LA PAZ, 10 ene (IPS) – Las calles de la ciudad de Cochabamba, la tercera más importante de Bolivia, permanecen bloqueadas en el tercer día de protestas laborales en reclamo de la renuncia del gobernador del distrito, Manfred Reyes Villa, por su posición a favor de la autonomía de la región oriental del país. Decenas de personas al borde de la desesperación aguardan un acuerdo entre las organizaciones sociales afines al gobierno izquierdista de Evo Morales y el prefecto (gobernador) del central departamento de Cochabamba, que permita el levantamiento de las medidas iniciadas el lunes y que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Más de 20 personas heridas, restos calcinados de puertas de la sede de la gobernación y vehículos incendiados quedaron como saldo de la manifestación contra Reyes Villa, opositor al gobierno nacional y que declaró su interés de obtener la autonomía regional, junto a los orientales departamentos de Santa Cruz, Chiquisaca, Tarijas y Beni.
Después de los duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes, la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, la capital departamental ubicada a 400 kilómetros de La Paz, aparenta un campo de batalla cubierto de escombros y con el ambiente aún contaminado de gases lacrimógenos policiales.
A ello se agregó la destitución del comandante departamental de Policía, Wilge Obleas, ordenada por la ministra de Gobierno (seguridad interna), Alicia Muñoz, apenas dos horas después de haber asumido su función. Empero, Morales corrigió personalmente la decisión de su colaboradora y ratificó su confianza en el uniformado.
Muñoz había censurado la actuación de la policía antimotines, que repelió un ataque de los manifestantes que incendiaron parcialmente el edificio gubernamental e intentaban tomarlo, obligando al gobernador a escapar usando un uniforme policial para camuflarse.
En diciembre, Reyes Villa, un capitán retirado del ejército, se pronunció públicamente a favor de una "independencia" del vecino departamento de Santa Cruz, una expresión que fue interpretada como secesionista, aunque luego el propio prefecto aclaró que su apoyo estaba orientado a una "independencia económica" y no territorial.
Posteriormente llamó a los habitantes de la región valluna a respaldar su propuesta de convocar a un nuevo referéndum departamental sobre la autonomía.
La iniciativa de Reyes Villa que desató la protesta de las organizaciones sociales, que respaldan al gobierno de Morales, llega seis meses después de la realización del primer referéndum nacional sobre las autonomías.
Cerca de 4 millones de electores fueron consultados sobre la autonomía el 2 de julio y la opinión mayoritaria en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fue en favor de la descentralización administrativa y política, mientras que los restantes cinco departamentos, La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, votaron por el "No".
La politóloga independiente María Teresa Zegada señaló a IPS que el conflicto tiende a una "agudización", porque el fondo del problema está relacionado a las expresiones públicas del prefecto Reyes Villa por las autonomías y, como consecuencia de ello, el pedido de su renuncia, dejando de lado los resultados de la gestión administrativa.
Morales designó a su viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, como portavoz gubernamental para obtener un acuerdo entre los sectores en conflicto y evitar nuevos hechos de violencia, pero los esfuerzos fueron vanos.
Zegada advirtió de posibles choques entre los sectores sociales que exigen la salida de Reyes Villa y el comité cívico que convocó a una marcha por la paz.
El conflicto se resume en una "disputa por espacios de poder y no hay posibilidades de diálogo" sentencia la experta.
Pero revela que detrás de las actuaciones públicas existe una susceptibilidad del gobierno de Morales por el terreno que Reyes Villa ha ganado a través de la inversión pública en zonas rurales y sus proyecciones de convertirse en un líder con posibilidad de concretar su viejo sueño de llegar a la presidencia de Bolivia.
Cochabamba se convirtió en el bastión de Morales, el primer presidente indígena del país que también lidera las seis federaciones sindicales de los cultivadores de hoja de coca del Chapare, una zona localizada en el semitrópico, y principal grupo social que defiende las transformaciones económicas y sociales impulsadas por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
La relación entre Morales y Reyes Villa es atípica, dice Zegada. Mientras el mandatario arrasó en las urnas el 18 de diciembre de 2005 para ocupar la presidencia desde enero de 2006, el prefecto consiguió un primer lugar en las preferencias y por ello ambos liderazgos gozan de legitimidad, dijo.
El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), de Cochabamba, Víctor Lima, dijo a IPS que continuarán las movilizaciones hasta la renuncia del prefecto e informó que sus afiliados, sumados a otras organizaciones laborales, realizan una vigila en las calles cercanas al palacio de la prefectura.
En La Paz, el vocero presidencial, Alex Contreras, acusó a Reyes Villa de promover una contra-marcha a través del Comité Cívico, una organización conformada por empresarios, comerciantes de las calles y juntas vecinales.
El inspector general de la policía, Fernando Peláez, declaró que los uniformados no tomarán la iniciativa en la represión y permitirán la realización de las marchas.
Acerca de la destitución del jefe policial departamental, explicó que se halla en statu quo y manifestó confianza en la restitución a sus funciones.
Pero las críticas más enérgicas surgieron del ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) y jefe de la agrupación Podemos, quien acusó al MAS de intentar "descabezar" a la prefectura de Cochabamba para convertir a la región en la "capital mundial del narcotráfico".
Durante la década del 80, la zona de Chapare fue la segunda mayor productora de cocaína del mundo, después de Colombia, y registró la existencia de unas 40.000 hectáreas de cultivos de la ancestral hoja de coca destinada a la producción del estupefaciente.
Actualmente los cultivos de coca, que son habilitados en el país para uso tradicional, se estiman en 25.000 hectáreas. (FIN/2007)