Fácil mordisco estatal a torta privatizada

LA PAZ, abr (IPS) – El lado más débil del sector privatizado en los años 90 en Bolivia es hasta ahora el que volvió al redil estatal. Se trata del 47 por ciento del paquete accionario de la firma telefónica Entel propiedad de dos millones de ciudadanos, administrado por fondos privados de pensiones. El gobierno izquierdista boliviano presiona ahora a la firma italiana Euro Telecom Internacional para que le venda al Estado 50 por ciento de las acciones de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) en su poder. Para ello, el presidente Evo Morales instruyó a sus ministros a realizar una negociación rápida.

Actualmente Entel, con tres por ciento de su paquete accionario en manos no identificadas y con Euro Telecom Internacional como única con poder de decisión, compite con otras nueve compañías privadas en el área de la telefonía de larga distancia, móvil y de otros servicios de comunicación en Bolivia.

De 1995 a 2000 conservó el monopolio del servicio de larga distancia por efecto de un acuerdo con el gobierno a cambio de la promesa de inversión de 610 millones de dólares.

Entel es una de las empresas públicas que fueron privatizadas mediante el particular sistema de capitalización. Las otras son la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y dos campos petroleros ricos en gas natural que pertenecieron a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El primer gobierno del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) condujo entre 1995 y 2000 el proceso de enajenación, que consistía en fijar un valor de referencia de la empresa a privatizar y buscar un socio dispuesto a aportar un monto igual para obtener a cambio su administración y operación.

Así, la torta estaba dividida en dos: la primera conformada por 50 por ciento de acciones en manos de los inversionistas extranjeros y tres por ciento en la de sus empleados y otros particulares.

El restante 47 por ciento de las acciones de las cinco empresas privatizadas fueron cedidas en propiedad a los bolivianos que en 1995 habían cumplido la mayoría de edad, 21 años. Pero, en un mismo acto, les fueron entregadas en administración al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC).

El FCC se encarga desde 1997 de pagar un bono anual, denominado Bono Solidario (Bonosol), de 225 dólares a las personas mayores de 65 años, con las utilidades generadas por estos títulos de las empresas capitalizadas.

Aquella propuesta de transferir acciones a los ciudadanos mayores de edad y atraer capital privado nuevo, en lugar de una venta pura y simple, fue lo que catapultó en el terreno político a Sánchez de Lozada, quien ganó las elecciones de 1993 con 32 por ciento de votos.

Sin embargo, a 12 años de perpetrada la reforma, aparecen muchos interrogantes y cuestionamientos a la poco transparente capitalización.

La medida de Morales de tomar las acciones pertenecientes hoy a poco más de dos millones de bolivianos (los datos no son precisos por el alto nivel de indocumentados) se concreta un año después del decreto de "nacionalización" de los campos petroleros.

Esa acción se ha traducido en este lapso en una renegociación de contratos con 12 compañías petrolera transnacionales, y como efecto beneficioso se verificó el aumento de sus ingresos fiscales anuales de 248 millones de dólares a 1.200 millones por concepto de impuestos, aunque no recuperó físicamente las instalaciones ni las áreas de explotación.

En los planes, además de la reestatización negociada de Entel, está la recuperación inmediata de dos refinerías operadas por la estatal firma brasileña Petrobrás, en medio de una fuerte disputa con el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, por su valor.

La estrategia de Morales está en la misma línea de nacionalización que impulsa el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

El gobierno se anticipó a las protestas de los beneficiarios del título anual Bonosol, ofreciendo garantía en el pago de la renta a personas de la segunda generación.

Pero también anunció que el nuevo custodio y administrador de las acciones que eran administradas por el FCC será ahora el Ministerio de Obras Públicas, que por estos días dirige su atención a construir viviendas populares con recursos de un fondo especial creado para el efecto con aporte de organismos internacionales.

La reversión de las acciones de la población civil, como les llama el gobierno a la medida, correspondiente a Entel, no ha dejado de llamar la atención por la ausencia de verdaderos administradores que defiendan los intereses de los ciudadanos-accionistas, admitió ante IPS el abogado especializado penalista Eduardo Olivares Franquel.

Los directorios de las cinco empresas capitalizadas tienen dos representantes elegidos por los fondos de pensiones privados, que son BBVA Previsión y Futuro de Bolivia.

A pesar de ello, en la práctica no hubo quien ejerza representación ciudadana y el Estado se acogió al respaldo popular en las urnas para arrogarse autoridad sobre las acciones, antes, durante y después de la privatización, sostuvo Olivares.

En contraste con la facilidad gubernamental de tomar la administración de un paquete accionario de los ciudadanos, mediante un decreto, la firma Euro Telecom Internacional defiende sus intereses y reclama un país neutral para la negociación, un pedido rechazado por el presidente Morales.

La compañía dice haber invertido 610 millones de dólares, pero el gobierno asegura que sólo fueron 130 millones de dólares.

Un debate sobre la validez del estatismo frente a la privatización es relativo, porque, en el momento de la transferencia de las telecomunicaciones a los privados, las condiciones del país reclamaban un salto al desarrollo. Ahora, la multiplicación de servicios en este sector crea otro escenario, explicó a IPS el analista de temas económicos Vincent Gómez-García.

El experto estima un probable apoyo de la población al plan de Morales por las ventajas inusuales obtenidas por la compañía italiana mediante el monopolio del servicio de llamadas de larga distancia por cinco años, por la poca transparencia en el cumplimiento de inversiones y la falta de regulación efectiva en la aplicación de tarifas, que derivó en perjuicio de los usuarios.

Gómez-García califica de demagógica la medida, por coincidir con el primer año de la "nacionalización" petrolera sin profundizar el debate sobre el conjunto de las empresas y la capacidad de administración del Estado frente a desafíos del mercado por nuevas inversiones e incorporación de tecnología, en particular en el sector de las comunicaciones.

Un signo de fragilidad en la gestión pública, observada por este especialista, está representado por los desaciertos del gobierno en la administración de la estatal YPFB.

La injerencia política en esta área empresarial, la presencia de círculos familiares y la falta de profesionales especializados derivaron en errores de redacción de los 44 contratos con empresas petroleras transnacionales y en el desabastecimiento de gas licuado en varias ciudades.

Los vínculos familiares a los que hace referencia el analista se refieren a la presencia de Manuel Morales Olivera, hijo del asesor legal privado presidencial Manuel Morales Dávila, quien a su vez es hermano de la presidenta de la aduana, Marcia Morales, además de otras designaciones de funcionarios allegados a funcionarios de gobierno.

¿Habrá inversiones para las telecomunicaciones en lugar de impulsar a la industria, o su gestión terminará por fortalecer a otros competidores?, interroga el analista.

El FCC recibió dividendos por 460,4 millones de dólares desde 1997 y, de ese monto, 138 millones corresponden a las contribuciones de Entel. El dinero sirvió para el pago del Bono Solidario a las personas mayores de 65 años.

Ese fondo esta compuesto además por acciones de las generadoras de electricidad Corani, Guaracachi y Valle hermoso, que pertenecieron a Ende.

A esa plantas eléctricas se agregan la participación de Ferrocarril Andina y Ferroviaria Oriental, que conformaron la extinguida ENFE, las petroleras Andina y Chaco, transferidas por YPFB a los privados y, finalmente, las acciones de la moribunda aerolínea LAB. (FIN/2007)