Abogado considera pruebas caso Baninter podría llevar más de 3 años conocerlas

SANTO DOMINGO.-La lectura y discusión de los documentos pendientes del caso Baninter, que incluyen más de mil cien documentos con medio millón de páginas, podría tomarse un tiempo mínimo de tres años, advirtió
Eric Raful Pérez, del Consejo de Defensa de Luís Álvarez Renta.
Significó que algunos de los documentos que deberían ser debatidos en
el juicio tienen hasta 600 y 700 páginas, de un total aproximado de
mil 100 pruebas aportadas por el ministerio público, la autoridad
monetaria y financiera y los consejos de defensa de los imputados.

"Si no se produce un acuerdo entre las partes que permita
circunscribir las pruebas a los hechos y circunstancias y tipos
penales que estén contenidos en la parte dispositiva y en los
considerandos de la Providencia Calificativa, solo en las pruebas
del Ministerio Publico, sin entrar en las del Banco Central, Baninter
y la Superintendencia de Bancos, estaríamos hablando de terminar esa
parte a finales del año 2007", apuntó el jurista.

Y agregó que lo razonable sería que las partes envueltas en el
proceso se pongan de acuerdo para delimitar las pruebas que serían
objeto del juicio y evitar una dilación que estaría en contra de una
correcta administración de justicia.

El licenciado Salvador Catrain, por su parte, dijo que "la defensa
técnica de Álvarez Renta esta en plena disposición de llegar a un
acuerdo, tal como lo permite el Código Procesal Penal, para
simplificar el proceso en cuanto a la presentación de las pruebas que
serían parte del juicio".

El joven abogado resaltó que el proceso Baninter se inició formalmente
hace más de tres años y que de no aprobarse una fórmula razonable
para depurar las pruebas sometidas al tribunal, el conocimiento de la
documentación pendiente podría llevarse de tres a cuatro años.

El jueves 28 de diciembre el tribunal colegiado que conoce el caso
rechazó el pedido del Ministerio Público para que se objetara a los
imputados hacer los reparos oportunos al momento de presentación de
cada una de las pruebas.

Al justificar el fallo del tribunal, el juez presidente Antonio
Sánchez Mejía, explicó que la negación del derecho a reparo tras la
presentación de cada prueba implicaría vulnerar el derecho a la
defensa, consagrado por el Código Procesal Penal.

La representante del Ministerio Público, Carmen Alardo, solicitó al
tribunal colegiado que los reparos se hicieran al concluir la
totalidad de la presentación de pruebas de acusación que son 703. Hizo
el pedido cuando procedía a iniciar la lectura del documento número
cinco de las pruebas aportadas.

Las distintas barras de las defensas solicitaron al tribunal que
rechazara la petición, por lo que el tribunal declaro el receso y se
retiró a deliberar hasta las dos de la tarde, momento en que dio a
conocer su decisión.

Los abogados Santiago Rodríguez y Eric Raful, del Consejo
de Defensa de Luís Álvarez Renta, objetaron la propuesta de Alardo y
advirtieron que la misma violaba el principio de la progresividad del
juicio y chocaba con la doctrina jurídica de que la no objeción de una
prueba de manera oportuna implica la aceptación de esta.

"Como esto es un juicio a la prueba, cada prueba que se presente debe
ser adecuadamente objetada, en ese instante", manifestó el licenciado
Raful.

Y agregó que "la discusión carecería de trascendencia si el juicio se
hubiese basado en una acusación montada en el contexto de una
formulación precisa de cargos, pero como esto fue un tollo de
acusación, entonces la parte acusadora, por inseguridad mandó 703
pruebas, lo que hace obligatorio que se analice todas y cada una de
esas 700 pruebas y que puedan ser rebatidas inmediatamente".