Toda la bulla que se ha hecho estos días en cuanto a suplantación de identidades quedó silenciada con una de las revelaciones más explosivas y alarmantes, como la formulada por el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) sobre la penetración por el narcotráfico de los organismos de seguridad del Estado. Pero esa denuncia del vicealmirante Sigfrido Pared Pérez, lejos de movilizar contra una práctica inaudita y perversa a actores políticos y sociales que se han atribuido un rol protagónico como cancerberos de la vida pública, no hizo más que sacar a relucir la hipocresía y veleidades que caracterizan el cacareo contra la corrupción y el descalabro moral. Nadie pareció darle la importancia que ameritaba, evidenciando así la era teatral en que vivimos; una era que se manifiesta no sólo en las mutaciones de los actores, que en cierta forma ilustran la fragilidad del cuerpo en que se asienta y estructura la sociedad dominicana, sino en actos que dan vida a la farsa, consolidando y justificando el pesimismo sobre el destino de esta nación. Aunque no acabemos de aceptarlo y, antes que la verdad, querramos engañarnos con imágenes virtuales, la realidad es insustituible.
El silencio no puede ser la respuesta a una denuncia tan comprometedora como la del director del DNI en el sentido de que narcos, algunos pedidos en extradición, han penetrado los organismos de seguridad del Estado para retirar sus fichas y, en su lugar, colocar a inocentes. Máxime en medio del malestar y la violencia que se atribuye al incremento de un negocio criminal, calificado como una de las pestes de estos tiempos.
Pero aunque la indiferencia dejara como campana sin badajo la gravísima denuncia de Pared Pérez, la de identidad, como se ha definido la falsificación de cédulas, no es la única suplantación de la que hay quejarse en el país. Hay otra inquietante y que por igual retrata en cuerpo y alma a los actores sociales y las condiciones del país, que es la de instituciones.
El camino al Palacio Nacional se ha convertido en la vía más expedita para dirimir conflictos institucionales, afianzándose de esa forma la antidemocrática y autocrática tradición que coloca el poder político y la figura presidencial sobre las leyes. La práctica, que volvió a reeditarse con motivo del movimiento de los síndicos por la reducción ilegal de la asignación presupuestaria a los ayuntamientos, representa una dolorosa estocada al sistema institucional.
Peor todavía que el arreglo para dejar sin efecto las acciones que se proponían los síndicos se verificara en medio de solemnes aprestos para modificar la Constitución de la República, que se supone la base del sistema jurídico. El mensaje es desalentador, porque si no se respetan los mandatos actuales para qué entonces se quiere reformar la Carta Magna. Se dice que hasta la Suprema Corte de Justicia optó por una salida extra-institucional a la violación de su presupuesto para este año. Así, tanto como suplantación de identidades para maniobras tan perversas como las denunciadas por el director del DNI, sospechosamente en el aire, hay que hablar también de debilidad institucional.
¡Silencio de los inocentes o moral de los cínicos? No sé.
