WASHINGTON.-Anunciar que República Dominicana se hará parte de más Tratados de Libre Comercio con países como Canadá, Taiwán, México y otro con ALCA. (Ver DiarioDigital 3/14/07 Oficina de Negociaciones Comerciales, Julio Tous), genera no sólo entusiasmo entre políticos y ciudadanos de todos los colores, sino además orgullo.
Después de todo, ¿quién podría negar las bondades del libre comercio, más aún cuando ahora está globalizado y RD-CAFTA es aceptado como socio con todos los honores en EUA?
Olvidamos que el fuerte siempre se protege.
Si estudiamos el “Farm Bill” Ley Agrícola, presentado por la Administración Bush en 2007, parecería introducirse una nueva tendencia. ¿Cómo nos afectara esto en RD?
El actual “Farming Program”, que continúa con una tradición iniciada por el presidente Franklin Roosevelt, quien firmó el primer apoyo a la agricultura en 1934, fue aprobado por el presidente Bush en el 2005, uno de los mas intervencionistas y generosos de la historia, con subsidios al agricultor de EUA de 98 mil millones de dólares por 5 años. Incluye una serie de programas federales, que ofrecen incentivos a los productores y otras ayudas para complementar sus ingresos, sostener precios de los productos y balancear la oferta y demanda. Solo en el 2006 el gobierno otorgó 18 mil millones de dólares para estos programas.
Este año expira y la Administración Bush ha propuesto reducirlos drásticamente, después de viaje a Latin America, lo que asegura una dura oposición principalmente desde miembros del Congreso provenientes de estados agrícolas. El nuevo programa busca reducir subsidios a los productores comerciales de mayores ganancias, a la vez que eliminar concesiones y otros beneficios a productores. En un momento en que tanto miembros del Congresos como otros grupos de presión están buscando reducir el consumo de gasolina a través de energías renovables, el Presidente Bush busca tomar ventaja del apoyo popular que tienen estas medidas para forzar al Congreso a revisar los subsidios agrícolas y otras protecciones al maíz y a sus derivados como el etanol.
Pero en la negociación participarán también grupos de interés que van mas allá de los productores, como los medio-ambientalistas, que están empujando por cultivos y plantaciones que protejan el planeta, las asociaciones de comida rápida y restaurantes, como el Global Food Alliance que abogan por menores precios de sus materias primas, y los grupos republicanos que están en contra de programas federales que aumenten el gasto e intervengan en los mercados. Los grupos defensores del libre-mercado están empujando fuertemente la eliminación de los subsidios y la apertura a competir con productores agrícolas de todo el mundo, que traería grandes beneficios para los consumidores, y sería una excelente estrategia para mejorar relaciones políticas y comerciales con otros países.
La decisión del Congreso acerca de los subsidios agrícolas generara consecuencias no solo en términos de las negociaciones de la ronda de Doha, sino también para acuerdos bilaterales de comercio. Hace unas semanas Fisher Boel el Comisionado para Agricultura de la Unión Europea mencionó que le parecía positiva la propuesta del Presidente Bush, y que podría presentar una oportunidad para acercar posiciones en la Ronda de Doha. Una de las principales razones del “impasse” se refiere a las quejas de la Unión Europea sobre los efectos distorsivos de los subsidios al campo americano, y a su vez, oposición de grupos productores en Estados Unidos que alegan las tarifas en Europa limitan su entrada a ese mercado. La nueva ley podría significar un comienzo de acercamiento.
Estados Unidos y otros países desarrollados están enfrentando fuertes demandas de naciones en desarrollo para reducir subsidios y tarifas. ¿Cumplirán en un ano preelectoral?
Por impopular que pueda parecer, me propongo demostrar a lo largo de este texto que las promesas del generalizado progreso y bienestar que se suponen del libre comercio globalizado y de sus correspondientes tratados, son no sólo una gran ilusión, sino que un gran fiasco que sólo logra sustentarse sobre la base de una planificada desinformación pública a nivel mundial, promovida por los oligopolios transnacionales que son los únicos realmente beneficiados.
Detrás de todo gran proceso histórico hay un lenguaje dominante. El que se ha hecho dominante en los tiempos actuales, corresponde a la ideología neoliberal. Ideología, por cierto, tan poderosa, que ha logrado en tres o cuatro décadas, lo que el Cristianismo y el Islam no lograron en dos mil años: conquistar el mundo entero. De hecho estoy convencido de que el lenguaje neoliberal sólo puede entenderse si se lo analiza como lenguaje religioso. Pretende salvar al mundo entero. Es simplista, dogmático e intolerante. Promete el paraíso a los fieles y condena a los herejes al infierno. Tiene su Santísima Trinidad: crecimiento económico, libre comercio y globalización.
Cuenta con su propio Vaticano: el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, que como buen Vaticano que se precie, es, por cierto, infalible; sabe mejor que todos nosotros lo que es bueno para nosotros, y en aras de nuestra salvación lo impone. Los planteamientos que siguen dejarán en evidencia que esta aparente caricatura, es, en realidad, el fiel retrato de lo que define a nuestro tiempo.
No deja de ser sorprendente que la experiencia del NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México haya sido tan poco difundida en cuanto a sus verdaderos y más profundos efectos, a fin de que otras naciones puedan alcanzar sus propias conclusiones. Ello es, por cierto, parte del propósito de desinformación a que ya se ha hecho referencia. Sólo se publicitan los indicadores macroeconómicos que aparecen como favorables, pero se oculta cuidadosamente la historia humana y natural que está detrás de dichos indicadores. Veamos, pues, cuál ha sido la historia profunda.
El NAFTA fue un golpe brutal para la pequeña agricultura autosuficiente del maíz, principalmente en manos de campesinos indígenas, tal como los rebeldes zapatistas trataron de comunicarle al mundo en 1994. Las tierras campesinas se hicieron vulnerables a la competencia subsidiada de Estados Unidos, y abiertas a ser adquiridas por intereses corporativos.
Hasta 1988 México protegió su sistema de producción de maíz, frente al maíz artificial-mente barato de los Estados Unidos. Hay que tener presente que el maíz es un alimento básico producido por 2,5 millones de pequeños campesinos, principalmente de origen indígena.
La mitad de la tierra cultivable de México está dedicada al maíz que es importante no sólo por razones económicas, sino por profundas razones culturales. De hecho siempre se consideró que el programa del maíz era “de facto un programa rural de empleo y anti-pobreza”. Sin embargo, para asegurar su integración al NAFTA, México se vio en la necesidad de promulgar una serie de reformas en el sector agrícola.
Entre ellas, el desmantelamiento de las granjas cooperativas (ejidos), además de renunciar a la protección de su maíz en el seno del NAFTA. Como resultado, hay economistas que han predicho que varios millones de campesinos serán desplazados durante la primera década de vigencia del tratado. Este es un patrón que se repite internacionalmente, creando problemas de sobrepoblación en las megaciudades del Tercer Mundo, a las que llegan los emigrantes rurales en busca de empleos que no existen.
El supuesto de que mejorarían los salarios más bajos como producto del libre comercio, tampoco se ha concretado. El que como resultado de la libre importación de maíz de Estados Unidos se produzca la ruina de los campesinos mexicanos, con el consecuente desplazamiento de los mismos, incrementando así los niveles de desempleo, obviamente incide de manera negativa en el nivel medio de los salarios. Resulta así que, paradojalmente, México hace posible que el maíz de Estados Unidos se mantenga con precios artificialmente bajos.
El NAFTA ha eliminado el derecho de México a la autosuficiencia alimenticia, imponiendo una doctrina de acuerdo a la cual el sistema agrícola mexicano debe hacerse complementario del de los Estados Unidos. Resulta evidente que el motor de este tipo de crecimiento económico ha demostrado ser mucho más eficiente en generar refugiados del desarrollo que en cumplir la promesa de acabar con la miseria en los países de más bajos ingresos
Iniciativas como el NAFTA, son parte de un proceso mayor y de poder incalculable, surgido de las negociaciones de la llamada “Ronda de Uruguay” que, en el seno del GATT y después de nueve años, dio origen a la Organización Mundial de Comercio (OMC). La aprobación de los acuerdos allí alcanzados ha institucionalizado una situación global, económica y política, que deja a todos los gobiernos prácticamente como rehenes, a merced de un sistema financiero y comercial global, controlado por las más poderosas corporaciones. Diga-se lo que se diga, tal sistema no está diseñado para promover la salud y el bienestar de los seres humanos, sino para exaltar el poder de las grandes corporaciones e instituciones financieras.
Descrito con más precisión como globalización corporativa, el nuevo modelo económico establece limitaciones supranacionales a la posibilidad de que las naciones subordinen los intereses comerciales a otras metas nacionales. El propósito es imponerse por sobre decisiones democráticas en materias tan íntimas como alimentación, conservación de tierras, agua y otros recursos.
Los acuerdos (como NAFTA) promueven la eliminación de restricciones que protegen a las personas e incrementa la protección de los intereses corporativos. Por ejemplo las regulaciones comerciales con el propósito de proteger el medio ambiente, la salud y otras metas sociales están estrictamente limitadas. Derechos laborales, incluyendo la prohibición al trabajo infantil, han quedado marginados de los acuerdos, por considerarse como limitaciones inapropiadas al comercio global. Por otra parte, la protección a los derechos de propiedad de las corporaciones ha sido fortalecido a niveles monopólicos, incluido el de propiedad intelectual. El derecho a invertir capital en cualquier país sin restricciones locales también fue fortalecido.
Una vez que un acuerdo comercial se completa, cualquier persona que desee conocer su contenido, se enfrentará a un desafío hercúleo: la primera dificultad es obtener una copia VALIDADA POR PAISES FIRMANTES; la segunda dificultad es que los acuerdos se redactan de una manera innecesariamente compleja. Cabe mencionar que en el caso de Japón, ni más ni menos, al momento de ser votado el proyecto que creaba la OMC en el Parlamento, no existía una versión japonesa del documento.
No deja de ser interesante la anécdota relatada por Ralph Nader, en relación al caso de los Estados Unidos. Antes de que se realizara la votación en el Congreso, la Fundación que dirige ofreció públicamente US$ 10.000.- a todos los congresistas, para ser donados a su obra benéfica preferida, que se comprometieran a firmar un affidávit declarando que estaban dispuestos a contestar diez preguntas sobre su contenido. Ningún parlamentario se manifestó. No les gusta el careo ni el debate. La regla más inaudita es la siguiente: Los reglamentos y restricciones de la OMC son obligatorios en lo que respecta a leyes federales, estatales o locales, y leyes futuras también. Como dice el texto: “Cada miembro deberá asegurar la conformidad de sus leyes, regulaciones y procedimientos administrativos, con las obligaciones que se proveen en el anexo del acuerdo”. Así las leyes de todas las naciones deben ajustarse a las indicaciones de la OMC. De esta manera todas las administraciones nacionales sacrifican su soberanía.
La dinámica funciona más o menos de la siguiente manera:
Corporaciones europeas cuestionan leyes de Estados Unidos que no les gustan. Corporaciones de Estados Unidos cuestionan leyes europeas que no les gustan. Después, las corporaciones europeas y estadounidenses atacan leyes japoneses, y viceversa. El proceso puede continuar hasta que todas las leyes que protegen a las personas y su medioambiente hayan sido revertidas o reemplazadas por versiones más débiles que no interfieran con los intereses inmediatos de las corporaciones. Las corporaciones ganan en los dos extremos, mientras pierden los ciudadanos y la democracia.
Pero ¿qué sucede si algún miembro se siente negativamente afectado por una determinada decisión? De acuerdo a las reglas existentes, las recomendaciones que emanan de los paneles revisores de las causas, deben ser automáticamente adoptadas después de 60 días, a menos que haya un rechazo unánime de todos los países miembros. Ello significa que más de 100 países, incluido el país que fue beneficiado con la decisión, debe votar en contra, lo que convierte las apelaciones en un sin sentido.
Resumen: PERFIL HUMANO Y Psicológico DEL DRCAFTA
-No existe conflicto entre la codicia y la salud corporal y ambiental.
-Está perfectamente bien que la subsistencia de una nación o región esté basada en el extranjero, y que dependa del transporte de enormes distancias, todo controlado por corporaciones.
-Una economía es una máquina en la que las personas son simplemente partes intercambiables. Uno no tiene más alternativa que hacer el trabajo que la economía prescribe, y aceptar el sueldo que ella determina.
-La vocación está muerta. Uno no hace el trabajo que uno escoge por talentos o inclinaciones, sino el trabajo determinado e impuesto por la economía.
¿Podemos permanecer indiferentes?