Debiera llenar de satisfacción la determinación con que dice el director del Departamento de Prevención de la Corrupción está dispuesto a perseguir uno de los delitos que más ha limitado el desarrollo de esta nación.
Porque a causa de ese terrible mal han desaparecido las empresas de Corde, los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y predomina en la nación un espíritu servil, abominablemente mercantil.
Pero el arrebato del doctor Octavio Líster contra la corrupción no es más que una pose de mal comediante. Si en verdad fuera sincero hubiera comenzado, para despejar dudas, por expedientes que datan de la primera administración del presidente Leonel Fernández que cursan en los tribunales. Verbigracia: el sonado Programa de empleo mínimo eventual (Peme), del que ahora se dice que hasta se le han perdido piezas claves.
Todavía no quiera remover el pasado, daría Líster una apreciable demostración de ecuanimidad y firmeza con perseguir escándalos que han sacudido esta Administración, como los relacionados con la decoración y equipamiento de la sede del Poder Judicial; la terminación de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), compra de equipos sin licitación para la Policía e irregularidades que se han denunciado en las Fuerzas Armadas.
Pero resulta, al menos como ha evidenciado su prédica, que el Plan Renove y la ridícula acusación contra el ex administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez, simbolizan para él en su grado más elevado la corrupción pública. Y resulta que el caso Renove comenzó viciado desde un principio con la exclusión del expediente, por el propio Depreco, de empresarios como Juan Hubieres. Pero además para el politizado programa hubo licitación y los vehículos son pagados por los adquirientes.
Si hubo alguna distribución irregular de vehículos, que es el delito que se atribuye, por ejemplo, al doctor Pedro Franco Badía por ejecutar una orden del Presidente a favor de iglesias, asociaciones de estudiantes, cooperativas y otras entidades cívicas, lo que tiene que hacer el Gobierno es incautarlos. Ahora, si la distribución de Franco Badía es ilegal, también lo son las donaciones de vehículo y apartamento del Gobierno a deportistas como Félix Sánchez.
A nombre de la lucha contra la corrupción el director del Depreco ha incurrido en abuso de poder, que no ha podido disfrazar con teatralidades para intimidar a la Justicia y sugestionar a la opinión pública, porque es mal actor. ¿Cómo justifica Líster la exclusión de Hubieres y el sometimiento de Antonio Marte si los dos hicieron lo mismo? Si la Justicia despolitiza el expediente al menos acusados como Franco Badía, quien no hizo más que asignar unidades, merecerían un desagravio. Pero ni pensarlo, porque es el blanco político.
En cuanto a César Sánchez, el otro caso invocado por el director del Depreco, se probó que había devuelto el dinero que se le atribuyó haber desviado para otros fines. Como el delito no es selectivo, tiene el funcionario los escándalos actuales para demostrar la sinceridad de su determinación y no quedar como turiferario del poder y pésimo comediante.
