En estos días se ha orquestado una campaña sucia contra la doctora Aura Celeste Fernández, impulsada por algunos miembros de la Junta Central Electoral, con el concurso de algunos medios de comunicación y un grupito de buscadores de prebendas del periodismo. Si usted quiere conocer los motivos de esa campaña, sólo tiene que leer lo que ha dicho esta honorable mujer desde que llegó a la Junta. Aquí está:
Sobre Junta: creo que debe ser un cuerpo en el que no hayan acuerdos de aposentos ni se lleven decisiones “amarradas”,
Como deben ser los jueces: Deben ser personas que cumplan su palabra, personas honestos y coherentes en sus actuaciones en la vida pública y privada; que piensen primero en el país; que vayan a las funciones públicas a servir y no a servirse de ellas y que se coloquen por encima de los intereses de grupo, que se constituyan en activos o reservas de la nación. Cuando un juez tiene que decidir en medio de situaciones tentadoras y difíciles, debe desechar sus apetencias y compromisos personales y grupales.
Sobre la Junta y los partidos políticos: La Junta no debe estar repartida, no debe tener como miembros a comisarios de partidos políticos o sectores, y a personas que se sientan deudoras de unos o de otros. Sólo se puede garantizar la transparencia e imparcialidad en un organismo de este tipo cuando no se responde a intereses de grupos.
Sobre las oficialías del estado civil: La tradición ha sido que las oficialías se repartan. En el pasado reciente se designaron familiares, amigos, esposas de jueces, como oficiales del estado civil, a todas luces para favorecerse. Esta práctica tiene que ser eliminada de raíz si es que tenemos la verdadera voluntad de adecentar esa función. Los jueces no nos podemos repartir las oficialías del estado civil.
Sobre las ventajas económicas.: Hay que lograr la transparencia en el manejo de los recursos económicos, comenzando con nosotros los jueces; eliminar el boato y el dispendio; las dietas y sobredietas a jueces y funcionarios allegados, que absorben cientos de millones de pesos del presupuesto de la Junta; someter cada compra, sin excepciones, a las normas y a los mecanismos de transparencia. Publicar en la página Web de la Junta todas las compras que se hagan, para que cualquier ciudadano o empresa pueda saber a quién compramos y a qué precio; eliminar las botellas; someter a un control estricto y supervisión permanente a los funcionarios encargados del manejo de las finanzas y de las compras, incluyendo en esto el plan de retiro, pensiones y jubilaciones de los magistrados jueces y funcionarios de la Junta que rige actualmente.
Tenemos un reto importante en transparentar nuestros ingresos como jueces de la Junta, al igual que los de otros altos funcionarios de la institución. A los jueces se les paga gastos de representación y un incentivo especial que corresponden exactamente al monto del impuesto sobre la renta que se le descontaba por nómina y al seis por ciento de la deducción para el plan de pensiones y jubilaciones. Esto quiere decir que los jueces y altos funcionarios, aunque se les descuenta el impuesto sobre la renta formalmente de la nómina y el seis por ciento para la pensión y jubilación, de inmediato se les reembolsan esos montos, como gastos de representación e incentivo especial con dineros del presupuesto de la Junta. Esa práctica hay que acabarla al interior de la Junta. Es un sistema de privilegios irritantes y de violaciones a la ley insostenible en una sociedad que se respeta.
Sobre el reglamento de pensiones: Es un reglamento ilegal e inconstitucional. Es ilegal, porque existiendo una ley general de pensiones y jubilaciones que rige a todos los funcionarios públicos, por vía de reglamento no se ha creado un régimen especial para disponer de fondos públicos. Esto podría hacerse si fuera un régimen que se alimentara exclusivamente de fondos privados. Y es inconstitucional porque viola el principio de igualdad y crea privilegios irritantes, lo que está prohibido por el artículo 100 de la Constitución. ¿Cómo justificar que un juez pueda ser pensionado con tan sólo cuatro años, mientras el mínimo que establece la ley para los demás funcionarios es de 20 de ejercicio en las funciones públicas, y más de 55 años de edad?. Pero además, esto da lugar al enriquecimiento ilícito pues si yo con tan sólo 4 años cotizando para el plan de pensiones comienzo a recibirla, el funcionario o empleado de la Junta que debe pasar 20 años contribuye con parte del financiamiento de los 16 años de diferencia.
Sobre el contrato para la automatizar el registro electoral y establecer el voto electrónico, firmado con la empresa SOMO: Como Nadie puede ser juez y parte, lo recomendable es que el magistrado Roberto Rosario se inhiba dentro de la Junta en todo lo relativo al contrato con SOMO. Así lo he sostenido firmemente en el pleno, en dos de las ocasiones en que se ha reunido. De lo que se trata es de transparentar esa operación ante la ciudadanía, en aras de la credibilidad y confianza, en la transparencia y honestidad del organismo electoral.
Sobre las botellas: No se concibe que en un mismo departamento figuren papá, mamá, hermano, cuñado, yerno, nuera, y además unas desproporciones enormes en cuanto a los salarios. Hay muchos departamentos en la Junta donde los empleados fueron nombrados en función de la familiaridad que tenían con determinados jueces al interior de la Junta o por amiguismo con algunos dirigentes de los partidos políticos, y eso debe terminar.
Creo que no hay que explicar más nada. La mayoría de los miembros no van a estar de acuerdo con nada de esto. A muchos los que les interesa es perpetuar el reinado de la porquería en la Junta. Eso es todo.
