BUENOS AIRES, (IPS) – Dos décadas y medias después de la guerra de Malvinas, funcionarios y ex soldados de Argentina presentaron por primera vez ante la justicia una denuncia colectiva contra militares por asesinatos y torturas contra su propia tropa en combate. "Tenemos 23 testimonios acerca de un soldado fusilado por un cabo, de otros cuatro ex combatientes muertos por inanición, y de por lo menos 15 casos de conscriptos (reclutas en periodo de instrucción de su servicio obligatorio) que fueron estaqueados", resumió a IPS Pablo Vassel, subsecretario de Derechos Humanos de la nororiental provincia de Corrientes.
El tema permaneció prácticamente fuera de los tribunales por 25 años y no sólo por el temor de los veteranos de incumplir las órdenes de mantener un presunto secreto militar. Es que hubo asesinatos que quedaron impunes porque los casos fueron ocultados por los superiores e informados a los familiares como "caídos en combate", advirtió Vassel.
La denuncia, que recoge testimonios de ex soldados correntinos, fue presentada ante la justicia federal de Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina que incluye en su jurisdicción a las islas Malvinas, 600 kilómetros hacia el este de esa costa del océano Atlántico y en poder de Gran Bretaña.
Los británicos ocuparon Malvinas en 1833 y desde entonces mantiene un conflicto con Argentina por su soberanía.
En 1982, la dictadura militar argentina (1976-1983) invadió el archipiélago en un intento por recuperarlas a la fuerza, pero la campaña fracasó y en los 74 días de guerra murieron 635 argentinos y 255 británicos.
Del total de víctimas argentinas, 323 fallecieron en el hundimiento del crucero General Belgrano, buque de guerra emblemático de entonces. Pero además de los caídos en combate, las asociaciones de veteranos registran alrededor de 350 suicidios posteriores al conflicto armado. El último sobreviviente que se quitó la vida fue Miguel Boyero, quien se ahorcó el 10 de abril.
Desde el fin de la guerra se conocen testimonios aislados de prácticas de maltrato a manos de oficiales argentinos contra sus propios subordinados, pero hasta ahora ninguna autoridad había asumido esas denuncias para iniciar una causa. "El Estado siempre se hizo el distraído", admitió Vassel. Sólo se habían divulgado libros y películas con narraciones al respecto de protagonistas.
Ahora las denuncias individuales presentadas en otras ciudades podrían derivarse al mismo juzgado. Dos de ellas está en los tribunales de la oriental ciudad de Mar del Plata. Allí el veterano Rubén Gleriano denunció en 2006 que fue estaqueado en Malvinas por robar alimentos y casi muere de hipotermia.
Gleriano contó que había estado dos días y medio sin comer cuando decidió caminar dos kilómetros para burlar una guardia de sus superiores y alcanzar un depósito de alimentos. A su regreso lo estacaron. Una denuncia similar hizo en la misma ciudad Walter Salas, quien fue pateado y estaqueado por sus mandantes.
Otros casos de maltrato fueron revelados por ex soldados de La Plata, la capital de la oriental provincia de Buenos Aires. Los veteranos de esa ciudad se preparan para sumar esos elementos a la causa judicial que abrieron sus colegas de Corrientes, que fueron los que llegaron más lejos hasta ahora en la sistematización de las denuncias.
Es que en Corrientes es difícil ignorar nada relacionado con la guerra. "Para esta provincia es un tema sensible, porque es la que más soldados envió a Malvinas en proporción a sus habitantes, la primera en declarar feriado el 2 de abril –día de la invasión– y la primera en otorgar pensiones a los veteranos", puntualizó Vassel.
Por esa razón, hace dos años el funcionario, junto al Centro de Ex Soldados Combatientes de Corrientes, inició una investigación. Del total de 800 efectivos de ese distrito que participaron del conflicto, hay 230 que aún viven en la provincia. "El resto falleció o se mudó a otro lado", precisó el subsecretario.
Entre los que aún viven en Corrientes, el gobierno recogió un centenar de testimonios que fueron grabados en 10 horas de video. Además se llenó un informe de 200 páginas sobre denuncias de diversos tipos de torturas y hasta asesinatos, con la correspondiente identificación de las víctimas y de los victimarios.
Allí está el relato de Juan de la Cruz Martins, quien fue a Malvinas pesando 62 kilogramos y volvió con 29.
Martins denunció a un teniente de apellido Baroni por maltrato y recordó la muerte de un compañero por inanición.
Otro que habló fue Oscar Núñez, que recuerda el puñetazo que le dio en las costillas un oficial de apellido Malacalza. Reveló que el golpe y el estacar a personas por ocho horas fue el castigo que mereció por robar una oveja para comer tras ver morir de hambre al conscripto Secundino Riquelme.
También hay un testimonio de Germán Navarro, en el que describe haber visto una ráfaga de la ametralladora del cabo de apellido Cabrera que mató a un soldado de la propia tropa, después de haber tenido una discusión con él.
"Es un tema complejo porque, en las guerras, el derecho internacional humanitario protege contra los abusos del enemigo, pero no hay previsto nada para los casos de maltrato sistemático contra la propia tropa", explicó el funcionario.
Los documentos fueron presentados ante el Ministerio de Defensa en vísperas del 2 de abril, cuando se cumplieron 25 años del inicio de la guerra, junto con un pedido para que el gobierno nacional de Néstor Kirchner forme una comisión que recoja denuncias en todo el país y motorice una única causa contra militares por violaciones a los derechos humanos en las islas.
Pero mientras esperan respuesta, los denunciantes se presentaron ante la justicia.
"Somos las últimas víctimas colectivas de la dictadura", señaló a IPS Orlando Pascua, del Centro de Ex Combatientes de Corrientes, que también viajó a Tierra del Fuego para la denuncia. El ex soldado reveló que vio como un oficial de la marina de guerra ordenaba estacar a un conscripto por un supuesto acto de indisciplina.
El castigo consistía en atar al "prisionero" con estacas contra el suelo, acostado, algunas veces desnudo, otras veces cubierto con una manta, y dejarlo allí durante ocho horas o más a merced de las bajas temperaturas que imperan en las islas, el fuerte viento, la nieve y el fuego enemigo.
"Hubo también el estaqueamiento de un soldado en el continente, justo antes de ir a Malvinas, por llegar tarde a la formación, lo que demuestra que era una instrucción operativa muy clara", planteó Vassel. "Por eso decimos que la dictadura trató a los soldados en Malvinas igual que a los civiles en el continente", añadió.
El funcionario se refirió así a las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante el régimen militar en todo el país. Según organismos humanitarios fueron 30.000 las personas desaparecidas de modo forzoso entre 1976 y 1983, cuando funcionaron 500 centros de detención clandestinos en todo el país.
Pascua recuerda que entre los militares que abusaron de su autoridad hubo algunos que están acusados por delitos de lesa humanidad contra civiles. Es el caso del oficial Julio Binotti, del ex coronel Horacio Losito, de los ex marinos Alfredo Astiz y Antonio Pernías, y del ex general Mario Benjamín Menéndez. Los testimonios coinciden en que la mayoría de los soldados pasaba hambre y frío. "Los que hacían el servicio militar en provincias del sur –las más frías– iban con ropa adecuada, pero los que llegaban del norte –donde el clima es mucho más cálido– fueron a la guerra con lo mismo que usaban todo el año", relató el ex soldado.
Del mismo modo, la comida faltaba o era escasa para los que permanecían día y noche en las trincheras. De hecho, muchos de los castigos por presunta indisciplina se aplicaban a conscriptos que robaban alimentos o ganado para su subsistencia. Y en los casos más graves, hubo soldados que murieron por inanición.
"Lo más aberrante e indignante es que fue como un exterminio planificado porque el denominado Informe Rattenbach (elaborado por una comisión militar presidida por un oficial de ese apellido que investigó la actuación de los uniformados durante la guerra), revela que la invasión se planeaba desde hacía un año y medio", sostuvo.
"Ello comprueba que no fue algo improvisado, por eso hablamos de delitos de lesa humanidad", apuntó el ex soldado.
(FIN/2007)
