El 11 de diciembre del 1997 se firmó, en Japón, el Protocolo de Kyoto, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fue un encuentro en el cual estuvieron presentes líderes de 41 países, entre ellos Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Bélgica, Japón, Italia, Polonia, Portugal, Letonia, y otros.
En esa histórica reunión se levantó una resolución dirigida a promover el desarrollo sostenible y proteger a la población de la contaminación surgida de los gases tóxicos emanados de las grandes industrias. En la práctica, este tratado no se cumple. Ha habido muchas denuncias sobre el particular.
La idea era buscar un consenso para aplicar unilateralmente programas dirigidos a regular la eficiencia energética en los sectores pertenecientes a la economía nacional, proteger y mejorar los sumideros o depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, que fue otro convenio con visiones más estrechas que el de Kyoto.
El punto más elemental de ese acuerdo tenía que ver con el medio ambiente, la forestación y la reforestación para lo cual había que poner en marcha efectivos mecanismos de cara a proteger la humanidad de los efectos de la contaminación ambiental.
Cuando se habla de contaminación ambiental, a veces sólo centralizamos la idea de que se trata no más de los gases tóxicos producidos por las industrias o los vehículos de motor. También se incluye el ruido como parte de este fenómeno, además de los que genera el dióxido de carbono, el metano óxido nitroso, el hidrofluorocarbonos, considerados estos últimos como gases de efecto invernadero.
Para los fines de su aplicación, este convenio aplica para los países latinoamericanos donde se experimenta un cambio climático de mucho nivel, lo que debe ser una preocupación para los ciudadanos. Es decir, hay que integrar a la población a la política ecológica que implementan los gobiernos.
Es común ver en las calles de nuestras ciudades circular vehículos pesados y livianos lanzando humos negros pestilentes. O las industrias y la agroindustria cuando están funcionando. Esa escena ocurre a diario y nadie actúa para sancionar a los responsables.
América Latina y el Caribe cuentan con 576 millones de hectáreas, o sea un 30 por ciento de su territorio de 1,995 millones de hectáreas de un total de 1,900 millones de suelos degradados en el planeta tierra, la región ocupa el tercer lugar, después de Asia y África, dice un estudio reciente, manejado por el ecologista Manuel Pereyra.
Una buena parte de la población corre peligro a causa de estos fenómenos. Pocos hacemos conciencia de lo que nos espera en el futuro inmediato. Aunque se haya firmado entre naciones más avanzadas, los países latinoamericanos sufren las consecuencias de las irresponsabilidades de los líderes que hoy violan el Protocolo de Kyoto.
En el caso de República Dominicana amerita del fortalecimiento del marco jurídico y social para encarar con mejores resultados la política ecológica.
Creo necesario que en las escuelas públicas, es urgente que se inserte una materia sobre la preservación del medio ambiente, pues he visto en la práctica que la ciudadanía no tiene conciencia sobre lo que podría devenirle la odiosa práctica de talar los árboles y desperdiciar agua.
Para eso el Estado debe apresurar los pasos, con el concurso de los organismos satélites de las Naciones Unidas que trabajan esta materia, y haciendo inyecciones económicas sustanciosas para el fortalecimiento de los programas que desarrolla la Secretaría de Medio Ambiente y otras instituciones ligadas al sector. Actuemos rápido porque hay que salvar vidas.
