alocución del Primer Mandatario y la misma se produjo la noche del 14 del pasado mes de noviembre.
Al día siguiente hubo una especie de “grito generalizado” de todos los sectores que conforman la sociedad, pero más de parte del sector empresarial, señalando que esa rectificación no procedía y que el gobierno podía conseguir el dinero que buscaba sometiendo a un plan de austeridad, reduciendo sus gastos.
Se entendía que, a pesar de las reacciones en contra, el proyecto estaba listo, terminado, y que sería sometido de inmediato al Congreso para su aprobación, pero, ¡vaya sorpresa!, funcionarios del equipo económico del gobierno, entre los que se encuentra el secretario de Finanzas, dijeron que a la rectificación fiscal que había explicado el presidente Fernández la noche anterior, había que hacerle algunas correcciones.
O sea, que lo que el Jefe de Estado había explicado a la Nación evidentemente que no estaba consensuado entre los miembros de su equipo económico, y ya, todo cuanto había dicho en su discurso caía en una especie de nebulosa. Es penoso que un presidente se presente ante sus ciudadanos esbozando un asunto tan serio como el de referencia, y luego aparezca un subalterno aclarando que eso debe corregirse. Es algo que, indudablemente, afecta la imagen de su investidura.
La rectificación fiscal se siguió debatiendo en los medios de comunicación, y después que se había adelantado que algunos artículos de la canasta familiar serían gravados con el Itbis, como café, azúcar, pastas alimenticias, aceite, etc., el Primer Mandatario prefirió dejar exentos de ese impuesto tales productos.
El pasado fin de semana, desde Palacio se ofreció la información de que Fernández dirigirá otra alocución al país este lunes para explicar lo que es la rectificación fiscal corregida, o la nueva rectificación fiscal… Es una demostración de lo ambivalente que se torna Leonel y su gobierno al momento de tomar decisiones de interés nacional, porque, definitivamente, como ente político, no quisiera tocar ningún sector ni con el pétalo de una rosa, mucho menos a los sectores de predominio económico.
Las cosas han llegado al colmo con el expediente Verizon-Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El gobierno, a través de la DGII le reclamaba el pago de más de US$500 millones como pago de impuestos por las ganancias obtenidas en la venta de esa compañía a otra empresa de capital mexicano.
Verizon se negó a pagar tal cantidad y la DGII decidió reclamar ese dinero a través de los tribunales. El caso se venía ventilando en las instancias judiciales correspondientes, pero el presidente Fernández, luego de sostener al menos dos reuniones con los máximos ejecutivos de Verizon, en las que participó el embajador de Estados Unidos en el país, Hans Hertell, prefirió llegar a un acuerdo extrajudicial y aceptar que la telefónica sólo pagara US$170 millones, un referente sumamente nocivo para el gobierno y su dependencia recaudadora. Los evasores de impuestos le recordarán siempre a la DGII el expediente Verizon para tratar de pagar menos.
Lo grande del caso es que referida compañía emitió un comunicado señalando que los 170 millones de dólares no son por concepto del pago de impuestos, con lo que deja establecido que en realidad lo que recibió el Estado en su caso fue una especie “mera gratificación”.
Se puede apreciar que, en ese orden, el gobierno de Fernández acusa una gran debilidad. Muchos sectores que pescan en río revuelto ven en ese sentido el lado flaco de la administración peledeísta, su Talón de Aquiles, y sacan provecho de ello.
Un gobierno no puede actuar así. No debe convertirse en presa de las indecisiones. No debe proyectar una tendencia hacia la ambivalencia para evitar afectar sectores, porque esos mismos sectores fácilmente se lo engullen.