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La Suprema Corte de Justicia ha dejado establecido que cuando se eleva un recurso de amparo las sentencias son ejecutables de inmediato. En la actualidad, estamos vislumbrando un intento de desacatar una sentencia dictada por un tribunal tras el recurso de amparo interpuesto por el periodista Huchi Lora para hacer valer su derecho al libre acceso a la información pública.
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y su director, Diandino Peña, aún no han entregado la documentación que les requirió Huchi Lora a través de las vías de derecho que las leyes ponen a su disposición.
El presidente Leonel Fernández dio su opinión de cómo a su entender debió aplicarse la Ley. Pero resulta que en este caso, más que la opinión del Mandatario, lo que se impone es la decisión del tribunal.
Al no entregar de inmediato los documentos requeridos, la Opret y su director están desacatando una sentencia y además se ponen bajo sospecha, pues entonces hay motivos para corroborar la versión de que para la construcción del metro de Santo Domingo no se realizaron los estudios geológicos ni se cumplió con el requisito de la autorización de los planos por parte de la Secretaría de Obras Públicas.
El darle largas a la entrega de la información requerida resulta un desacato, una violación a las leyes que el Presidente de la República juró cumplir y hacer cumplir. Por lo tanto el Mandatario tiene el deber moral de reclamarle a su funcionario que acate la sentencia en cuestión, y de inmediato.
