LIMA, (IPS) – La excarcelación de imputados de narcotráfico se ha convertido en una práctica usual de la justicia peruana.
John Salazar Paredes, procesado por la fiscalía antidrogas como cabecilla de una organización dedicada al lavado de activos del narcotráfico, salió en libertad en la primera semana de marzo sin que transcurriera ni un año desde su captura. El delito que se le imputa amerita 25 años de prisión, sin derecho a beneficios penitenciarios.
La estrategia defensiva de los narcotraficantes se basa en recurrir a ciertos jueces para reclamar la garantía del hábeas corpus contra el arresto, alegando falta de pruebas. En este caso, el magistrado Juan Carlos Ramos falló a favor de Salazar sin informar de su decisión al juez a cargo del proceso contra el acusado, y tampoco lo hizo a la Procuraduría Pública para Asuntos de Tráfico de Drogas, como obliga la ley.
Cuatro días después, Ramos fue separado de su cargo por la Oficina de Control de la Magistratura, mientras los tribunales ordenaban la recaptura del imputado.
Pero éste no es el primer caso.
En noviembre, Pilar Tam Palomino, esposa de Salazar acusada de pertenecer a la organización criminal que encabezaba su marido, obtuvo su libertad por la misma modalidad: un hábeas corpus gestionado ante un juez.
Salazar y Palomino fueron acusados en mayo del año pasado como líder e integrante respectivamente de una organización que lavaba dinero y bienes del poderoso narcotraficante peruano de origen holandés Ment Dijkhuizen, empresario que usaba cuyo negocio público era la exportación de espárragos, alcachofa y mangos enlatados a Estados Unidos y Europa, en los que ocultaba cocaína de alta pureza.
En noviembre de 2005, la policía del puerto holandés de Rotterdam descubrió 1,6 toneladas de cocaína camufladas en latas de conserva de espárragos de una empresa de Dijkhuizen. En la computadora y agendas del narcotraficante había referencias a numerosas transferencias de dinero efectuadas a nombre de firmas de fachada controladas por Salazar, primo del peruano-holandés, y su familia.
"Hay indicios sólidos de la relación de Salazar con Dijkhuizen y de su participación en el lavado de activos obtenidos del narcotráfico. Por eso lo denunciamos junto a su esposa Pilar Tam, a su padre, William Salazar Cáceres, y a sus hermanos Hebert, Hernán y William Salazar Paredes", explicó a IPS la fiscal antidrogas Ana María Ley.
Este tipo de excarcelaciones de procesados se repite en distintos puntos del país, con jueces cuya conducta despierta sospechas de venalidad. El 30 de enero, el juez Pedro Pablo Cornejo, de la localidad norteña de Lambayeque, acogió tres hábeas corpus de miembros de una banda de narcotraficantes condenados poco antes a 25 años de prisión.
Los beneficiados, los hermanos Robert y Nelson Díaz, y Napoleón Zamora, fueron sentenciados y hallados culpables del acopio de 3,5 toneladas de cocaína detectada cuando estaba a punto de ser enviada a México, en enero de 1995. Los tres pertenecían a la organización "Los Norteños", una de las más poderosas del país.
El mismo 30 de enero, Miguel Ángel Morales, ciudadano de México, fue condenado a nueve años de prisión por su vinculación con un grupo que, a cuenta del mexicano cartel de Tijuana, se disponía a exportar 1,7 toneladas de cocaína en 2002. Menos de cuatro semanas después de la sentencia, el juez Iván Torres acogió un hábeas corpus de Morales y ordenó su liberación.
En ese caso, sin embargo, las autoridades del penal Miguel Castro, donde purgaba condena Morales, alertaron a la justicia sobre la sospechosa orden de excarcelación, lo que permitió evitarla.
"En el caso de Morales tuvimos suerte de ser alertados a tiempo, pero se trata de una excepción", dijo a IPS la procuradora pública para asuntos de tráfico de drogas, Sonia Medina, dependiente del Ministerio del Interior. "Muchas veces los jueces no informan a mi despacho de sus decisiones, impidiéndome actuar conforme a ley".
De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Delito, en los últimos cuatro años la producción de cocaína en Perú aumentó notablemente. En 2005, el potencial de producción era de 180 toneladas.
El director de la Comisión Nacional para el Desarrollo Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro, confirmó a IPS que los grandes carteles mexicanos han comenzado a operar en Perú y, como resultado, la exportación ilegal de drogas ha aumentado.
Sin embargo, el gobierno de Alan García no ha adoptado medidas extraordinarias para enfrentar el crecimiento del narcotráfico. Al contrario, desactivó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de la detección del lavado de activos ilegales, especialmente originados por el narcotráfico.
En lugar de la UIF, que tenía autonomía administrativa y financiera, el gobierno creó una oficina dependiente del Ministerio de Economía.
La UIF pertenecía a una red de organismos del mismo tipo en cien países, el Grupo Egmont, del que Perú sería expulsado al haber perdido esa entidad autónoma.
En opinión de la procuradora Medina, "no hay decisión política para afrontar al narcotráfico".
"Las excarcelaciones ilegales son una manifestación más de que en Perú el poder del crimen organiza crece cada día más. Lamentablemente, debo decir que su influencia llega al Poder Judicial", añadió.
Perú es considerado ahora el segundo mayor productor de cocaína del mundo, después de Colombia. Pero sólo tiene una procuradora antidrogas, Medina, quien en 2000 tuvo a su cargo 3.757 expedientes judiciales, mientras el año pasado trabajó en 6.927 casos.
"Esto significa que los casos del narcotráfico han crecido en cinco años más de 30 por ciento", señaló Medina, quien ha denunciado numerosas amenazas de muerte. "Los narcotraficantes se sienten más fuertes que nunca", afirmó.
(FIN/2007)
