En unas declaraciones ofrecidas recientemente por los sindicalistas, Antonio Marte y Juan Hubieres, afirman que están dispuestos a vender sus unidades “a los ricos del país”, al tiempo que los exhortaron a incursionar en el negocio.
Sin embargo, los citados empresarios del transporte, sostienen que los “ricos del país” no invertirán en el sector transporte, porque –según ellos-, saben que no es rentable.
Agregan además, los señores Marte y Hubieres, que el gobierno a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, mantiene una competencia desleal contra ellos.
Cuando afirmo que hay que tomarle la palabra a los señores sindicalistas, me refiero claro está al gobierno, ya que es quien “traza” o debería trazar una política nacional de transporte público, dirigida en primer lugar, a garantizar el funcionamiento de una flota vehicular que brinde un servicio con calidad, con seguridad, con unidades limpias, en buen estado y choferes decentes y uniformados.
Pero además, con un servicio de rutas con frecuencias estables, el cual le garantizaría al obrero o empleado, que estaría a tiempo en su lugar de trabajo, al estudiante asistir cómodamente a su escuela o universidad, y a cualquier otro ciudadano que por la razón que sea, aborde un vehiculo de transporte público.
Considero que la OMSA no compite de forma desleal contra el desordenado, inseguro y caro transporte que ofrecen los sindicalistas del transporte, puesto que el 60 por ciento de este servicio lo ofrecen los llamados carros del concho, y estos han partido hasta en seis veces las rutas que realizan.
O sea, mientras una unidad de la OMSA realiza un trayecto que se extiende desde Los Alcarrizos hasta Hainamosa, por diez o cinco pesos, para hacer el mismo trayecto, un ciudadano común tendría que pagar, 80 pesos, puesto que son unas ocho rutas.
Pero además, los sindicalistas se han convertido en los dueños de las calles hasta del uso del suelo, ya que se han adueñado de las esquinas, arrabalizando completamente nuestras ciudades, ensuciándola y anarquizándola.
Es por ello, que el gobierno les debe tomar las palabras, y tomar de una vez -o por primera vez-, el control de la directriz del transporte público de pasajeros en la República Dominicana, y hacerles ver a los señores sindicalistas, que es el Estado el dueño de las calles, de los parques y de las carreteras.
Entiendo que las autoridades deben abrir todas las rutas de la capital, la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana y demás ciudades de importancia, a un concurso público, para que empresas como Caribe Tours, Metro, Espinal, Terrabus y otras, incursionen en este sector, pero con un sentido empresarial de servicio.
Considero que estas empresas pueden ofrecer un servicio público de pasajeros, como se lo merecen los ciudadanos dominicanos, con intervalos de llegadas, con paradas establecidas, con unidades dotadas con aire acondicionado y choferes decentes y bien vestidos.
Pero además, con paradas establecidas fuera del perímetro de la ciudad, donde estén instalados sus talleres, lavaderos y depósitos.
Es hora ya de que al ciudadano se le brinde un servicio de transporte público decente, rápido y seguro.