JCE implora al Congreso reconsiderar partidas presupuestarias

SANTO DOMINGO.-La Junta Central Electoral (JCE) hizo un dramático llamado al Congreso Nacional para que reconsidere las partidas presupuestarias que les han sido asignadas para el año 2007.
En un documento enviado a Diario DigitalRD.Com la JCE considera que la reducción planteada pone en peligro los trabajos de un año pre-electoral.

A continuacìón el comunicado del organismo comicial.

La Junta Central Electoral tiene a bien hacer del conocimiento de los honorables legisladores y de la opinión pública en general, la grave situación financiera por la que atravesaría en caso de no ser reconsideradas las partidas consignadas a esta Institución en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año 2007.

1.- La Junta Central Electoral presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto para el año 2007, ascendente a DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (RD$2,917,552,722.82), del cual fueron excluidas las siguientes partidas, relacionadas con sentidas necesidades ciudadanas:

a) Oficialías Civiles: (RD$307,417,840.00). Esta partida sería utilizada para implementar el nuevo Reglamento que establece sueldos para los Oficiales del Estado Civil y tasas de servicios asequibles, que garanticen una adecuada prestación a la población y cuya implementación data desde hace catorce años, siendo un compromiso de la Nación.

b) Proyecto de Modernización de las Oficialías del Estado Civil: (RD$368,700,598.00). Este proyecto, iniciado en el año 2004, tiene como propósito dotar a la ciudadanía de un servicio de Registro Civil ágil, confiable, y que proteja la identidad dominicana, eliminando la posibilidad de alteraciones y falsificaciones de Actas del Estado Civil.

c) Refacción y Adecuación de las Edificaciones de las Oficialías del Estado Civil: (RD$132,000,000.00). Esta partida permitirá mejorar las condiciones físicas en las oficinas y conservar en buen estado los Libros – Registros del Estado Civil y brindar un servicio más eficiente y digno a la ciudadanía.

d) Unidad de Declaraciones Tardías: (RD$34,026,260.84). Esta unidad esta destinada a resolver el apremiante problema que afecta a miles de ciudadanos que no tienen ni acta de nacimiento, ni cédula de identidad y electoral y que, por esta razón, son verdaderos excluidos sociales, imposibilitados de acceder a los más elementales derechos ciudadanos; lo que ha dado lugar a que el Estado Dominicano esté siendo sometido ante diversos organismos internacionales.

2.- En adición a la implementación de estas viejas demandas sociales, que por demás son mandatos de la Ley, la Junta Central Electoral se vería imposibilitada de cumplir con otras responsabilidades derivadas de las atribuciones que le confiere la Ley, en los siguientes casos:

a) Inicio de la Escuela de Formación Nacional Electoral, cuyo propósito fundamental es entrenar y capacitar los miembros de las Juntas Electorales y del personal que capacitará a los integrantes de los Colegios Electorales, así como la formación de los Oficiales Civiles; evitando de esta manera las enojosas situaciones que se presentaron en el proceso electoral anterior en el escrutinio y cómputo de los votos.

b) La implementación de la vigilancia y fiscalización de las Asambleas y Convenciones de los partidos, de cara a las elecciones nacionales del 2008, las cuales están previstas para el año 2007.

c) De igual manera, se afectaría la ejecución de las leyes votadas por el Congreso Nacional que crean diecisiete (17) Municipios y Distritos Municipales de: Bávaro (Higuey), Los Alcarrizos, Bonao (2da), Sabana Iglesia, Peñón de Barahona, San Juan de la Maguana (2da), Quisqueya, Sabana Larga (San José de Ocoa), El Puerto (San Pedro de Macorís), Rincón ( La Vega), Arroyo Salado (Cabrera), Villa Elisa (MonteCristi), La Ciénaga (Barahona), El Pino (Dajabón), La Canela (Santiago), Hato del Yaque (Santiago). En cada uno de estos casos la Junta Central Electoral está obligada a crear una Oficialía del Estado Civil, una Junta Electoral y un Centro de Cedulación con todo el personal y gastos administrativos que esto conlleva.

d) Asimismo, en las elecciones previstas para el año 2008, los planes de incrementar el ejercicio del derecho al voto de los dominicanos residentes en el exterior y de permitirles la obtención del acta de nacimiento y la cédula de identidad y electoral en las respectivas ciudades donde residen; se verían frustrados en su implementación.

3.- A toda la situación antes descrita se agrega, que la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2006, nos arroja un déficit de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (RD$245,500,129.20), que a su vez representa un déficit mensual de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS (RD$22,883,846.10) frente al recorte presupuestario de más de un sesenta por ciento (60%) en el presupuesto operacional de este año; a lo cual se suma una errada política administrativa implementada por las pasadas autoridades electorales, con el incremento de los gastos fijos, sobre todo en el renglón de sueldos y salarios.

4.- La Junta Central Electoral, consciente de esta situación y asumiendo su rol con responsabilidad, ha diseñado un plan de austeridad con el propósito de eliminar todos los gastos que pudieran no ser imprescindibles para el buen funcionamiento de la Institución y adaptarnos a la situación económica que vive el país. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para poder enfrentar de manera exitosa los retos que se nos han presentado.

Por lo ante expuesto, tenemos a bien solicitar al Congreso Nacional la reconsideración de las partidas correspondientes a la Junta Central Electoral y la asignación de una suma adicional a la presupuestada por el Poder Ejecutivo, de MIL CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS (RD$1,105,000,000.00), suma que aún siendo inferior al presupuesto sometido por esta Institución, nos permitiría precariamente garantizar el cumplimiento de nuestros sagrados deberes constitucionales y legales, para bien de la democracia Dominicana.