Un cambio de rumbo y cuanto antes, le fue recomendado al gobierno dominicano por la Dra. Dora Eusebio Gautreaux, experta en asuntos Migratorios.
La docente investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, ha recibido recientemente su doctorado Sobresaliente Cum laude dentro del curso Sociedad Democrática Estado y Derecho, de la Universidad del País Vasco, España, en coordinación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD por haber presentado y defendido su tesis doctoral bajo el título “Globalización, ciudadanía y justicia migratoria”.
Dice que las migraciones son hoy un agente activo de la globalización y un factor de las relaciones internacionales, por lo que constituyen una expresión de la creciente interdependencia entre los distintos países del sistema mundo. La humanidad se ve hoy impactada por los flujos migratorios continuos, con tendencia al incremento, muy posiblemente a todo lo largo del siglo XXI.
Los derechos de las personas migradas en el mundo aún no son reconocidos como Derechos Humanos. Existe una tensión permanente entre éstos y los de ciudadanía que hay que estudiar. La razón se inclina aún hacia el goce en exclusividad por los nacionales en pos de un discurso de preservación de la soberanía y la nacionalidad.
Afirma que la actual política migratoria dominicana viene produciendo inconvenientes y dolores de cabeza a la nación, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional, presentando el país como violador continuo de los derechos humanos. Ha servido y sirve incluso como un excelente ingrediente servido en bandeja de plata en las manos de aquellas entidades y personas que intencionadas o no, presentan y proyectan una mala imagen del país.
Señala que sus estudios comprobaron que la política migratoria dominicana responde a un soporte de inspiración colonialista. El estudio de la historia de la evolución del derecho migratorio dominicano nos muestra la influencia determinante del derecho colonial en toda la vida jurídica del país hasta nuestros días. Si bien las cosas son muy distintas hoy, algunas consecuencias como los modelos de leyes migratorias que se han implementado en el país, solo pueden ser explicadas a partir de entender el punto de origen, gobiernos y normas jurídicas coloniales.
Hemos heredado además el sistema semiesclavista de producción azucarera y una identificación racial y cultural irreal con lo hispánico que se traduce en desprecio a nuestros orígenes africanos, actitud abominable que en el fondo implica una baja aceptación de la identidad caribeña. Dice que todo esto, es nuestro deber superarlo.
La nación tuvo una oportunidad de iniciar la transformación del sistema migratorio que no supo aprovechar. Las fuerzas del mercado aupadas por los sectores retardatarios lo impidieron.
La Ley 285-04 suponía una buena oportunidad para superar la política de supresión de derechos que había mantenido la 95-39, pero no, los vínculos extraordinarios que mantienen una y otra ha malogrado una parte considerable de las esperanzas que los movimientos sociales y la intelectualidad progresista se habían creado. La vigencia en lo formal de la nueva normativa como su ejecución, no logran borrar la idea de la reprochada existencia de un sistema de producción azucarera que recuerda las plantaciones agrícolas esclavistas que se insertaron en el Caribe y que como tal han sido objeto de severas críticas en la arena internacional y ha propiciado más de una vez, denuncias en contra del país. Ella refleja y mantiene por derecho una injusta realidad social con los trabajadores inmigrantes y también con los nacionales.
Entiende que el gobierno de Fernández, y la Justicia están permitiendo que las pautas sobre el tema migratorio las paute el mercado y no el Estado. Dijo que se ha detenido a observar de cómo sectores interesados alientan desavenencias entre dominicanos y haitianos con el propósito de sorprender con el deslizamiento de sus intereses (mano de obra barata) en las leyes y las decisiones de la justicia, sobre todo de la Suprema Corte. En efecto este tribunal pronunció en Diciembre del 2005 la sentencia que excluye a los hijos de haitianos de sus derechos de nacionalidad, basándose según sus jueces en las leyes y convenciones que protegen los derechos de la personas, en ella incurren en un conflicto de legitimidad y legalidad y retrotraen un esfuerzo de un propósito más progresista que anteriormente habían iniciado, construyendo una resolución judicial que es justamente un modelo de cómo no debe ser una sentencia.
Dijo que es momento de darse cuenta que la política migratoria dominicana no se basa precisamente en una plataforma de reconocimiento a los derechos humanos y justamente la observancia a estos derechos fundamentales, diferencia y distinguirá, más aún en el futuro inmediato un Estado democrático de otro que no lo sea, de manera que nadie puede sorprenderse del incremento de un descrédito buscado.
No es posible mantener por mucho tiempo incoherencia ante el tema de la nacionalidad y la ciudadanía. Para los hijos de los dominicanos que nacen en territorio extranjero, un concepto de nacionalidad extraterritorial bastante avanzado y tipo siglo XXI para los dominicanos hijos de haitianos, la imposibilidad de adquirirla, no obstante ser inmigrante de la tercera generación.
La práctica migratoria internacional viene revelando que la ciudadanía nacional está siendo remplazada progresivamente por un modelo más global de membresía y menos fundamentado en criterios de orden territorial, en ese contexto, se asume con idea de compromiso la defensa de los Derechos Humanos. El modo más práctico de apreciar la nueva situación lo constituye el enunciado constitucional dominicano, que permite adquirir una nueva nacionalidad, sin que de ningún modo implique la pérdida de la nacionalidad dominicana. Según la teoría de Soysal, la ciudadanía nacional ha sido remplazada por un paradigma más universal de membresía, lo que se ha manifestado gradualmente a partir de la experiencia inmigrante. Desde esta visión ya no será la territorialidad lo que marque el derecho del individuo, sino una situación de respeto a los Derechos Humanos, que van a sustituir a los derechos nacionales, y de esa manera el individuo trasciende al ciudadano. Se trata de un nuevo tipo de membresía posnacional en la que los derechos se conciben al exterior del Estado nación y la ciudadanía se torna sobrante. Siempre de acuerdo a este razonamiento, la ciudadanía va a rebasar el marco delimitador del territorio para recaer en otros no correspondientes necesariamente al suelo en que se nació. Tampoco estará necesariamente vinculada a los derechos de sangre por filiación. Lo que marca aquí la diferencia es el derecho adquirido.
Dice que la prensa nacional e internacional ha recogido en los últimos días reportajes verdaderamente bochornosos en lo que se recogen denuncias, y acciones de grupos extranjeros en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en contra de nacionales haitianos. También ha recogido la prensa la denuncia de que miembros del Ejército Nacional han sido sorprendidos y apresados introduciendo ilegalmente haitianos, en fraganti delito de trasiego de personas.
La campaña iniciada por el padre Christopher Hartley tiene el propósito de hacer desistir a la Unión Europea su intención de comercializar azúcar dominicano, por entender que su origen es esclavizante para los trabajadores haitianos.
Entiende que puede haber alguna exageración, pero en el fondo hay verdad en la denuncia y quien quiera comprobarlo que se desplace como lo hemos hecho a los bateyes dominicanos.
Nada se obtendrá de las protestas de los grupos dominicanos interesados en la proyección de otra imagen dominicana, hay que pasar a la acción y esta no es mas que el cambio de rumbo en la política migratoria.
La denuncia de la ausencia de derechos humanos en las zonas bateyanas no solo comprometen al empresariado que lo practica y al gobierno que lo permite, sino también a los ciudadan@s que de algún modo lo toleran, lo cual es reprochable.
Es bueno que se sepa en el país y fuera de él que en la Republica Dominicana tanto en las bases sociales como dentro de la intelectualidad hay un importante sector que clama por una reorientación de la política y la legislación hacia una plataforma de derechos humanos y una nueva justicia migratoria.
Es hora de que la sociedad civil exija un rendimiento de cuentas al respecto y exija las explicaciones de lugar al gobierno y a las empresas que contratan esta mano de obra.
Los cambios en nuestro sistema deben incluir además de la modificación a las leyes una observación real a los recursos y acciones que favorecen los derechos humanos de los inmigrantes como son el recurso de amparo, el defensor del pueblo, etc hacia un propósito de justicia migratoria, en el que se introduzca paulatinamente un concepto judiciable de igualdad diferenciada. Incluye además aplicar la experiencia de Argentina y Costa Rica que aceptan las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no como un reproche a su país, sino como una oportunidad de actualizar los derechos humanos.
Dice que será necesario igualmente el reconocimientos de derechos de residencia a los inmigrantes que han venido contratados al país, la aplicación de cuotas en los visados, la prohibición de otras nuevas contrataciones desde Haití y la elevación de salarios y condiciones laborales en todas las empresas dominicanas, incluyendo de manera expresa las que emplean esta mano de obra.
