SANTO DOMINGO.- El aumento del pasaje dispuesto por el gobierno este viernes será una carga pesada para los usuarios del transporte, que en su mayoría son empleados públicos y privados que devengan bajos salarios, o personas que viven del chiripeos o trabajadores por cuenta propia. Ante este usuario de bajos ingresos, en incremento de 5 o 10 pesos al pasaje representa un elevado costo, tomando en cuenta de que muchos de ellos deben tomar dos y tres rutas para llegar a sus centros de trabajaos.
La decisión del gobierno representa un sustancial incremento en el pasaje del transporte de pasajeros, y la decisión ha sido tomada como una salida a los reclamos que mantenían las principales federaciones de chóferes del país.
La nueva tarifa regirá para los minibuses del Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo, por un monto de 20 pesos para los pasajeros que viajen de un extremo a otro de las rutas, y de 15 pesos para tramos intermedios, en la condición que sean mejoradas las frecuencias y ajustados los horarios.
El anuncio del alza en el pasaje lo hizo el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, quienes venían dialogando con los empresarios del transporte.
Igualmente Peña dio a conocer la creación de la Oficina de Transición para la creación de la Autoridad Nacional del Transporte (ANTRAT), la cual se encargará de poner en ejecución una política integral de transporte terrestre.
La medida está firmada por Peña y los directores de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Germán Peña Guadalupe, y de la Autoridad Metropolitana (Amet), mayor general José Sigfredo Fernández Fadul.
Sostiene que la decisión se adoptó luego de haber agotado un amplio proceso de diálogo y consultado con los principales actores del sector, con especial atención al Consejo Sindical y Empresarial del Transporte colectivo (Consentran), y en interés de crear las condiciones que lleven la tranquilidad al sector y a la ciudadanía en general.
También se oficializa y se pone en ejecución la política integral de transporte terrestre diseñada por la Opret y discutida a los operadores del transporte de pasajeros y de carga. Además, se someterá al Congreso el nuevo Proyecto de Código de Transporte y se solicitará al Poder Ejecutivo la emisión del decreto para la reestructuración del Plan Renove y la creación de un nuevo consejo del mismo y acelerar el proceso de instalación de la escuela de capacitación para conductores del transporte público y una campaña de educación de los usuarios.
Contempla además iniciar los estudios necesarios para incorporar al sector de los transportistas en los beneficios de la seguridad social, la puesta en marcha del diseño de un sistema de subsidios dirigidos a los estudiantes, envejecientes y discapacitados, luego de definir el número de personas a beneficiar para cada uno de los tres grupos, especificar los mecanismos de pago y control del subsidio y establecer la magnitud económica, su fuente de financiación y fecha de inicio de su aplicación.
