Las sospechas que levantaron las primeras versiones oficiales sobre el aparatoso crimen de un fiscal adjunto de Puerto Plata se han tornado hoy más tenebrosas y difíciles de despejar por el escabroso sendero que han tomado las prolongadas investigaciones del suceso. Los hilos sobre la muerte a tiros del fiscal Teódulo Ceballos Peñaló conducen hacia la impunidad, una tendencia que inauguró esta administración con el bochornoso encubrimiento del atentado contra el comentarista Euri Cabral y la ingeniera Mildriam Salas, ocurrido el 29 de septiembre de 2004.
En una de esas torpes salidas, la Procuraduría General de la República pareció justificar el inquietante crimen al señalar que Ceballos Peñaló, prominente dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y de mucha influencia en la zona, resistió su detención para ser investigado sobre narcotráfico, extorsión y asesinatos por encargo. De la declaración surgieron las primeras interrogantes, incluso antes de la versión de supuestos testigos y familiares. ¿No contaba la Procuraduría General de la República con algún otro mecanismo más eficaz y menos arriesgado y ruidoso para aprehender a un funcionario relacionado con delitos tan espantosos?
Por supuesto que se presta a suspicacias que, como si Ceballos Peñaló fuera una isla de poder o jefe de un peligroso batallón, dos procuradores adjuntos se desplazaran desde Santo Domingo a Sosúa acompañados de un contingente de agentes policiales y antinarcóticos para tramitar la captura del funcionario.
Sin embargo, el suceso se tornó todavía más intrigante cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) negó que hubiera participado en el operativo que culminó con la defunción de Ceballos Peñaló. Supuestos testigos y familiares sostienen que éste no murió al resistir su detención, sino en una emboscada que le habrían tendido. Además alegan que su pariente temía por su vida y que culpaba a agentes antidrogas de lo que pudiera sucederle.
Una de las hipótesis que se baraja en la calle es que al funcionario lo mataron para evitar que pudiera desatar un escándalo sobre los cargos que le atribuía la Procuraduría General de la República. La variable es una de las muchas que, por su carácter oficial, no podrá despejar sin un ápice de duda la comisión oficial designada para investigar el caso. Por la magnitud del crimen y las sospechas que ha despertado, los resultados tendrían más crédito si a la pesquisa se hubiera integrado a civiles de reputada solvencia moral.
Como tendencia que desde el principio ha marcado esta administración el ingrediente político podría pesar mucho para que se conozca toda la intríngulis sobre un crimen que deja una mancha moralmente indeleble. Son tantos los cabos que pueden quedar sueltos, que en términos generales es triste admitir que los signos apuntan hacia el encubrimiento.
Por el tortuoso sendero de las investigaciones, ahora matizadas por contradicciones, no es en Dinamarca que algo huele a podrido, como proclamó Hamlet agobiado por las dilaciones de la Justicia, sino en Puerto Plata. Pues parece que ahondar en las pesquisas sería como destapar una caja de Pandora.