Este 16 marzo se reunen en Santo Domingo, en el salón de actos de la Cancillería Dominicana, los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, René Preval de Haití, Leonel Fernández de República Dominicana, y el secretario general de la OEA José Miguel Isulza, para supuestamente tratar lo relativo al narcotráfico en la región. De ese cónclave fue excluido, por presiones de la Administración Bush y los halcones de Washington, el comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela, como clara expresión de temor a la verdad y a la honradez
Contrastan con el supuesto propósito de esa “mini-cumbre”, tanto las características del gobierno de Álvaro Uribe Vélez como el reciente escándalo relacionado con las estrechas conexiones narco-paramilitares del presidente colombiano, su equipo de gobierno y los dirigentes de los partidos colombianos que apoyaron su reelección. Esto se suma a las complicidades del gobierno del PLD y Leonel Fernández en el caso del cártel Quirino.
Para que se conozca lo que acontece hoy en Colombia, entrego a los medios de comunicación del país lo datos disponibles que develan la crisis narco-paramilitar-política que arropa la administración de Uribe Vélez, lo que evidencia la doble moral, la hipocresía y el engaño de esta “mini-cumbre” auspiciada por EEUU.
EL CASO URIBE Y LA CRISIS COLOMBIANA
Los resultados de la recién pasada elecciones generales en Colombia, a pesar del inocultable avance de las fuerzas de izquierda y centro- izquierda, fue publicitado por los medios masivos de comunicación y sobre todo por las grandes cadenas internacionales, como la gran victoria reeleccionista de la nueva derecha y de su candidato Álvaro Uribe Vélez. Y esto a su vez fue presentado como la legitimación aplastante de la política de “seguridad democrática”, de los programas neoliberales y de la guerra contra el “narco-terrorismo” implementada por Uribe en el cuatrienio anterior.
Se difundió hasta la saturación el supuesto 60% obtenido por Uribe y se presentó todo aquello como la mayor prueba de lo distante que supuestamente estaba Colombia de la ola de cambios y del auge de las izquierdas en Suramérica.
Este personaje violento aparecía en los grandes medios como la máxima expresión del combate a la violencia, como el gran “pacificador” en progresivo avance y marcha arrolladora, solo que sus balas anti-FARC no eran de plomo sino de baba. Las FARC derrotaron el “Plan Patriota”, vertiente militar del Plan Colombia.
Las entrañas gansterizadas del poder que encabezaba, fueron cuidadosamente ocultadas.
El porcentaje de abstención (superando el 60%) fue silenciado.
La verdadera votación de Uribe, que en verdad no sobrepasó el 27% de los electores inscritos, fue fríamente suplantada por esa cifra espectacular.
El gran fraude implementando a su favor por las bandas paramilitares ni siquiera se conocía, salvo la votación forzada a punta de ametralladora de los capos y sus sicarios en algunas regiones del país.
Pero todo aquel falso ropaje no tardó en desgarrarse al compás del destape y desarrollo de una crisis narco-para-política que va configurando una especie de crisis de gobernabilidad.
Las pruebas dando cuentas de los fraudes electorales, de los financiamientos sucios de la campaña de Uribe, de las cuotas de candidaturas auspiciadas por los paramilitares, de la penetración de éstos y la narco-política en el Congreso de la República y en la administración de Uribe, tomaron vuelo en los meses posteriores a las elecciones.
Y poco a poco la madeja fue desatándose con todas sus malos olores, hasta convertirse en una crisis narco-para-política, es decir, en la eclosión de las evidencias delictivas de un gobierno compartido por la oligarquía y la partidocracia con masacradores, asesinos, bandas mafiosas, y cárteles de la droga.
El presidente Uribe adoptó la táctica de desligarse de cada escándalo, protegiendo en la mayor medida posible a una parte de sus socios involucrado; mientras los más afectados terminaron dando declaraciones altamente comprometedoras, que apuntaban y apuntan hacia el corazón y el centro del gobierno.
Salvatore Macuso, conocido capo del para-militarismo, confesó que el 35% de los(as) integrantes del Congreso Nacional son personas que le responden a esas bandas.
Los congresistas Araujo, Pimiento, García Maloff, Vives y Caballero –todos altos dirigentes de los partidos y grupos del proyecto de la nueva derecha (Partido U, Cambio Radical, Alas Colombia, Colombia Democrática) que apoya al presidente Uribe- han tenido que ser procesados judicialmente.
El legislador Araujo, como su hermana, la tristemente famosa cancillera Conchis Araujo, fueron evidenciados por esas denuncias como productos de la cuota concedida por Uribe a nivel de Congreso y del gobierno central al conocido capo Jorge 40.
A su vez Jorge 40, estrechamente vinculado a Jorge Noguera, jefe de inteligencia del gobierno (Director del DAS) y enlace entre el Palacio Nariño y el propio Álvaro Uribe con las redes de bandas narco-paramilitares, han sido acusados, con innumerables pruebas, de montar los fraudes electorales en favor de la reelección y de desplegar el terror paramilitar y la represión militar para lograr votaciones forzadas.
Escenas como la del general Rito Alejo de Río, ejecutando junto a los paramilitares, ametralladora, a los campesinos de Salaquí Norte y el Chocó, han salido a la luz pública estremeciendo la sociedad colombiana.
Los carteles-bandas de Jorge 40 y Hernán Giraldo trabajaron directamente con Jorge Noguera y el DAS, quien además fue acusado por el gobierno revolucionario de Venezuela de organizar un atentado contra Chávez, sin ninguna reacción posterior de la parte colombiana.
Cuando las denuncias de asesinatos y corrupción hicieron insostenible la presencia de Noguera en tan delicadas funciones, Uribe intentó protegerlo enviándolo de Cónsul a Milán, Italia; pero recientemente ha sido sometido a los tribunales, acusado nada más y nada menos que de “concierto para delinquir” y “homicidio agravado”
Los gobernadores Hernando Molina del César y Trino Luna del Magdalena, ambos íntimos colaboradores de Uribe, han sido indicados como personeros políticos de las bandas para-militares.
La caída de Noguera no ha dejado dudas sobre la estrecha vinculación de Uribe con el narco-poder y los “paracos” (para-militares colombianos).
El Palacio Nariño y el Congreso, según las confesiones del capo Macuso y de otros acusados, han sido prácticamente tomado por el narco. Las denuncias de robos al presupuesto, masacres “moto-sierra en manos”, fraudes y sobornos practicados con la anuencia y protección de altos personeros civiles y militares del uribismo, se suceden una tras otras; agregándose al descubrimiento de 4 mil fosas comunes llenas de víctimas del para-militarismo, a los ahogados en el rió Magdalena y a los 150 mil apresados durante su primera administración.
Y esto se ha producido en una sociedad cada vez más empobrecida y desprotegida, sometida a una ineficaz política de seguridad y de guerra que se traga gran parte del presupuesto nacional, sufriendo la consecuencia de la carestía y el desempleo en gran escala, y amenazada gran parte de su producción nacional por la imposición del TLC.
La percepción de Uribe como un presidente narco, paraco, ilegítimo, obstructor de la paz anhelada, reticente a los diálogos destinados a solucionar conflictos, resistente al intercambio humanitario de prisioneros, fantoche, fanfarrón, mentiroso…es cada vez mayor en la sociedad colombiana.
Los votos de su reelección han sido triturados por estos hechos demoledores y amplios sectores políticos y sociales están demandando la renuncia de Uribe y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Narciso Isa Conde
15 de marzo 2006, Santo Domingo
