SANTO DOMINGO. El Grupo del Progreso depositó la semana pasada una acusación contra Pedro E. Castillo, ex presidente del Banco Dominicano del Progreso.
Las empresas y los directores del grupo financiero reclaman más de 12 mil
Según informaciones ofrecidas por Francisco Álvarez, uno de los abogados de
la entidad financiera, además de la acusación penal se reclama la reparación
de daños y perjuicios por 12 mil millones de pesos.
"Este monto no incluye los valores sustraídos por Castillo a través de
transferencias y cheques contra cuentas bancarias en el extranjero, las
cuales están siendo reclamadas a través de varias acciones judiciales sobre
todo en La Florida y Colorado", aclaró Álvarez.
La magistrada Rosanna Vásquez, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional, fue apoderada del expediente depositado por el Grupo
Progreso que incluye más de seiscientas pruebas documentales y numerosos
testigos. Una de las pruebas del expediente es una declaración jurada del
propio Pedro E. Castillo ante un tribunal de La Florida, donde admite muchas
de las transferencias bancarias que ordenó realizar a su favor.
"El Banco del Progreso también cuenta como prueba con una tarjeta para registrar firmas autorizadas de cuentas corrientes, en la que figura la firma original del señor Castillo en la cuenta abierta a nombre de una persona, siendo esta una de las cuentas que manejaba el ex banquero para trasegar fondos en su beneficio personal", agregó Álvarez.
Según el abogado, las pruebas depositadas por los acusadores privados, son
en su mayoría distintas a las depositadas recientemente por el Ministerio
Público, lo que evidencia un gran esfuerzo investigativo por parte de la
Fiscalía. “Con las pruebas que soportan el expediente, no cabe duda alguna
de que en este caso se sentará un saludable precedente dentro del sistema
financiero dominicano, castigando con la pena máxima de veinte años al señor
Pedro E. Castillo. Estas acciones buscan eliminar la impunidad y tratar de
que algo así no vuelva a suceder jamás”, dijo Álvarez.
El pasado martes 3 de abril, el Fiscal del Distrito Nacional también depositó sus acusaciones contra Pedro E. Castillo, quien fue sometido ante la Coordinación del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Según se informó en los medios, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional le imputa a Castillo el haber violado la Ley del Mercado de Valores y la Ley Monetaria y Financiera al ocultar información a las autoridades, a los directores y accionistas de las empresas del Grupo Progreso y al público en general. En esta acusación, al ex banquero también se le imputa robo agravado, estafa y abuso de confianza del Código Penal, además de distribución de dividendos ficticios y lavado de activos.
Acompañando su escrito de acusación, la Fiscalía del Distrito Nacional depositó un voluminoso legajo de documentos y un amplio listado de testigos que servirán de prueba de las imputaciones señaladas. La prueba más voluminosa de todas es un peritaje realizado por Ramón Rosario, Luis Ogando y Gladys Martínez, quienes fueron designados por la Fiscalía en agosto del año pasado.
En el peritaje, se advierte que en el Banco del Progreso se realizaron registros contables fraudulentos con el objetivo de ocultar la deteriorada situación financiera que tuvo la entidad bajo la presidencia de Pedro E. Castillo. Según el documento, sólo entre 2003 y 2004 se sobreestimaron utilidades por RD$1,259.0 millones y RD$2,297.0 millones, respectivamente.
Debido a este grave déficit y una vez detectado el fraude, los directivos del Banco tuvieron que inyectar capital fresco para devolver el índice de solvencia de la institución financiera por encima de los requerimientos legales.
Otras de las pruebas depositada por la Fiscalía del Distrito son dos videos en que se recoge la imagen y la voz de Pedro Castillo. En uno de ellos, durante una reunión con Rafael Perelló y Roberto Bonetti efectuada el 18 de octubre de 2005, justo una semana antes de que se descubriera el fraude, se le escucha decir que las obligaciones de Grupo Progreso no sobrepasaban los RD$2,800 millones, cuando en realidad sobrepasaban los RD$8,000 millones.
En el otro video, se escucha al señor Castillo impartir instrucciones a varios ejecutivos del Grupo Progreso sobre la forma en que debían informar al Comité de Auditoria del Banco, insistiendo en que la información que se suministrara a dicho Comité no tenía que ser la misma que se suministrara a la Superintendencia de Bancos ni a los auditores externos.
Los abogados que representan al señor Pedro E. Castilo son el doctor Jorge Lora Castillo y los licenciados Radhamés y Paula Cornielle. Al Grupo Progreso lo representa, además del licenciado Álvarez Valdez, el doctor Abel Rodríguez del Orbe y los licenciados Roberto Rizik Cabral, Olivo Rodríguez, Julio César Camejo, Francisco Álvarez Aquino y Tomás Hernández Metz.
