Entre sus funciones la Junta Central Electoral tiene a su cargo la "organización, vigilancia y realización de los procesos electorales en la forma que establece la ley". La JCE es la máxima autoridad en materia electoral. No existe poder alguno, ni el Ejecutivo siquiera, que le ordene cómo debe hacer su labor.
La ley 275-97, que no será la mejor del mundo, pero que tampoco es mala, es clara sobre las atribuciones en materia electoral de la JCE, antes, durante y después de las elecciones.
Si los partidos políticos, si la sociedad civil, las iglesias, los sindicatos de obreros y empresariales permitieran que la JCE hiciera su trabajo sin presiones, las elecciones no fueran, como suelen ser, dramáticas, por los fantasmas del fraude, el engaño, la trampa, la mentira y hasta el uso de la fuerza con su estela de heridos, muertos y detenidos.
A pesar de que en este país se hacen elecciones desde el año 1966 cuando los norteamericanos impusieron al doctor Joaquín Balaguer para que iniciara el proceso contrarrevolucionario que llevó al exilio, la cárcel o el cementerio a miles de patriotas, parece que no hemos avanzado lo suficiente en materia electoral.
En efecto, no hay un solo proceso electoral sin problemas serios. Hasta las primarias de los partidos se producen con muchas dificultades.
El partido de gobierno, que en la oposición por más de 20 años denunció los fraudes y la compra de votos, que criticó duramente el uso de los recursos del Estado, ahora es el primer abanderado de esas desviaciones, con lo cual se coloca en igualdad de condiciones con los demás partidos del sistema. Ahora no hay excepción; ahora todos compran votos y procuran hacer trampas. El sistema electoral no es confiable.
Las coyunturas rigen la práctica de los partidos, no los ideales ni los principios. Todo depende si el partido tal o cual está en el poder o en la oposición. Todos los partidos quieren el control de la JCE. ¿Para qué si los jueces no votan, si no determinan el triunfo o la derrota de un partido o de un candidato? ¿Para qué quiere el PRD tener los jueces en sus manos? Lo mismo con el PLD. ¿Para qué quiere el PLD la dirección de la JCE?
A juzgar por los hechos, la actual JCE quiere sentar precedentes, demostrar que las cosas pueden hacerse bien, con apego a la ley, sin aceptar presiones ni chantajes de nadie por mucho poder que se tenga.
Los ciudadanos decentes de este país, los que aún no se han corrompido, los que desean una patria mejor, los que quieren que avancemos de verdad, no en la prensa, deben hacer un cerco alrededor de la JCE, un anillo popular para velar porque el proceso electoral que se avecina no sea doloroso ni traumático.
A ese anillo pueden sumarse los dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieren unas elecciones transparentes y libres, sin los recursos del Estado convertidos en un estercolero para comprar conciencias.
Al partido de gobierno no le está gustando lo que está ocurriendo en la JCE. No le gustó lo que sucedió con la vigilancia de la convención del PRD, y mucho menos le gustó lo que sucedió con su propia convención, que en muchos órdenes fue un desastre, donde el dinero -para usar una vieja expresión de Almeida- corrió a borbotones. Es seguro que al gobierno no le ha caído bien la amonestación al candidato reformista Amable Aristy Castro, que debió pagar de su dinero una felicitación que publicada en la prensa con el logo de la Liga Municipal Dominicana. Ese es un precedente importante. Esa medida tendrá que ser aplicada a los demás candidatos, incluyendo al candidato oficialista.
Por esa actitud seria y responsable de algunos jueces, no de todos, debo decir, es que el gobierno pretende ahogar económicamente a la JCE. De no haber sido por las medidas de austeridad real, por corregir algunas fugas, por sanear determinados departamentos y por otras medidas de carácter administrativas, es que la JCE ha podido hacer su trabajo.
Junto con la estrangulación económica, el gobierno ha diseñado una campaña difamatoria contra los jueces que actúan con la independencia que le da la ley.
La mayoría de los jueces de la JCE quieren montar unas elecciones presidenciales sin mayores contratiempos. Quieren que estas elecciones marquen una pauta, un camino de transparencia. Eso deberíamos querer todos. Pero no es así, lamentablemente. Se supone que los partidos deberían ser los primeros en querer un proceso electoral diáfano, como sucede ya en la mayoría de los países latinoamericanos.
Es fundamental crear un sistema electoral confiable. Estuve en Brasil hace unos meses observando las elecciones durante la primera vuelta. Aquello sí que es una fiesta de la democracia. Hay que ver el orden, la disciplina y la credibilidad en el sistema.
Aquí puede ser igual si nos lo proponemos. Comencemos por no dejar sola la JCE en estos momentos. No dejemos que la presión política, que el chantaje económico oficial se imponga. Proteger a la JCE es proteger y garantizar unas elecciones limpias, donde el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Para que desterremos, de una vez por todas, lo que Juan Bosch llamó hace muchos años "matadero electoral".
