SANTO DOMINGO. -Dos comisiones de empresarios visitaron por separados en las últimas horas al presidente de la Cámara de Diputados y al secretario Técnico de la Presidencia en el Palacio Nacional a quienes plantearon su preocupación por el contenido de las modificaciones a la ley General de Electricidad. Una de las comisiones de empresarios visitó la cámara de diputados en la mañana de ayer y la encabezó la ex presidenta del Conep, Elena Villeya de Paliza quien pidió a Julio Cesar Valentín, presidente de ese hemiciclo, que el proyecto de reforma de la Ley de Electricidad sólo toque lo referido a las sanciones al robo y fraude de energía, pero que otros aspectos sean dejados para discutirse posteriormente.
"Nosotros entendemos y sabemos que hay cierto consenso a nivel nacional de que debe de fortalecerse los mecanismos de sanción de robo de la electricidad y si bien eso es necesario y es un requisito del Fondo, lo que hemos querido sugerir y tratar de ver si es posible de que realmente se concentre la atención en lograr una modificación a la ley que fortalezca los mecanismos de sanción, siempre respetando obviamente los derechos de los consumidores", expresó Elena Villeya.
Los empresarios también visitaron a los representantes de los distintos partidos que inciden en ese organismo legislativo, a quienes les expusieron las mismas sugerencias
Luego de la reunión entre Villeya y Valentin la Cámara de Diputados decidió este miércoles conocer por separado las modificaciones a la Ley General de Electricidad
El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, informó que a solicitud de los empresarios se conocerán primero los artículos que conciernen a la penalización del fraude eléctrico en la próxima sesión fijada para el 30 de este mes, y en la próxima legislatura ordinaria que inicia el próximo 27 de febrero, los que no tienen que ver con el fraude de electricidad.
LA COMISIÓN QUE FUE AL PALACIO NACIONAL
La otra comisión de empresarios estuvo presidida por Marisol Vincens quien visitó en el Palacio Nacional al secretario Técnico de la presidencia, Temístocles Montás, y según palabras de la empresaria en la reunión se produjeron acuerdos para que las actuales modificaciones a la Ley General de Electricidad se limiten al tema de la criminalización del fraude eléctrico.
Vicens, acompañada de una representación de empresarios dijo que se acordó" que sería saludable separar lo relativo a la criminalización del fraude eléctrico, que es un requisito para la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del resto del proyecto que contiene múltiples modificaciones a la Ley General de Electricidad".
Vincens, quien es la asesora legal de la Asociación de Industrias y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) refirió que tal propuesta le pareció "prudente y conveniente" a Montás, quien conversó sobre el particular con el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín.
Entre las modificaciones a la ley de electricidad acordada, Vincens citó la contribución de un 10% que se establece para los usuarios no regulados, y la facultad "discrecional" que se otorga a la Superintendencia de Electricidad en las licitaciones para los contratos de venta de energía.
Entre los representantes del sector empresarial que acompañaron a Vincens, están el presidente de la Asociación de Industrias, Manuel Diez, el ex-presidente del Conep, Celso Marranzini, y la directora ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
En un artículo publicado este jueves en el periódico el Caribe, Marisol Vincens explica con más detalles los motivos de la visita de los empresarios al secretario Técnico de la Presidencia en el que dice que la criminalización del fraude electrico es un pretexto para incluir cambio sin consensuar a la ley de electricidad.
“Bajo el pretexto de criminalizar el fraude eléctrico el Gobierno está pasando bajo la mesa una amplia modificación de la Ley de Electricidad, que tantos años costó consensuar, sin que la mayoría de estos cambios hayan sido discutidos y mucho menos consensuados en los múltiples seminarios celebrados para discutir el tema eléctrico” dijo la abogada empresarial.
“Lo peor es que esta modificación no entraña una mejoría del sector, sino que tiene como propósito legalizar situaciones que en la práctica se están produciendo, y afectar principios que deberían ser cardinales como la libre competencia, la neutralidad del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico (OC) y la competitividad de los sectores productivos” agregó Vincens.
Entre los cambios a la ley eléctrica no consensuados incluye la eliminación de disposiciones de la ley acordadas y “que exigen el nombramiento por concurso de sus principales ejecutivos y los requisitos de experiencia probada en el sector, a la vez que asegura la posibilidad de reelección en el cargo del superintendente sin someterla a evaluación”.
Dijo que igualmente contiene modificaciones a “disposiciones que afectarán el desenvolvimiento del OC, introduciendo un derecho a voto preponderante así como de veto de la Superintendencia y asegurando una mayoría de miembros estatales”
Sobre los usuarios no regulados escribe en el Caribe “no sólo son aumentados a 1.4 MW o más para tratar de legitimar la práctica de violación a la ley por las autoridades, sino que se establece una contribución de un 10% de la potencia y energía contratada a cargo del usuario en adición a los peajes que debe pagar, sin que nunca la misma haya sido objeto de debate en los innumerables foros celebrados en ánimos de consensuar una política energética”.
Explicó que el proyecto de ley eléctrica que se esta manejando actualmente busca golpear a la clase media al legalizar el subsidio de los consumidores que más pagan a los de menor consumo.
“Por otra parte, el proyecto legaliza el subsidio de los consumidores que más pagan a los que menos pagan, al establecer que la tarifa técnica se le aplicará sólo a los que consuman entre 301-1000 KW, y por encima de 1000 se pagará una tarifa superior para subsidiar a los de menos de 300, lo que afecta duramente a la clase media; a la vez que sanciona únicamente con prisión los robos de más de 1000 KW”.
dtg