El fiscal del Distrito Nacional y el director del Departamento de Prevención contra la corrupción (Depreco) compilarían varios tomos con las múltiples quejas, acusaciones, obstáculos y decepciones que dicen haber encontrado para que se castigue la corrupción y la criminalidad callejera, con la suerte de que incluso han encontrado eco. Pero como el que mucho habla, mucha yerra, de esa misma forma los licenciados José Manuel Hernández Peguero y Octavio Líster han propiciado un montículo de interrogantes sobre escándalos que todavía están impunes. De actuar como comediantes, no han sabido desempeñar su papel al develar desde el primer acto, sin la menor pizca de suspenso, el contenido de la trama.
Como si no bastaran los alarmantes escándalos acumulados hasta la fecha, Hernández Peguero y Líster tienen ahora otros casos que desafían su capacidad e integridad, como la supuesta fuga de dos implicados en el millonario fraude detectado en el departamento de pensiones de la hoy Secretaría de Hacienda y la libertad de un condenado a prisión encontrado culpable de la muerte de una profesora.
Por más curada de espanto que pueda estar la población es difícil no reaccionar ante estos nuevos escándalos, sobre todo en medio de la ola criminal que se esparce por todos los intersticios de la geografía. Con los autobombos y las prédicas morales del fiscal del Distrito Nacional y del director del Depreco, estos escándalos son otra prueba para que demuestren su valor, integridad y capacidad como representantes de la ley.
Con la libertad de Melvin Antonio de la Cruz Batista, abatido por una patrulla de la Policía después que un sargento atracó a un teniente del Ejército, hubo, sino complicidad, por lo menos un imperdonable descuido. Alguien, que no puede ser el cabo ni el sargento, tiene la culpa de que De la Cruz Batista estuviera en la calle y no cumpliendo los cinco años de prisión que le impuso la Corte de Apelación de Santo Domingo al encontrarlo culpable de la muerte de la profesora Yanet López Reyes.
¿Es así que está la cosa? Quisiera pensar que no, aunque la suspicaz fuga de dos de los implicados en el millonario fraude en el departamento de pensiones de la Secretaría de Hacienda deja mucho que desear. Cuesta pensar que al menos uno de los inculpados pudiera salir libremente por el aeropuerto Las Américas y que el otro no aparezca ni en los célebres centros espiritistas.
Como los licenciados José Manuel Hernández Peguero y Octavio Líster han cuestionado tan duramente decisiones de los jueces a favor de sometidos por delincuencia y corrupción, además de tanto lo que han pontificado sobre la impunidad, que se supone que no se refugiarán en el silencio ni tratarán con evasivas dos casos que se prestan a las más variadas suspicacias.
El fiscal de la provincia Santo Domingo fue por lo menos sincero al admitir, cual pacto de caballeros, que libertó a dos delincuentes detenidos luego por la muerte de un mayor del Ejército en Villa Mella, porque se comprometieron a devolver bienes que habían obtenido en un atraco a un albañil.
Para obviar comparaciones incómodas, no tienen siquiera que ocuparse del historial de los beneficiados.
