El presidente de la República, doctor Leonel Fernández, en la retórica, es un hombre institucionalista. Se esfuerza, en el discurso, porque el país se enrumbe por ese sendero. Una demostración de ello es que actualmente está empecinado en una reforma constitucional profunda, para lo que viene desarrollando a nivel de todo el país una consulta popular. Es así como el doctor Fernández quiere dejar establecida, de una vez y por todas, las reglas claras que deben regir en la nación, de manera que se eliminen las intepretaciones ambiguas y las contradicciones que pudieran observarse en la actual Carta Magna.
Valoramos esa preocupación del Primer Mandatario y esperamos que los cambios que se tengan que aplicar a la Constitución de la República para provecho de todos los dominicanos se apliquen y normen todo lo que es nuestra dinámica social a partir del momento en que sean aprobados.
Ahora bien, que todo cuanto se acuerde en ese contexto no quede en simple letra muerta. Que la reforma que se apruebe se cumpla al pie de la letra y sea respetada por todos los partidos, dirigentes políticos, y demás sectores que conforman nuestra sociedad.
El señalamiento lo hacemos por el hecho de que el propio doctor Leonel Fernández, el mismo que promueve con tanta vehemencia la reforma constitucional, el mismo que reclama que República Dominicana se enrumbe por los senderos de la institucionalidad, desde el Poder Ejecutivo aplica medidas que vulneran lo institucional y son transgreden nuestras leyes.
Por ejemplo, si la ley establece que a la Suprema Corte de Justicia le corresponde el 2.69% del Presupuesto Nacional, el Ejecutivo no debiera enviar al Congreso un Presupuesto cuya asignación para el renglón justicia esté por dejabo de ese valor. Y el presidente Fernández no sólo lo envía muy por debajo de ese porcentaje, sino que justifica tal disminución en el hecho de que el gobierno se ha embarcado en un programa de austeridad para cumplir con los requirimientos económicos de organismos internacionales, y sobre la base de eso parece que considera válido el que se violente la disposición legal que reclama el 2.69% para el aparato judicial.
Es sólo un botón como muestra, porque lo mismo ocurre con la Secretaría de Educación y otros ministerios a los que se le asigna un presupuesto anual por debajo del que establece la ley porque sencillamente el Presidente y su gobierno necesitan recursos en otras áreas.
Pero además –algo realmente insólito–, el doctor Leonel Fernández, nada más y nada menos que mediante decreto, se arrogó el derecho de destituir un síndico de una comunidad de la provincia de Puerto Plata para designar en el puesto a otra persona. Es algo que violenta todas las normas institucionales y legales, porque lo que hace es competencia de la Sala Capitular del ayuntamiento correspondiente o de la Liga Municipal Dominicana.
Es por ello que el doctor Fernández invoca en la retórica lo institucional, pero en la praxis hace lo que se le antoja. Tamaño contraste.
