CARACAS, (IPS) – Veinticinco personas murieron, apuñaladas o a balazos, en los primeros días de 2007 en medio de riñas colectivas y venganzas en las cárceles de Venezuela, escenario año tras año de persistentes violaciones de los derechos humanos. Un paisaje trágicamente familiar para los lectores de diarios: la fotografía de los cadáveres alineados junto a la barda de la prisión de Uribana, situada 250 kilómetros al oeste de Caracas, mal cubiertos con sábanas empapadas en sangre, a la luz del día, como testimonio de la ferocidad y saña del enfrentamiento en la noche precedente.
En disputa por la primacía en el penal, grupos de reclusos en Uribana, que guarda a unos 400 hombres, chocaron durante la noche del lunes al martes hasta que, llegada la luz del día, las autoridades retomaron el control y presentaron la contabilidad: 16 muertos, muchos de ellos con órganos enteros arrancados, y 13 heridos.
¿Las medidas tomadas? Unos 140 presos fueron llevados a otras cárceles. Veinte llegaron a la de Guanare, 350 kilómetros al sudoeste de Caracas. Allí les esperaban otros grupos violentos y, la noche misma de su arribo, del martes a la víspera, fueron asesinadas otras seis personas.
En otros incidentes registrados en varias de los 30 establecimientos carcelarios del país, donde hay 19.000 presos, perecieron tres más, y en la cárcel de La Pica, a 550 kilómetros al este de la capital venezolana, cinco reclusos fueron heridos durante una riña, tres de ellos por armas de fuego.
Cuando se producen enfrentamientos entre grupos en las prisiones es común que los presos caigan no sólo víctimas de "chuzos", cuchillos rústicos que los detenidos elaboran con cualquier trozo de metal, sino de armas de fuego y en ocasiones hasta de granadas.
En 2006 se realizaron 263 requisas generales en las cárceles del país y se incautaron 90 pistolas, 119 revólveres, 34 escopetas, 43 granadas, 665 "chopos" o armas de fuego artesanales y 2.276 "chuzos", según el no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones.
"Claramente hay negligencia por parte de los funcionarios que tienen la responsabilidad de resguardar la vida de los internos", señaló a IPS Humberto Prado, coordinador del Observatorio.
Pero, además, "hay un desinterés por investigar, para no sólo establecer responsabilidades, sino abonar el terreno para que estos casos no se sigan repitiendo. Las autoridades no pueden limitarse al levantamiento de cadáveres", advirtió Prado.
El Ministerio Público designó a dos fiscales para investigar los sucesos de Uribana, en donde, según Fanny Márquez, directora de Custodia del Recluso en el Ministerio del Interior, "la situación está calmada, hay mayor número de efectivos custodiando la cárcel y se ha hecho conteo y registro fotográfico de los presos".
La noticia del registro buscó calmar a familiares que acudieron a la cárcel el miércoles y este jueves, con la esperanza de ver a sus presos y comprobar que estaban con vida, pero las visitas estaban suspendidas.
"Los muertos no son 16, son más, acabo de hablar con mi hermano y me dijo que adentro todavía hay cadáveres", dijo a los periodistas una mujer que rehusó identificarse para no delatar al preso que conserva un teléfono celular, formalmente prohibido.
Según Prado, el tema de fondo es que "el Estado se olvidó de los presos y ellos forman sus autogobiernos, para controlar los establecimientos e imponer su propio orden. Los que no aceptan, o mueren o quedan damnificados".
En diciembre, la imagen de Uribana mostrada por la prensa no fue la de cadáveres sino de un "pabellón" improvisado en el patio central de la prisión, que en realidad es sólo un espacio delimitado con mantas y cortinas de plástico, en el que se auto-recluyeron presos que no tienen lugar en las áreas de paredes y rejas que son pabellones de celdas.
La organización humanitaria Provea maneja un informe de la Defensoría del Pueblo según el cual las cárceles en Venezuela están tan deterioradas que 75 por ciento de las instalaciones deberían ser demolidas y construidas nuevamente.
Oficialmente, el índice de hacinamiento es bajo, pues las cárceles tienen una capacidad teórica para albergar a 16.900 presos, pero en la práctica hay un hacinamiento elevado. En junio pasado la prensa local registró que en la cárcel de Yaracuy, 300 kilómetros al oeste de Caracas, 457 reclusos convivían en un área de 550 metros cuadrados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en febrero y marzo, reconoció la grave situación de los internos en las cárceles de La Pica y Yare (30 kilómetros al este de Caracas) y exigió al Estado venezolano "tomar de manera urgente las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal, así como mejorar las condiciones de internamiento".
Prado agregó que "falta comenzar por una buena clasificación de los presos según su alta, media o baja peligrosidad, entregar responsabilidades sobre las cárceles a los gobernadores regionales y, en general, que haya una buena gerencia y se cumpla lo previsto en el artículo 272 de la Constitución" sancionada en 1999.
Ese artículo establece que "el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del internado o la internada y el respeto de sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación (…)".
Márquez reivindicó que el año pasado el Ministerio del Interior inició la construcción de "ciudades penitenciarias", donde los presos podrán contar con facilidades para ejercer sus derechos constitucionales, y aseguró que las "misiones" o programas sociales puesto en marcha por el gobierno se están extendiendo a los centros de reclusión.
Mesas de trabajo sobre el tema de las cárceles, entre responsables de distintos entes públicos, comenzarán a instalarse el 24 de este mes, informó por su parte Mayerling Rojas, directora de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior.
El presidente Hugo Chávez, en una intervención por teléfono en la emisora de televisión del Estado, se refirió fugazmente al drama carcelario la noche del miércoles y reconoció que "hay fallas de seguridad interna y de infraestructura que actúan como detonantes". "Son deudas que tenemos", añadió.
Chávez estuvo preso en un anexo de la cárcel de Yare entre 1992 y 1994, después que dirigió un cruento y fallido alzamiento militar. Ya como presidente visitó esa prisión una sola vez.
En 2005 perecieron en las cárceles venezolanas 407 presos, y 309 en los nueve primeros meses de 2006, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, es decir, más de uno por día. En Venezuela la pena de muerte fue abolida en 1863. (FIN/2007).
