SANTO DOMINGO.-El Patronato de Apoyo al Ministerio Pùblico (PAMP) solicitó hoy al Procurador General de la República disolver la Comisión de Indultos creada recientemente, por entender que la misma constituye un retroceso en el proceso de modernización de la justicia. El presidente de la entidad, licenciado Alberto Tavárez, consideró que “la reactivación de la Comisión de Indultos constituye un revés a los esfuerzos que se hacen en el sistema judicial por garantizar una administración de justicia eficiente y confiable”, por lo que, a su juicio, el actual Procurador General debe mantener la sabia decisión adoptada por el procurador saliente, quien disolvió dicha comisión de manera definitiva.
Para el Patronato de Apoyo al Ministerio Público la institución del indulto resulta innecesaria y odiosa luego de la puesta en vigencia de la actual normativa procesal penal, que consagra amplias garantías y vías de recurso ordinarias y extraordinarias para que los imputados obtenga su libertad.
Tavárez señala que la Comisión de Indultos sustituye, en la práctica, al juez de ejecución de la pena, que es el funcionario judicial que ha creado el sistema para regular, controlar y dispensar, cuando sea procedente, la ejecución de las condenas por violación a las leyes penales.
“El indulto es una prerrogativa constitucional que tiene el Presidente de la República, para que excepcionalmente pueda disponer el perdón de una persona condenada a penas privativas de libertad, por lo que la responsabilidad política por cada indulto es exclusiva del primer mandatario, por lo que no debe ser transferida a ninguna comisión”, expresa la entidad.
El Patronato criticó asimismo la conformación de la comisión designada recientemente por el Procurador Radhamés Jiménez Peña, sobre todo por la integración de la encargada de ingeniería de la Procuraduría, funcionaria que, según consideran, “nada tiene que ver con el seguimiento a los procesos judiciales ni la conducta de los reos en las cárceles”. No obstante, consideró que la participación del Coordinador de la Pastoral Penitenciaria en la misma es una garantía para la sociedad.
Sobre la Muerte del Fiscal de Sosúa
En otro aspecto, el Patronato ratificó su posición de que el Procurador General de la República debe disponer la ampliación de la comisión designada para investigar las circunstancias en que murió a tiros el fiscal adjunto de Puerto Plata, Teódulo Ceballos Peñaló, durante un operativo que dirigían los procuradores generales adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez.
La entidad considera que dicha comisión debe ser ampliada con personalidades independientes del ministerio público, “porque los actuales comisionados actúan como jueces y partes en la investigación, lo que no es saludable para la confiabilidad de los resultados que finalmente ofrezcan a la sociedad”.
El Patronato propone que dicha comisión sea ampliada con la integración del doctor Manuel María Mercedes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fray Arístides Jiménez Richardson, de la Pastoral Penitenciaria y el fiscal del Colegio de Abogados de la República.
Tavárez favoreció, asimismo, que los procuradores generales adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez sean suspendidos temporalmente de sus funciones hasta que concluyan las investigaciones y se determine su cuota de responsabilidad en el suceso en que perdió la vida el fiscal Teódulo Ceballos Peñaló.
