La sociedad dominicana tiene una gran oportunidad de ajustar cuenta con el grupo de bandoleros que se hacen llamar dirigentes y empresarios del transporte. En muchos años, por primera vez, entiendo que ese sector dirigido por verdaderos capos, se encuentra hoy a la defensiva, con todos el país unido en su contra por el interés pùblico, que es el mismo de la sociedad y el Estado.
La población aguarda con ansiedad que el gobierno ¡por fin! dé muestra de autoridad, y en lugar de negociar políticamente con ese grupo de mafiosos como lo hicieron otros regimenes, los enfrente como se merecen, con energía, sin vacilación y sin retroceder.
Las Fuerzas Armadas dieron el primer paso, emulado por el Ministerio Pùblico, que en una actitud por primera vez coherente con sus facultades de ley, decidió procesar judicialmente a los autores materiales e intelectuales de los actos vandálicos y terroristas, en los que media docena de humildes y laboriosas mujeres de zona franca resultaron con graves quemaduras al estallar una bomba que le fue lanzada al autobús en que viajaban.
El Ministerio Pùblico de la jurisdicción de la provincia Santo Domingo, a raíz de la orden que impartió el procurador general de la República, Radhamès Jiménez Peña, pidió prisión preventiva por un año para los “dones” Antonio Marte (Boquita), Juan Hubieres (El barbù), Ramón Pérez (Figureo) y Alfredo Culinario ( Cambita o Cachafù) y los presuntos autores directos del lanzamiento de la bomba, y la jueza de la instrucción que conoció el caso, como sucede con frecuencia con nuestra blandengue judicatura, sólo acogió a media dichas medidas de coerción.
Por ello, los cuatro jinetes del terror por calles, avenidas y carreteras del país, están hoy “vivos y sueltos”, posiblemente disfrazándose de mansas ovejitas esperando que pase el vendaval para volver a sus andadas.
¡Que ningún dominicano se descuide, que el hecho de que hoy esos señores no encuentren a nadie que los defienda y parezcan árboles caídos, no significa que vayan a arrepentirse! La suya es una empresa sin causa y del diablo que sòlo conduce a la destrucciòn y el infierno. Posiblemente ellos lo sepan y hayan hecho pacto en esa direcciòn. ¿Què otra cosa se puede pensar o decir ante lo sucedido y lo por venir? Siento dolor e indignaciòn por las mujeres quemadas y espero que todas se unan en la demanda contra los causantes de su desgracia, que carecen de escrùpulos y de nobles sentimientos, pero tienen a montones, dinero y testaferros.
Lo que espera la población, víctima directa del chantaje, la amenaza y el fraude de esa mafia organizada, es que el gobierno no claudique ni se distraiga, y refuerce la campaña para llevar a estos sujetos al orden y la legalidad.
Esas medidas no deben desestimar la cancelación de rutas y la incautación de las unidades de transporte, adquiridas de forma fraudulenta, sobre todo a través del llamado Plan de Renovación Vehicular (Renove), versión gobierno pasado, por lo cual, con la excepción de Hubieres y Figuereo, esos mismos sujetos están siendo procesados. Al expediente de robo casi descarado por unos 1 mil 800 millones de pesos a través del Renove, se une ahora otro igualmente de carácter criminal por el que deberán responder Marte y Pulinario, además de Hubiere y Figuereo.
Para que los lectores tengan una idea de hasta dónde ha llegado el poder mafioso de esos sujetos, una investigación del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), dependencia de la Procuraduría General de la República, cifró 113 millones de pesos la fortuna personal de Antonio Marte, un sujeto que apenas sabe abrir la boca para decir su nombre.
Mientras Marte cuenta con esa friolera, el sindicato que dirige aparece con otros 35 millones, por lo que en total, sólo ese frente de la delincuencia choferil organizada, disfruta de 148 millones de pesos. Estamos hablando de una fortuna en cuentas de ahorros, certificados financieros y depósitos a plazo. Ahí no está contabilizada la otra fortuna que podrá tener este “benemérito ciudadano” en inmuebles, inversiones y negocios sucios en las calles.
Lo que decimos, a la luz de la miseria del pueblo dominicano, parece un invento, pero no lo es, puesto que los datos, debidamente certificados, salieron a relucir durante un informe crediticio que rindieron los procuradores fiscales adjuntos Hotoniel Bonilla, Francisco García y Juan Antonio Garrido, durante el juicio de fondo que se les sigue a los implicados en el Plan Renove.
El propio Marte llegó a admitir, de forma burlona, que tiene más de ahí y que todo lo adquirió trabajando, cuando se sabe que fortunas a esos niveles no tienen ni burgueses tradicionales y que sólo robando, estafando, traficando y vendiendo drogas pueden acumularse.
¿Hasta dónde llega la fortuna de los demás, de los mencionados y de los que faltan por mencionar?
¿Cómo gente que apenas conoce el alfabeto y que hasta ayer pidió colillas y bolas en camas de camiones para trasladarse de un lugar a otro, hoy exhibe fabulosas fortunas?
¿A caso no es eso lavado de dinero, práctica duramente sancionada por la ley 55-02?
¿Qué diferencia hay entre los que acumulan fortunas con el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, corrupción, etc.) y los que la hacen a través del bandolerismo choferil de República Dominicana?
Las palabras robo, estafa, fraude, complicidad, impunidad y burla, forman parte del código lingüístico de esa coordenada que zahiere y repugna
¿Qué se espera entonces que sea la reacción del pueblo al enterarse de esto?
¿Cuál es el ejemplo que les estamos dando a nuestros jóvenes?
¿Qué piensa la gente seria, hombres y mujeres entrados en edad que tienen que desdoblarse física y espiritualmente cada día para sostenerse junto a los suyos, cuando se entera de esta podredumbre moral, de esta monstruosidad?
El dinero y el poder acumulados a través de esa coordenada aberrante y corrupta ha hecho que esos sujetos hayan perdido la racionalidad, y cegados por la fama que les da un liderazgo ruin y perverso, se creyeron con recursos para perpetuarse.
Pero la sociedad le ha dicho ¡basta ya! y espera que el gobierno asuma su rol, de poner coto, de una vez y para siempre, a una situación ya insoportable que se traduce en un total descrédito de sus promotores y que puede contaminar y restar reputación a todos los que a ella se asocien.
El gobierno lo sabe mejor que nadie. El gobierno que ya ha sido alertado por la ciudadanía. El gobierno, cuyos mecanismos son los únicos por ley para preservar el interés pùblico, que es el interés de la nación y de todos sus honrados habitantes.
