Probablemente pocos dominicanos perciben en este momento la trascendencia de la decisión judicial que obliga al ingeniero Diandino Peña a ofrecer información sobre la construcción del Metro, en cumplimiento de lo que establece la ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública. Si bien es cierto que el presidente de la República se ha mostrado en desacuerdo con la sentencia del tribunal y aparentemente ha recomendado a Diandino a recurrir a determinados tecnicismos legales para bloquear el mandato judicial, se da como un hecho que la iniciativa del periodista Huchi Lora sentará un precedente de extraordinario valor para darle sentido real a esta ley de transparencia.
Ya el país tiene conciencia de que no es suficiente con los datos amañados ofrecidos por las autoridades para saber como se están invirtiendo los recursos públicos y cuales son las garantías de calidad que rodean las obras del Estado.
Para quienes se manejan con memoria a corto plazo es bueno recordar que cuando Diandino inició la construcción del aeropuerto del Higuero, sin planos aprobados y sin presupuesto consolidado, anunció que ese proyecto costaría 195 millones de pesos. Finalmente la obra registró un costo de mil 200 millones, de acuerdo a los datos oficiales.
En esta oportunidad y a propósito del metro, Diandino informó que tendría un costo de 300 millones de pesos. Un poco más adelante dijo que costaría 400 millones, y en una reciente comparecencia el presidente Leonel Fernando subió la suma y la llevó a 500 millones de pesos. El gobernante recordó que el Tren Urbano de Puerto Rico, con la misma extensión del metro dominicano, costó más dos mil millones de dólares y celebró que nosotros vamos a realizar una obra más compleja por solo la quinta parte de lo que le costó a los puertorriqueños… perdón, al gobierno federal de Estados Unidos.
No se sabe cuales son los parámetros utilizados por Diandino y el presidente Fernández para garantizar en esta oportunidad el cumplimiento de esa impresionante economía presupuestaria, cuando en el pasado sobrepasaron con creces los montos consignados para la construcción de obras menos complejas, como los elevados, los túneles y el propio aeropuerto del Higuero.
Algunas expertos, sin embargo, sostienen que el valor real del Metro alcanzará la monumental cifra de los 55 mil millones de pesos y que esos recursos se los sacarán de las costillas a todos los dominicanos- o a casi todos- incluyendo a los habitantes del Distrito Nacional y de todas las provincias que no se beneficiarán directamente con esa obra.
Sin embargo, en materia de transparencia hay otros temas importantes pendientes por la resistencia de algunas instituciones a ofrecer informaciones de interés público, solicitadas por ciudadanos, entidades privadas o medios de comunicación.
Por ejemplo, hay mucha gente interesada en saber que está haciendo el Ayuntamiento del Distrito Nacional con los recursos de la ley 166-03, que obliga a los cabildos a destinar el 40 por ciento de los recursos que reciben por vía de la misma ley para la construcción de obras en beneficio de las comunidades.
Hay una importante ecuación planteada en torno a la gestión del síndico Roberto Salcedo, ya que hasta ahora nadie ha podido entender por qué con un monto tres veces mayor que lo que asignaba la ley a los síndicos anteriores no ha podido hacer ni la décima parte de lo que éstos hacían en construcciones físicas tangibles y contables.
Al igual que Diandino y Roberto Salcedo, hay otros funcionarios o instituciones públicas que se resisten a cumplir la ley 200-04, frente a solicitudes específicas presentadas por medios de comunicación.
Tal es el caso de la solicitud del periódico Clave Digital sobre el monto de las importaciones mensuales de GLP y el desglose de las empresas internacionales proveedoras, o la solicitud presentada por Tele Educa a la Cancillería sobre la cantidad de vicecónsules y los salarios que devengan.
Otro tema pendiente es la solicitud sometida por el periódico Hoy o a la Secretaría de Medio Ambiente sobre su presupuesto, la nómina y los salarios de la cartera. Esa información fue denegada a pesar de que representantes del diario hablaron con el titular de Medio Ambiente.
Por su parte el periódico Diario Libre ha solicitado al Centro de Promoción e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) , sin obtener ninguna respuesta, el monto de los metales que exporta el país, un renglón asociado al terrible proceso de canibalización a que han sido sometidos importantes servicios públicos, con la mirada impávida de las autoridades.
Talvez sin proponérselo, Huchi Lora ha abierto una caja de Pandora, de la que deberán salir y fluir de manera libre y transparente muchas cosas que debe conocer el país, para recordar a los funcionarios que si bien finalmente se puede burlar a la justicia formal, por lo menos existe la posibilidad del juicio ciudadano y la sanción moral.
7 de mayo, 2007
