Auto de fe

Al sistema de administración de justicia penal del país le hacen falta críticos, luego que se diera a conocer el informe de los aciagos sucesos del caso del fiscal de Puerto Plata. Y para muchos quedó al desnudo la realidad innegable de la Policía Científica, que todavía está solapada de muchos malentendidos. El país no sabe lo que es el concepto mismo de Policía Científica, y creo que tampoco el mismo INACIF, que fue creado por primea vez en el año del 2004, comprenda, a pesar de la lección recibida en la gravedad de los hechos del caso citado, que él es esa nueva Policía Científica del país. Es, pues, sencillamente un error que desde la PN opere una Policía Ciencia, ya que un organismo como éste –quiero decir, el INACIF– su razón es llevar a cabo las funciones periciales de Policía Judicial y eso es justamente lo que estipula la resolución 16956 que le dio vida institucional. El mimo artículo primero lo dice todo: “Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana (INACIF), como un órgano técnico funcionalmente independiente, adscrito administrativamente a la Procuraduría General de la República, con la misión principal de brindar auxilio científico y técnico a los órganos de investigación y a los tribunales penales y en las condiciones que establezca la correspondiente reglamentación, a otros órganos públicos y privados y a los particulares”. Luego continúa diciendo: “El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tendrá las siguientes funciones: 1), 2) Practicar los análisis e investigaciones científicos y técnicos que sean requeridos por el Ministerio Público, las autoridades judiciales, entes oficiales o privados o particulares, en las condiciones que autorice la reglamentación, 3),4), 5), 6), 7), 8) Actuar como centro de referencia en materia propia de su actividad en relación con otras instituciones nacionales afines y con otros Institutos de Ciencias Forenses a nivel internacional, 9), 10), y 11) Cooperar con organismos nacionales e internacionales en materias relativas a la investigación forense y criminalistica, recogiendo y ordenando cuanta información se facilite al respecto.
En cuanto al director general, éste deberá “Dirigir directamente todas las operaciones y funciones del instituto…”. Pero lamentablemente este es un país que prefiere la representatividad de inopia en sus funcionarios, para que sean otros los que trabajen, generalmente aquellos que sí tienen la calidad profesional. Desde luego, en esta ocasión toca al INACIF, pero están haciendo creer que es un problema del Ministerio Público y los esfuerzos de la Policía Nacional. Otra organización que ya ha pasado por esta situación gris es el Instituto Nacional de Patología Forense (INPF), que tiene bien merecidas muchas quejas, porque siendo un organismo para profesionales de la medicina, la dirigen médicos-policía y militares, inclusive en el presente.
Esos tres organismos que hemos citados: PN, INACIF e INPF, cada uno por separado no pueden ser la Policía Científica, pero es evidente que un verdadero INACIF sí puede, ya que es un órgano de integración. El obstáculo ahora está en el cómo se ha conformado el organismo, ya que lo forman y dirigen profesionales no cualificados para esa enorme tarea. Hay, pues, un serio problema de diseño, que alcanza, inclusive, lo jurídico: La PN fue creada mediante ley adjetiva, el INACIF, mediante resolución de la PGR y el INPF, mediante decreto. Tres asuntos de niveles jerárquicos diferentes.
Con la creación del INACIF, las funciones de Policía Científica configuran un reticulado correspondiente a los institutos que conforman la administración de justicia, para que se produzca la integración institucional que hacía falta, en un mismo organismo y centralizando el tema de todas las formas de la investigación criminal. Esta Agencia especializada debe funcionar, además, de acuerdo a estándares internacionales y eso solo es posible en base a un personal cualificado y sobre todo debe ser realidad la presencia de la comunidad de científicos forenses en las múltiples áreas. Llamo la atención al magistrado Procurador General y a los legisladores que componen la Comisión de Justicia de ese cuerpo legislativo, de que pudiendo haber INACIF, no necesariamente va a haber desarrollo de las ciencias forenses, de la Policía Científica, con un auténtico desempeño. Porque el INACIF no consultó a los pocos forenses del país, además de que está mal situado en la ciudad, a lo sumo sus oficinas sirven para realizar sólo tareas administrativas.
Existe una gran diferencia entre una Empresa y una Agencia jurídica especializada, sobre todo si ésta última tiene por misión el descubrimiento del delito a través de la manipulación de las pruebas (evidencias). En la empresa, el líder la organización puede ser un administrador, cuyo campo de acción lo sería la seguridad industrial, la producción, la planta física, la supervisión, la reparación de las máquinas y el mantenimiento de las mismas. Como administrador puede dominar procesos relativos a la institución en relación a los distintos recursos humanos y en la planificación. Pero en una agencia judicial, como el INACIF, como el INPF, como la Policía Científica de la P.N. se requiere de profesionales forenses.
En una agencia de investigación criminal, lo primero es el sesgo ideológico, el compromiso de sus autoridades con las normas legales de los procesos investigativos, la cuestión de la naturaleza judicial de ciertas diligencias que se llevan a cabo en esta organización, las aplicaciones procesales que inciden en lo penal y en lo civil, pero siempre al servicio de la administración de justicia todo el tiempo.
Por su origen, el proyecto de creación del INACIF tenía el propósito de integrar al Instituto Nacional de Patología Forense (INPF) y a los Laboratorios de Criminalsitica de la PN, y todos sus empleados debían pasar a formar parte del nuevo organismo, que en lo adelante será en muevo órgano de la investigación criminal, centralizando así importantes funciones de la Policía Judicial.
He gastado muchas horas de estudio en esta cuestión, porque creo que es el director el quien debe jugar un verdadero papel en el diseño de esta Policía Científica en la Política Criminal del Estado. Ahora me doy cuenta de que este organismo no debió abrir sus puertas después de la implementación del Código Procesal Penal, sino antes.
El Poder Ejecutivo tiene ahora una oportunidad histórica: redefinir la Policía Científica. Y por supuesto, sería un gran placer poder ayudar en toda la reorganización, y puesta en funcionamiento, adecuando de forma correcta los recursos humanos que necesita. Aunque la dificultad no está en la parte del Código Procesal Penal, sino la actitud del Ministerio Público al implementarla como parte de la Política Criminal del Estado.