La legitimación por el presidente Leonel Fernández de una franca violación de la Ley Electoral, al participar en un acto organizado por tránsfugas que de manera ilegal usufructuaron los símbolos reformistas, no es un acontecimiento que se inscribe dentro del folclore que ha permeado el ejercicio político. En tiempos que plantean una ruptura con el pasado, aunque sea bajo presión de convenios internacionales, la acción sintetiza un episodio que, más bien, marca desde temprano el proceso electoral.
Gane o no la convención del próximo domingo, la infracción ética y legal expresa que el doctor Fernández no sólo será candidato de todas formas, sino que no escatimará recursos para preservar el poder. Esa determinación aleja desde ya toda posibilidad de debate programático, en que se identifiquen y enarbolen respuestas viables a las necesidades de la familia dominicana.
La coyuntura de 2008 no es la misma de 2004, en que el gobernante llegó en alas de la crisis económica desatada por el fraude bancario que arrastró y redujo a su mínima expresión las posibilidades de reelección del presidente Hipólito Mejía, debilitando de paso las sólidas estructuras del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Fernández en ese momento tenía a todo a su favor. Y puede decirse que, como resultado de muchos factores, aún conserva un importante caudal.
No por ello es irrelevante el debate que permita al electorado pasar factura a sus gobernantes. Los síntomas, sin embargo, son desalentadores, pues además del caso omiso hecho por el Presidente al tribunal electoral, su equipo de campaña, ha incurrido en el muy suspicaz ejercicio de falsear el informe sobre los gastos de la campaña reeleccionista.
La falta de escrúpulos ofreció una de sus señales más concretas con la designación, en medio de un supuesto plan de austeridad que congela esas decisiones, del licenciado Angel Lockward, un ex dirigente reformista con un expediente en los tribunales por desfalco, como Secretario sin Cartera. Desde ese instante podía percibirse que el mandatario no repararía en detalles morales ni legales, como en efecto ha ocurrido, para tratar de imponerse a sus adversarios dentro y fuera del peledeísmo.
Había anunciado que limitaría sus aprestos a los fines de semana, pero en realidad se le ha visto cualquier día en campaña. Con ese proceder, es previsible como parte del proceso una mayor presencia del Estado en inversiones públicas con fines electoralistas. E incluso, con un Presidente dispuesto a todo para preservar el poder, hasta la captación de más opositores al oficialismo. Las propuestas, aun demagógicas brillarán por su ausencia, para dar paso a las descalificaciones personales.
Al colocarse sobre las instituciones y las leyes, reforzando de esa manera el mensaje de la inseguridad jurídica, que tanto molesta cuando es enrostrada por diplomáticos o inversionistas extranjeros, el Presidente marca claramente su campaña y el proceso electoral.
