SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos dispuso este viernes auditar los bienes incautados a personas detenidas por narcotráfico, entre otras actividades ilícitas, a los fines de determinar en qué situación están, su valor y solicitar la anuencia de sus dueños para “para subastarlos de la manera más expedita”, para evitar que siga el continuo proceso de deterioro de los mismos.
El propósito es evitar que esos bienes se sigan deteriorando, con en efecto ocurre, y procurar que los mismos sean vendidos a terceros, previa autorización de sus propietarios, a los fines de que “no sigan perdiendo valor”, afirmó la presidenta de la institución, doctora Mabel Féliz Báez, durante una dilatada reunión con los demás integrantes de esa unidad, entre ellos el procurador general, Radhamés Jiménez.
“Hemos decidido reclamar una auditoría de todos los bienes incautados por las agencias involucradas en la lucha contra el crimen, es decir por la Dirección Nacional de Control de Drogas y por el Ministerio Público, porque este Comité tiene que saber qué hay y el valor de esos bienes”, declaró la funcionaria durante el desarrollo del encuentro, en el que participó el jefe de la DNCD, mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira.
Féliz Báez dijo, igualmente, que “se buscará la forma de vender los bienes retenidos, previa autorización de sus propietarios, para que no se sigan deteriorando, pero eso hay que reglamentarlo, además de que vamos a reglamentar la asignación y devolución de esas propiedades”, valoradas en muchos millones e pesos. No pudo cuantificar el monto, en pesos y dólares, de las propiedades retenidas.
Reclamó a las entidades involucradas en la investigación y persecución del narcotráfico y crímenes conexos, así otras actividades ilícitas, que rindan un informe de las propiedades que administran para saber la cantidad de las mismas y su valor. Ramírez Ferreira dispuso de inmediato una auditoría de los vehículos y propiedades bajo control de la DNCD “para que de inmediato sea puesta en manos de este Comité”.
Féliz Báez dijo que hay precendente en ese sentido, y citó el caso del helicóptero retenido al extraditado capo Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don), quien autorizó la venta de la aeronave para evitar que esta se deteriorara en hangar de la Base Aérea de San Isidro. “Hay que evitar que esos bienes se sigan deteriorando, pero tenemos que saber en qué condiciones están”, agregó la funcionario.
Indicó que la Ley 27-02, Sobre Lavado de Activos, “es clara y precisa sobre la administración de los bienes incautados”, legislación que mencionó al admitir que el Comité de Lavado no tiene el control sobre los mismos, debido a que no recibe los informes de las instituciones del sector, comenzando por el Ministerio Público, la DNCD y la oficina a cargo del señor Frank Matos.
“La ley establece que esos bienes deben ser mantenidos en buen estado”, recalcó Féliz Báez en el encuentro con los miembros de la entidad, entre ellos Heiromy Castro y Efraín de los Santos Suazo, representantes en Comité de la Superintendencia de Bancos y de la Secretaría de Hacienda; así como el coronel Manuel Joaquín Socías, director de Investigación Financiera de la DNCD; y la doctora Dulce Luciano, secretaria.
Todos los presentes, encabezados por el procurador y el jefe de la DNCD, apoyaron la iniciativa de la presidenta del CND en el sentido de que es necesario transparentar el manejo de los bienes retenidos, porque siempre ha existido la sospecha de que “hay una especie de descontrol sobre los mismos”. Y por eso el magistrado Jiménez dijo que “es necesario crear un mecanismo transparente de subasta”.
“Hay que buscarle una rápida solución a eso. Se pueden incluir todas las infracciones”, dijo el procurador, de acuerdo a una declaración escrita suministrada por intermedio del periodista Roberto Lebrón, vocero de la DNCD, quien acompañó al mayor general Ferreira y al coronel Socías el encuentro en el Comité Nacional de Lavado de Activos. “Hay que actuar con transparencia”, dijo Jiménez.
El funcionario dijo que esa entidad tiene que recibir un informe detallado de todos los bienes incautados, sea dinero, joyas o propiedades muebles e inmuebles, tras indicar que ningún miembro del Ministerio público puede tener esos bienes en cajas fuertes sin notificarlo. Expuso que instruirá a los procuradores fiscales para que rindan los informes de lugar y depositen el efectivo en cuentas bancarias.
9 de febrero, 2007.-
