En el cierre de RCTV, importante canal de televisión de Venezuela, coloca en el tapete de nuevo el serio debate sobre la relación medio de comunicación y Estado. Esa relación nunca ha sido armoniosa, excepto cuando los medios se pliegan a los intereses de los gobiernos de turno. Pero aun en este caso, la relación medio de comunicación-Estado sigue siendo espinosa.
Lo es, muy especialmente en lo atinente a la línea informativa que exprese el medio y en qué medida esta toca los intereses del gobierno de turno.
Resulta, que no se puede esconder que hay medios de comunicación que extralimitan sus papeles, y se prestan a jugar roles que les están asignados a partidos políticos. Para explicar esa actitud, y justificarla, en los teóricos sobre el papel de la prensa existe la tesis del contrapeso. Esta consiste en conferirle al medio roles de fiscalizador y controlador del funcionario público y del gobierno mismo, cuando en un país el poder está de un solo lado o cuando existe una marcada debilidad institucional.
De ahí lo delicada que es la labor que ejercen los medios, más en naciones que como Venezuela ha emergido un gobierno de corte revolucionario, liderado por un teniente coronel, ahora presidente democráticamente elegido en reiteradas ocasiones, que al parecer no tiene la paciencia suficiente para lidiar con la disidencia, muy en especial con la crítica mordaz de la prensa venezolana.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez ha insistido en que Radio Caracas Televisión (RCTV) respaldó el efímero golpe en su contra y que sus propietarios festejaron ese hecho en el Palacio de Miraflores.
Lo extraño es que por una descabellada acción, como la que se atribuye a RCTV, no se produjera un sometimiento formar a los tribunales, para que en un juicio se demostrara la acusación y que a partir de un veredicto judicial se procediera entonces a cancelarle la licencia como ha de ocurrir a partir de este lunes.
Es obvio que por el nivel de la confrontación social y política que se ha experimentado en Venezuela en los últimos años, no ha de dudarse que haya medios que se hayan extralimitado, porque probablemente uno de los grupos en pungas los hayan sumado a su causa. Habrá que preguntarse entonces si igual no ha ocurrido con los medios de comunicación bajo control oficial, que han sido sumados a la causa y los intereses políticos que en esa punga representan al actual gobierno, lo que representaría igual pecado desde el punto de vista ético del ejercicio periodístico.
Lamentablemente el gobierno no recurrió a un tribunal para probar la acusación que formula sobre RCTV, sino que procedió a despojar a sus propietarios no sólo del derecho a uso de la frecuencia, sino de las instalaciones y equipos de esa empresa de comunicación.
El medio que apoya un golpe de Estado a un régimen legítimamente constituido se descalifica ante la sociedad. Pero eso debe ser probado en alguna instancia y no debe de depender de la voluntad de un presidente ni de un gobierno.
