Muchos no lo han entendido aún, pero ha llegado el tiempo de las ciencias forenses en la República Dominicana. Desde luego, existen instituciones que ejercitan las ciencias forenses, y lejos de recoger las cosechas de un correcto desempeño tienen, en cambio, bien merecidas algunas quejas, porque, hay un serio problema de diseño y porque hace falte un debate abierto sobre la realidad de las ciencias forenses en el país. Es tiempo de que los legisladores se involucren, visitando sus instalaciones o convocando a los facultativos de las ciencias forenses, ya que sus autoridades no están calificados para la misión que tiene a cargo: ¿La razón? No son forenses.
Ahora me voy a referir a dos de estas instituciones en lo específico. Se trata del Instituto Nacional de Patología Forense y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ninguno de los dos creados por ley especial, sino apresuradamente puestos a funcionar mediante decreto y resolución. Cada una en su momento. Su historia es digna de ser contada, aunque lo que realmente importa tiene que ver con otras dificultades de carácter estructurales y del presente. Algún lector estará de acuerdo en que estas Agencias están ocultas a la población, y creo que a los legisladores les daría mucha pena admitir que no se han ocupado de ellas como debieran.
La edificación misma dice cual es la realidad de estas instituciones, y debe llamar la atención de sus operadores y funcionarios del Ministerio Público, y del Poder Ejecutivo. El INACIF, mal situado en la ciudad, a lo sumo sus oficinas sirven para realizar tareas administrativas. Del Instituto de Patología, la misma ciudadanía ha expreso lo que piensa.
Con la creación del INACIF lo que se esperaba era la integración en un mismo organismo el funcionamiento de la Policía Técnica Judicial. Que el Instituto Nacional de Patología Forense evolucionara a la forma del INACIF, y que el tema de la medicina legal en el país pueda ser centralizado en un solo organismo. Ya hemos señalado lo mismo en cuanto a la Policía Científica de la PN.
Parece haber una confusión entre el concepto de instituto, y el concepto de administración forense. De acuerdo a nuestra experiencia, estas Agencias funcionan de acuerdo a estándares internacionales y eso solo es posible en base a un personal cualificado: la comunidad de forenses, que de estar organizada alcanzaría la forma de una Sociedad de Forenses, o de Cuerpo Médico-forense (se prefiere la palabra “médico” por ser una ciencia madre, pero en esta organización estarían involucradas muchas otras disciplinas y técnicas).
El país tiene derecho de saber, que a pesar de que el INPF está ahí, no hay patólogos forenses dirigiendo ese organismo, ni muchos menos formados, por lo hay que cuestionar la Residencia de Medicina Forense que se creó en el 1996. No es correcto que se continúe llamando así, pues no le corresponde a los médicos generales realizar funciones de patología forense. (La Patología forense es una sub-especialidad de la Patología Clínica y los primeros patólogos forenses debieron formarse en el extranjero). Pasa lo mismo con el INACIF, que a pesar de que está ahí el instituto, no necesariamente va a haber un desarrollo de las ciencias forenses ni mucho menos un auténtico desempeño.
Se debe uno preguntar desde donde se va a desarrollar y a promocionar el ejercicio de la profesión de forenses, y con qué criterios. Con sinceridad no llegué yo mismo a sentirme miembro de ese organismo; ahora me acongoja el sentimiento de ser el único que da la cara para advertir a los líderes del poder fáctico que existe un real y efectivo problema de diseño en el INACIF, y que no ha podido producirse la comunidad de forense, los que al ejecutar las variadas operaciones y diligencias que le son propias, tienen el derecho de sentir que liderean algo en la institución de marras.
He gastado muchas horas de estudio en esta cuestión; ahora me doy cuenta de que este organismo no debió abrir sus puertas después de la implementación del Código Procesal Penal, sino antes. Y hoy, a casi dos años de su apertura, al pasar revista a su desempeño, comprendo que la edificación es una clara señal de muchos no entienden bien este asunto de la investigación criminal y raudo se aventuran a proponer tonterías. Recomiendo volver al proyecto que se intentó en el 2002, desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en que tuve el privilegio de ser uno de sus asesores.
Al crear el INACIF se ha dado un mal ejemplo de democracia interna, pues, no se consultaron los forenses del país y no se aceptó que el mismo fuera dirigido por uno de ellos. El maestro Sarita Valdez jamás ha entrado al edificio del INACIF, en señal de desacuerdo, y porque no está de acuerdo que una persona que no es forense dirija la Sub-dirección Médica del Instituto; a mi no se me permitió concursar para el puesto de director, que terminó ocupando un ingeniero industrial. ¿Quiénes se sienten, pues, con sinceridad miembros del INACIF? No lo sé, pero aunque muchos no quieran admitirlo no tendrán razón alguna para decirle al país por qué dirigen en el organismo. Al sistema de administración de justicia penal del país le hacen falta críticos, lo decimos con toda sinceridad.
