Ahora se ha creado una gran alharaca por la denuncia de que los miembros de la Cámara de Cuentas han fijado sus ingresos mensuales en más de 459 mil pesos, pero cuando a principio de año se publicó la noticia de que algunos funcionarios del Gobierno estaban ganando hasta un millón de pesos mensuales, a pesar del plan de austeridad y la nueva carga tributaria impuesta a los sectores productivos, muy pocos voceros de opinión pública mostraron su indignación por ese fenómeno. Si al gobierno del presidente Fernández, abanderado de la austeridad, el país le aceptó prácticamente sin chistar aumentos salariales realmente desproporcionados en beneficio de sus principales funcionarios, podría explicarse –no necesariamente justificarse- que los demás poderes del Estado trataran de hacer lo mismo, en el entendido de que tampoco se produciría un rechazo generalizado. Evidentemente se equivocaron, porque ni la Junta Central Electoral ni la Cámara de Cuentas han creado “las condiciones apropiadas” para generar ese nivel de aquiescencia en la opinión pública nacional.
El tratamiento tan disímil a dos hechos igualmente incongruentes y cuestionables, resalta la forma ostensiblemente acomodaticia con que el liderazgo nacional y los medios de comunicación reaccionan frente a importantes circunstancias de interés público.
Pero de manera más concreta muestra el creciente éxito del Gobierno en su estrategia de control político de los medios de comunicación, aparentemente basada en una profusa inversión publicitaria, en la contratación directa de comunicadores y en la tesis de que “nadie muerde la mano de quien le da pan”.
De este modo el Gobierno ha logrado presentar como un gravísimo acto de corrupción el financiamiento con facilidades especiales de un programa para el desarrollo de invernaderos, pero hace aparecer como “simples indelicadezas” los contratos sobrevaluados, el aumento desmedido de los secretarios y subsecretarios de Estado, la multiplicación de las botellas en el servicio exterior, y el incremento escandaloso de la deuda pública para construir un metro que no resuelve el problema de transporte del país.
Ha logrado también que pase prácticamente desapercibido el hecho verdaderamente aberrante de que la Dirección de Información y Defensa del Afiliado de la Seguridad Social (DIDA) reciba del Gobierno apenas un millón de pesos para desarrollar la campaña de orientación que implica la puesta en marcha del Seguro Familiar del Salud, mientras en el pasado año la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se gastó la friolera de 238 millones en publicidad, tal como aparece en su propia memoria publicada en Internet, a pesar de que esta institución no vende energia a los ciudadanos ni tiene ninguna relación comercial con usuarios del servicio eléctrico, una función estrictamente propia de las empresas distribuidoras.
Cuando la periodista Loyda Peña publicó en el periódico Hoy, el pasado mes de enero, una información con los nuevos salarios del Gobierno, que mostraban topes de ingresos que fluctuaban entre RD$500,000.00 y el millón de pesos mensuales, apenas se publicaron algunas reacciones en los medios de comunicación y en apenas unos días el tema fue totalmente sacado de circulación. En aquel momento publiqué en DiarioDigitalRD un artículo titulado “Los salarios del Gobierno”, en el que hacía referencia a los dados aportados por la periodista Loyda Peña, pero muy pocos medios y periodistas se hicieron eco de la denuncia.
Evidentemente la estrategia oficial funcionó de manera eficiente para evitar que ese tema se convirtiera en un problema político para la administración del presidente Fernández.
Creo que los que gobiernan tienen todo el derecho de proteger su imagen y hacer los esfuerzos necesarios para minimizar el costo de sus errores, pero estoy convencido de que el control excesivo de la opinión pública no solo le hace daño al sistema político y a la democracia, sino también al propio gobierno, porque al desvincularse de la noción de control y censura que implica el escrutinio público crea un escenario favorable para el aprovechamiento ilícito del poder sin el riesgo de la sanción inmediata, lo cual inevitablemente conspira contra cualquier esfuerzo para hacer una gestión de gobierno política y socialmente eficiente.
Claro, el problema no es solo de los que gobiernan. También hay una alta cuota de responsabilidad entre los que debían ejercer el contrapeso de la oposición política, que en el caso nuestro parecería que se acomodan a las circunstancias por simple conveniencia, ya sea para no les recuerden sus propias “indelicadezas” en el poder o para tener la oportunidad de hacer lo mismo en el futuro.
14 de mayo, 2007
