SANTO DOMINGO.-El secretario de Industria y Comercio vaticinó hoy que el Instituto de Defensa al Consumidor tendrá una repercusión determinante en la política de precios en la República Dominicana y confió que en la próxima semana la importante legislación comience a funcionar.
El licenciado Francisco Javier García Fernández explicó que si no ha entrado en vigencia el nuevo organismo, es porque se estaba a la espera de lograr el consenso entre todos los sectores que integran el consejo de acuerdo al mandato de la ley.
“Ya ese consenso se logró; ya el Presidente de la República tiene en sus manos las ternas que se le han sometido, y en la próxima semana nosotros esperamos que esté en funcionamiento, porque a partir de ahí se va a hablar de dos tiempos, en lo que tiene que ver con la política de precios, del antes y después del DECO”, explicó al comparecer en el programa Hoy mismo.
Según un reporte de sus declaraciones remitido por la Dirección de Comunicaciones de Industria y Comercio, el funcionario expuso que “básicamente por esa razón no se ha puesto en funcionamiento el Instituto, de modo que la tardanza no tiene nada ver con indiferencia por parte de las autoridades, sino que había que agotar todo un proceso y ese culminó con el sometimiento de las ternas al Presidente de la república”.
“Además, es un organismo donde está representado el sector empresarial, industrial, el sector de servicios, donde está representado el Gobierno, donde están representados de manera mayoritaria lo que son las organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores; ahí hay muchas organizaciones importantes entre las que había que lograr el consenso”, comentó según la nota informativa.
Agregó que el procedimiento no ha sido inventado por el Gobierno sino que es creado por la propia ley que exige que la decisión de su constitución se haga no por voto mayoritario de sus componentes, sino por consenso.
García Fernández observó que en los países donde funciona el Instituto de Defensa al Consumidor se ha procedido previamente como ocurre en República Dominicana “y nosotros hemos tomado como referencia muchos de esos institutos y sabemos que muchas veces se hacen señalamientos directos hasta de cuáles son los productos con el nombre y apellido de la empresa, que deban bajar”.
Alega que “no se trata de que haya faltado voluntad para agilizar la aplicación de la ley, menos si se trata de un empeño muy especial del gobierno y de la secretaría de Industria y Comercio, se trata de que hay que cumplir las exigencias procedimentales que ella misma impone”.
La nota de la Dirección de Comunicaciones explica que “el Secretario de Estado de Industria y Comercio, en el ejercicio de sus funciones como Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), ha dado fiel cumplimiento a lo dispuesto por la Ley No.358 -05, en su artículo 9, con el fin de dejar integrado el Consejo Directivo de dicho instituto, el cual conocerá sobre los casos para los cuales dicha legislación fue creada”.
Observa que “a fin de dar cumplimiento a lo señalado se procedió a enviar sendas comunicaciones a todos los miembros de las asociaciones y empresas productoras de mercancías, asociaciones y empresas suplidoras de servicio y organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, con la finalidad de que presentaran las ternas, y en consecuencia pudieran ser remitidas al Poder Ejecutivo”.
“El hecho de que se promulgue una ley no quiere decir que inmediatamente esta pueda entrar en vigencia; en el caso particular de la 358, hay un procedimiento previo que debe ser cumplido y en eso nos hemos concentrado desde el primer momento”, sostiene.
El nuevo marco legal descentralizará y modernizará la actual Dirección de Control de Precios, que se ampara en la ley 13, y se erigirá en un instrumento de protección al consumidor que fuera consensuado entre el Gobierno y los diversos sectores empresariales, consumidores y distribuidores de servicios en general.
