El destape de los incentivos en la Junta Central Electoral y el último fallo del pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre un recurso de casación interpuesto por los acusados del caso Plan Renove, son las últimas señales del derrotero de la corrupción en el país. Hablo del robo descarado de la cosa pública y no de los niveles alarmantes del narcotráfico, que evidencia, por la forma activa y responsable con que la actual DNCD lo viene persiguiendo y declarando, que en las pasadas gestiones, más que combate contra ese mal, había temor, complicidad y encubrimiento.
En el caso de la JCE, tras el escándalo llevado responsablemente a la palestra por Aura Celeste Fernández y el “apoderamiento” de la Càmara de Cuentas para que diga si son legales o no dichos incentivos, vino la mea-culpa del juez Mariano Rodríguez, Presidente de la Càmara Contenciosa del organismo, quien reveló que devolvió más de 130 mil pesos al descubrir que eran equivalentes al monto que debería pagar al fisco por Impuesto sobre la Renta, al SAVICA y por concepto de ley de jubilación.
Rodríguez, quien previamente había dicho que no fue a la JCE a empobrecerse, dejó evidenciado que el grupo de jueces que le antecedió, del que formaba parte el actual presidente de la Càmara Administrativa Roberto Rosario Márquez, se jubilaron de forma privilegiada y fraudulenta con dinero que nunca pagaron al fisco, vale decir, con la evasión de impuestos, lo que resulta un burdo y descarado acto de corrupción.
Hay quienes señalan que entre ellos los hay que gozan de otras jubilaciones igualmente suntuosas por haber “servido” a otras instituciones del Estado, entre ellas, la fábrica de “héroes” y “sacrificados” que llaman Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Mientras la opinión de la mayoría de esos jueces, entre ellos, la otra dama Loyda Piña, es defender los incentivos y que el caso se dé por cerrado, Aura Celeste volvió por sus fueros y reclamó al pleno de la JCE del que forma parte, que anule el reglamento del Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones por considerarlo inconstitucional y discriminatorio.
Bebió pedir también que se auditen todas las decisiones tomadas por los “patriotas” que han dirigido la Junta Central Electoral en los últimos diez años, ya que los casos SOMOS y el de la falsificación de cédulas y actas de nacimiento, no son los únicos verdaderamente corruptos y escandalosos que podrían estar ocurriendo allí, con la complicad de pasados y actuales funcionarios.
A juicio de la dama, con ese plan se viola el artículo 46 de la Constitución y las leyes 87-01 y 379 de 1981. En el caso de de las leyes, ambas rigen y gravitan sobre el nuevo sistema de seguridad social y el anterior régimen general de retiro, pensiones y jubilaciones de todos los asalariados del país, especialmente para los funcionarios y empleados del sector pùblico.
El artículo 1 de la 379 establece que para que un funcionario pueda disfrutar del derecho de jubilación deberá tener por lo menos 20 años de servicio al Estado, y resulta que los pasados jueces se pensionaron de forma privilegiada con apenas tres y cuatro años en la JCE.
De manera, que a donde bebió ir el caso para ser conocido desde el punto de vista moral o legal, no fue a la Càmara de Cuentas, donde el pleno de sus jueces goza de privilegios similares, sino, al Departamento de Prevención de la Corrupción (DPCA), cuyo director, el correcto Octavio Lister, es el mismo que acaba de anunciar que puso su cargo a disposición de sus superiores, decepcionado por las últimas decisiones judiciales por asunto de corrupción.
Entre esas decisiones está la última emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró nulo el proceso mediante el cual fueron condenados con penas benignas mediante ratificacion de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, los acusados de haberse robado más de 1 mil 800 millones de pesos a través del llamado Plan de Renovación Vehicular (Renove).
Ya antes esos acusados habían sido favorecidos por una sentencia de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional integrada por los jueces Ignacio Camacho, Nancy María Joaquín y Luís Omar Ramírez, que por su escandalosa lenidad tuvo que ser casada y enviada al tribunal de apelaciòn que ratificò las fràgiles penas iniciales.
Pese al voto disidente de Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía, Víctor José Castellanos Estrella y Dulce María Rodríguez, quienes hicieron público su criterio de que el recurso de descargo debía ser rechazado, no entiendo la nueva conducta del pleno de la Suprema que evidencia contradecirse con la anterior sobre el mismo caso.
Incluso, en la primera ocasión la SCJ regresaba al expediente original a Sequío NG de la Rosa y Jhonny Morales, que por razones de complacencia habían sido dejados fuera.
El vaivén envía de nuevo el expediente a la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en donde no serìa extraño, para decirlo en lenguaje jurídico, que los jueces que integran ese tribunal, se inhiban para conocer el caso o decidan sobreseerlo por falta de pruebas, lo que es igual a dejar el procedimiento sin curso inmediatamente ulterior para que caiga en el limbo.
El Presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, quien había jurado que desde su púlpito hablaría como Dios a Moisés, reaccionó exasperado en días recientes cuando la otra dama Alejandrina Germàn, que habla sin traslapos al igual que Aura Celeste, había mostrado su preocupación por el fenómeno delincuencial, considerando entre sus principales causas la lenidad judicial y la impunidad.
Alejandrina habló con conocimientos de causa y debido a que la secretaría de Educación que dirige, ha hecho varios sometimientos a la justicia por corrupción y ninguno de los responsables ha ido a las cárceles.
Al responderle, Subero Isa lo hizo como todo un sociólogo de barricada, y señaló que el auge de la delincuencia se debe a la falta empleo, seguridad social y a la mala educación, que según él recibe el pueblo dominicano.
Lo cierto que no entendí a que tipo de educación se refirió el Presidente del máximo tribunal de justicia, si a la que se hereda en el seno de la familia, la que se aprende de manera asistemática en la sociedad o la que se imparte en escuelas y universidades.
A cualquiera de esos ámbitos que fuere, hay que decir que todos los corruptos de este país que hoy gozan de tratos privilegiados en los tribunales, y por lo tanto de impunidad, mientras los pobres y los que se roban un salami sufren cárceles y confinamientos, han pasado por las aulas y el grueso han obtenido títulos universitarios y hasta màsteres.
Si el magistrado Subero Isa quiere saber el posicionamiento de la justicia al día de hoy, tras las últimas decisiones de su alzado tribunal y algunos que manejan expedientes por narcotráfico y corrupción, que le pregunte a un “chusco”, a ver si le devuelve el sentido de la perdida frugalidad o lo arma de un tolerante humor para contestar.
Lo mismo le sugiero al Presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Castaños Guzmán, porque la verdad es que ambos organismos andan hoy en la picota del decir popular. Alguien hablarà de picada.
Y que se sepa que en la antigua Grecia y la posterior Roma, picota era, en el primero de los casos, la columna de piedra o ladrillo que había a la entrada de algunos lugares, donde se exponían a la vergüenza pública las cabezas de los ajusticiados y los reos que cometían crímenes terribles.
Ya lo decía Matos Méndez: “a mi me llaman loco porque el mundo es al revès”.
