El Ministerio Público, por instrucciones de su jefe, el Presidente de la República, retiró las acusaciones contra los implicados en el caso de corrupción en perjuicio del Estado por mil 500 millones de pesos, a través del Programa de Empleos Mínimos Eventuales (Peme).
Para completar la acción gubernamental y dar legitimidad a la impunidad, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó de toda responsabilidad penal a Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas y el empresario Noé Camacho Ovalles, implicados en el expediente.
Luis Ynchausti, director del Peme, parece ser, en este caso, el hijo del pollero, porque no fue sacado del expediente. Dicen que Luis es incontrolable.
Antes de asumir posesión nuevamente, Fernández dijo en Estados Unidos que todos eran inocentes y la acusación era política. Posteriormente, sin rubor, los nombró secretarios de Estado.
El caso Peme es uno de los expedientes de corrupción mejor formulados y con pruebas que, como dijera el antiguo procurador general de la República, Virgilio Bello Rosa, se pueden cargar en patanas.
El Peme es un engendro del primer gobierno de Fernández a través del cual se asignaron, del Presupuesto Nacional, pero sin estar consignados, casi mil 500 millones de pesos que fueron distribuidos sin control de ningún organismo entre amigos, simpatizantes y dirigentes del PLD.
Para justificar el uso fraudulento de estos recursos del Estado a través del Fondo 1401, de excedentes presupuestarios y del Fondo General de la Nación, el presidente Fernández dijo que prefirió "pagar antes que matar", con lo cual se hizo reo de la Justicia. Pero aquí nunca pasa nada.
Insisto, no hay un caso de corrupción en los últimos años, con tantas pruebas, con tantos documentos, con tantos indicios de culpabilidad. Veamos. La Junta Central Electoral, por ejemplo, emite un informe donde señala lo siguiente:
Un total de 3178 números de cédulas son inválidos, es decir, no existen en el archivo maestro de ciudadanos. Hay 6 cédulas válidas y aparecen en el archivo registrados como militares. 402 son cédulas válidas y aparecen con nombres diferentes, es decir, "corresponden a un ciudadano diferente al suministrado por ustedes".
Un total de 29,423 registros tienen el número de cédula inválido, es decir, que no existen en el archivo maestro de ciudadanos. Un total de 2,262 registros tienen el número de cédula en blanco. Un total de 59,935 registros tienen el número de cédula válido. De éstos, un numero que no hemos determinado, ya que hay que cotejarlos manualmente, aparecen con un nombre diferente, es decir que "estos números corresponden a ciudadanos diferentes a los suministrados".
Pero eso no es todo. La Policía Nacional emitió el siguiente informe. "De acuerdo con el examen caligráfico realizado, utilizando las técnicas macro y micro comparativas correspondientes, determinamos que los factores de identificación de escrituras son compatibles. Es nuestra opinión que las letras y los números manuscritos en los endosos de los cheques debitados fueron realizados por una misma persona". ¿Acaso esto no prueba dolo contra el Estado, prevaricación, asociación de malhechores y otros delitos?
En 1996, Fernández le asignó al Peme más de 147 millones de pesos. En 1997 mas de 400 millones. En el 98 más de 330 millones. En 1999 unos 341 millones y en el 2000, antes de abandonar el poder, le dio más de 176 millones de pesos. El Peme era un fantasma. No hubo un decreto, ni otro documento oficial creando al engendro. Sin embargo, recibía más dinero que cuatro secretarías juntas. En efecto, la Contraloría emitió un informe donde dice que "no hay decreto o disposición legal alguna" creando al Peme y al otro bastardo "Desarrollo de Acción Barrial" (Prodaba). En cualquier otro país, el jefe de Estado habría ido a los tribunales.
Existen miles de copias de cheques, documentos oficiales irrebatibles, confesiones de acusados…. Sin embargo el Ministerio Público retira las acusaciones, y un juez deja sin efecto la acción de la Justicia. ¡Bárbaros!
Y el Cardenal no estalla de ira. El presidente de la Suprema Corte de Justicia no se consterna. Participación Ciudadana no llama al pueblo a protestar. Los partidos de oposición, como forman parte de la estructura corrupta del Estado porque muchos de sus dirigentes deben sus fortunas a la corrupción, no dicen nada. Y entonces, ¿quién podrá defendernos?
