BRUSELAS, 23 abr (IPS) – Cuando los niños y niñas de Italia comen en la escuela un banano o una barra de chocolate marcan una diferencia real en beneficio de países pobres.
Italia lidera el camino en una campaña europea para convencer a las autoridades de adoptar una política de compra de mercaderías producidas de un modo social y ambientalmente responsable.
El año pasado, el gobierno italiano ordenó a las autoridades de organismos públicos, a través de una reglamentación, considerar el desarrollo sustentable en sus licitaciones.
Ese decreto regirá las ventas en las cantinas escolares. De ese modo, en el periodo 2007-2012, se habrán vendido casi 300.000 bananas y casi 300.000 paquetes de galletas producidos, comercializados y distribuidos de manera justa.
Paolo Agostini, responsable de las compras públicas en la municipalidad de Roma, dijo que el comercio justo puede ser una herramienta educativa y de promoción de la tolerancia.
Los niños son regularmente alimentados con platos elaborados con ingredientes procedentes de los países de origen de inmigrantes en Italia, como parte de los esfuerzos antirracistas.
La promoción del comercio justo, señaló, es un componente de una estrategia general de carácter ético para las escuelas, la cual también alienta a cocinar con alimentos orgánicos y a eliminar paulatinamente las sustancias ambientalmente destructivas.
"Uno no debería tener un sistema donde el comercio justo esté de moda hoy y los productos orgánicos mañana", dijo Agostini a IPS.
Las ventas globales de bienes comercializados de modo justo superaron los 1.400 millones de dólares en 2005, el último año sobre el cual hay datos disponibles. La Unión Europea (UE) concentran más de 60 por ciento de ese intercambio.
El mercado europeo para el comercio justo creció alrededor de 20 por ciento anual desde 2000, y aun más en algunos países individuales.
La Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo, red con sede en la ciudad alemana de Bonn, constató un aumento de 73 por ciento en Finlandia, 69 por ciento en Suecia, 62 por ciento en Austria y 57 por ciento en Francia en el periodo 2004-2005.
Activistas contra la pobreza creen que el Estado tiene un rol fundamental en el estímulo del comercio justo, a través de preferencias en las licitaciones a productos comercializados de esta manera.
Cientos de miles de organismos de toda Europa gastan unos 2.000 millones de dólares anuales en compras públicas. Así, las ganancias potenciales para el comercio justo a partir de un mayor uso de una política de compras éticas son enormes.
"Es muy importante que las autoridades públicas den un buen ejemplo en promover la reducción de la pobreza y el desarrollo sustentable", dijo Anja Osterhaus, coordinadora de la Oficina de Defensa del Comercio Justo en Bruselas.
"Si las autoridades públicas contribuyen a esclavizar mano de obra comprando las cosas más baratas sin pensar, entonces eso no será un buen ejemplo", enfatizó.
Osterhaus afirmó que la presencia de mercaderías procedentes del comercio justo en las escuelas puede generar un efecto multiplicador.
"El hecho de que los niños consuman productos comercializados de modo justo en las escuelas de Roma les lleva el mensaje a sus padres", agregó.
Sin embargo, algunas autoridades públicas son reticentes a favorecer el comercio justo, pues temen que eso provoque la ira de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, la cual suele rechazar las reglamentaciones que incluyen restricciones al intercambio internacional.
Federica Leonarduzzi, de la organización española Ideas, dijo que entre las autoridades de su país hay "dudas sobre la viabilidad legal" de alentar la compra en grandes volúmenes de mercaderías comercializadas de modo justo.
"Les preocupa que no se respete la política de competencia europea", afirmó.
Pero una directiva de la UE de 2004 sobre contratos del sector público sugiere que el ambiente y las cuestiones sociales pueden ser tomados en cuenta en la determinación de una compra.
No obstante, activistas por el comercio justo llaman a la Comisión Europea a enmendar la directiva, para que dé preferencia a esa práctica.
Se quejan de que, tres años después de introducida esa directiva, la Comisión todavía no presentó las pautas prometidas sobre consideraciones sociales en las compras públicas.
"La Comisión Europea debe proponer una directiva más clara para permitirle al mercado estar abierto a más mercaderías comercializadas de modo justo", dijo a IPS Moctar Fall, de Interface, una red de empresas africanas del sector alimentario con sede en Senegal.
"Tal como están las cosas, la directiva permite a autoridades más conservadoras interpretarla de un modo que les impida comprar bienes procedentes del comercio justo", añadió.
Los activistas también argumentaron que la UE debería adoptar una regulación para verificar si los productos cumplen con los criterios del comercio justo, es decir que generan ganancias y salarios dignos para productores y trabajadores y que respetan el ambiente.
Creen que esto es necesario, dado que los consumidores están confundidos por la proliferación de productos en las góndolas de supermercado que portan etiquetas diseñadas para atraer a clientes con conciencia social.
Tales productos incluyen a los bananos supuestamente amigables con el ambiente de la compañía multinacional Chiquita.
Pero el Parlamento Europeo recomendó evitar reglamentaciones de carácter obligatorio, las cuales, aseguran, podrían detener el crecimiento del comercio justo.
También se buscan reglas de alcance nacional en algunos países de la UE.
El movimiento por el comercio justo de Italia exige una ley que reconozca a las organizaciones del rubro como "empresas" que funcionan de manera diferente a firmas más ortodoxas.
En Bélgica, las administraciones públicas de sus dos regiones principales, Flandes y Valonia, adoptaron una política de consumir té y café comercializado de manera justa. También lo hicieron así los gobiernos de las principales ciudades del país: Bruselas, Amberes (norte), Charleroi (centro-occidente) y Gent (norte).
Activistas dicen que sus esfuerzos por lograr que las autoridades públicas apoyen el comercio justo fueron ayudados por recomendaciones ministeriales en cuanto a que las autoridades muestren preferencia por estos productos.
"Si hay voluntad política, legalmente es muy posible optar a favor del comercio justo", opinó Samuel Poos, del Centro Belga de Comercio Justo.(FIN/2007)
