WASHINGTON, 2 may (IPS) – El presidente colombiano Álvaro Uribe recibió este miércoles la cálida bienvenida de su par de Estados Unidos, George W. Bush. Pero tres días en Washington difícilmente le basten para convencer a los reticentes legisladores de que colaboren con su país. Uribe realiza una visita en procura de un nuevo acuerdo de asistencia y comercio, pero al Congreso legislativo, cuyas dos cámaras son hoy dominadas por el opositor Partido Demócrata, renovar los convenios les resulta una píldora difícil de tragar.
Al desayunar este miércoles con Uribe en la Casa Blanca, Bush consideró al mandatario colombiano "un verdadero demócrata, un líder fuerte y un amigo".
El presidente estadounidense urgió al Congreso a despachar pronto el acuerdo de libre comercio pendiente de aprobación, el cual, advirtió, tiene "implicaciones estratégicas" para las cada vez más problemáticas relaciones de Washington con América Latina.
Uribe pasó buena parte del resto de la jornada a la defensiva, mientras decenas de defensores de los derechos humanos y laborales protestaban para llamar la atención de la situación en su país y del vínculo directo entre la familia del presidente y fuerzas paramilitares.
"Estamos listos para mejorar todo lo que tengamos que mejorar", dijo Uribe ante el Consejo de las Américas, una asociación de empresarios que apoyan el acuerdo comercial. "Mi gobierno tiene que disculparse a diario por errores, nunca por crímenes, porque nuestra lucha es para terminar con los crímenes en Colombia."
El presidente repitió este concepto a lo largo de todo el día, especialmente al comparecer ante el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), un centro de estudios de predominio demócrata. Antes de ingresar en el recinto, discutió durante unos 10 minutos con activistas que protestaban allí.
Uribe confía en que tales gestos –entre ellos una reunión con el líder de la central sindical estadounidense AFL-CIO, John Sweeney– lo ayuden a desarmar la oposición al mantenimiento de altos niveles de asistencia militar y económica y a sellar un nuevo acuerdo comercial con Washington.
De hecho, pasará la mayor parte de su tiempo en Washington reunido con sus críticos.
"Tiene mucho trabajo que hacer para tejer vínculos, particularmente con legisladores demócratas con los que no tuvo mucho trato en el pasado", dijo Dan Restrepo, su anfitrión en el CAP. "Ésta es su primera interacción real con un gobierno dividido en Washington. La suyo es muy difícil de vender."
La visita transcurre en medio de una renovada atención sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, en especial a la luz del escándalo de la "parapolítica".
Así se denomina el conocimiento público del vínculo entre estrechos colaboradores de Uribe y los escuadrones de la muerte, responsables en el último decenio del asesinato de miles de personas, como sindicalistas y activistas comunitarios.
Además, la prensa se concentra en la renovación a comienzos de abril, con un retraso de casi un año, de la certificación por parte de la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice de los avances de Colombia en materia de derechos humanos, entre ellos el corte de relaciones entre las fuerzas armadas y los paramilitares.
La certificación del Departamento de Estado era requerida por el Congreso legislativo para desembolsar 5,2 millones de dólares en asistencia militar ya acordada y pendiente desde el año pasado.
El demócrata Patrick Leahy, presidente del Subcomité de Operaciones Exteriores del Comité de Asignaciones del Senado, bloqueó esos fondos citando un informe del diario Los Angeles Times sobre la colaboración en materia de narcotráfico entre paramilitares y el comandante del ejército, general Mario Montoya.
La decisión de Leahy fue de inmediato aplaudida por grandes organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, la filial estadounidense de Amnistía Internacional y la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA).
Estas tres instituciones emitieron una declaración en la que solicitaron al Congreso mantener bloqueados esos fondos, equivalentes a 25 por ciento de la asignación correspondiente a 2006, "hasta que los supuestos vínculos" entre paramilitares "y el general Montoya y cualquier dirigente político colombiano sean investigados".
Además, recomendaron, "en los casos en que esos vínculos se confirmen, se acuse a los involucrados".
Al mismo tiempo, el ex vicepresidente estadounidense Al Gore canceló su presencia en una conferencia ambientalista en Florida porque Uribe participaba en ella. La oficina de Gore consideró que las versiones sobre vínculos directos del presidente colombiano con los paramilitares eran "profundamente preocupantes".
Pero Bush, quien visitó a Uribe en su breve gira por América Latina en marzo, volvió a defender al líder conservador colombiano este miércoles. "El presidente está aquí para hablar vehementemente sobre su trayectoria, y es buena, es una trayectoria sólida", dijo. "Agradezco a los miembros del Congreso por darle una audiencia."
Desde 2000, Washington entregó unos 700 millones de dólares anuales en asistencia a Colombia, mucho más que a cualquier otro país latinoamericano. Ochenta por ciento de esa ayuda se dirige a las fuerzas armadas y de seguridad, en particular a la lucha contra la producción de coca y el narcotráfico.
El restante 20 por ciento es para programas económicos y sociales.
El gobierno de Bush pidió al Congreso legislativo la autorización de 3.900 millones de dólares adicionales para los próximos seis años, para extender el denominado Plan Colombia, iniciativa antidrogas acordada por los antecesores de los actuales mandatarios, Andrés Pastrana y Bill Clinton.
La aprobación legislativa de esa ayuda depende del poder de convicción de Uribe en la actual visita. La mayoría de los observadores creen que el Congreso aprobarán un aporte de 700 millones de dólares para 2008, pero con restricciones a su uso militar y con una mayor proporción dirigida a la economía, el desarrollo y la reforma del Poder Judicial.
Mientras, el acuerdo comercial está, al igual que aquellos con Panamá, Perú y Corea del Sur, pendiente de negociaciones entre la Casa Blanca y legisladores demócratas que exigen, entre otras cosas, cláusulas de protección a los derechos laborales.
Colombia es considerado uno de los países más peligrosos para el sindicalismo. En una carta a Uribe, el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, mencionó los 72 asesinatos de sindicalistas de 2006 y los nueve registrados en lo que va del año.
Esa situación, según Restrepo, hace "cada vez más dificultoso" para Colombia lograr que el Congreso legislativo estadounidense apruebe los acuerdos pendientes.
A Uribe –cuya gestión, a pesar de los escándalos, es aprobada por 80 por ciento de los colombianos consultados por firmas encuestadoras–, la Casa Blanca lo considera un aliado estratégico contra el presidente venezolano Hugo Chávez y el populismo antiestadounidense que ha prosperado en América Latina en los últimos años.
Los esfuerzos antidrogas de Uribe son apoyados por demócratas y republicanos en el Congreso legislativo estadounidense, a pesar de que tuvo poco efecto en la cantidad de cocaína que ingresa en Estados Unidos.
La Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas informó el mes pasado que el precio minorista de la droga cayó, al tiempo que aumentó su pureza. (FIN/2007)
